IFT, la polémica por concesión única a Telmex

Gabriel Contreras, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, busca mantener la unidad al interior del pleno después de la gran división que existía en la otrora Cofetel y que se traducía no sólo en la publicación de desplegados de los comisionados en contra de decisiones de Mony de Swaan, sino en parálisis en la toma de decisiones.

Desde luego, mantener la unidad en el interior de un Pleno de siete comisionados no implica que todas las decisiones se adopten por unanimidad, pero sí sorprendió que en una decisión clave en materia de competencia en telecomunicaciones, que es la autorización a Telmex a dar servicios de televisión, lo que hoy tiene prohibido en su título de concesión, se haya registrado una marcada división en el pleno y, tras una prolongada decisión, se haya impuesto la mayoría sobre el propio Contreras, quien, junto con el comisionado Mario Fromow, emitieron votos particulares.

El 7 de mayo, y sin tener aún legislación secundaria, el pleno emitió los lineamientos generales para la autorización de servicios adicionales a los concesionarios de radiodifusión, telecomunicaciones y telefonía.

El voto en contra de Contreras y de Fromow se presentó porque no estuvieron de acuerdo en que se otorgue a los “concesionarios que han sido declarados como parte de los grupos de interés que conforman a los agentes económicos preponderantes” un plazo de 18 meses —contados a partir de la notificación de preponderancia— para poder tener servicios adicionales y acceder a la concesión única.

Esto implica que, en teoría, Telmex podría comenzar a ofrecer servicios de televisión incluso antes de que inicien operaciones las nuevas cadenas abiertas, con lo que estarían en total desventaja porque Telmex —a través de Uno TV— está ya listo para dar servicios de televisión.

Lo que Contreras y Fromow pretendían es que el plazo para que el IFT pueda verificar que Telmex cumple con las medidas que le fueron impuestas como agente preponderante fuera de 24 meses. Hasta el momento América Móvil no sólo no ha cumplido como denunció ya Telefónica, sino que además interpuso ya un litigio en contra del IFT.

Sorprende que en el caso del must carry/must offer el IFT sí convocó a una consulta pública, pero no lo hizo en el caso de los lineamientos para la autorización de servicios adicionales a los concesionarios.

Y no es por caer en el sospechosismo, pero también extraña es la lentitud del IFT para resolver algunos temas. No se ha pronunciado aún ni sobre la denuncia que presentó Telefónica ni sobre las denuncias en contra de Uno TV por la transmisión de los Juegos Panamericanos en 2011 y otros eventos deportivos, ni tampoco ha concluido la investigación sobre los contratos entre Dish y Telmex, que van más allá de los nexos estrictamente comerciales.

Juan Pardinas; Alejandra Zapata; Emilio Chuayffet, Enrique del Val

Esta semana el Premio Naranja Dulce es para Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), por la publicación del Mapa del Magisterio de Educación Básica y para Alejandra Zapata, coordinadora del proyecto Mejora tu Escuela.

El IMCO utilizó la base de datos de las nóminas magisteriales del último trimestre de 2013 y el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica en un muy interesante ejercicio de transparencia y análisis de la información que demostró las grandes anomalías que existen en el país: escuelas fantasma; personas que supuestamente tienen 102 años y cobran mensualmente en el estado de Hidalgo; maestros que ganan más que el Presidente de la República, información incompleta en ocho entidades a la que se suman cuatro que ni siquiera entregaron información y en los que seguramente habrá también inconsistencias: Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Esta semana hay dos Premios Limón Agrio. Para el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, y para Enrique del Val, subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas, por el desastroso aterrizaje de la Reforma Educativa y el desorden que prevalece en la educación en México.

Mientras, muy a su estilo, Chuayffet hizo mutis sobre el estudio de lMCO, Del Val lo criticó por su “falta de seriedad y rigor” porque sólo utiliza un trimestre de nómina para su análisis y no detectó pagos únicos por compensaciones, como el caso de una maestra en Guerrero, y los que calificó como errores administrativos en Oaxaca e Hidalgo.

Y más allá de si la comparación de la base de datos debería incluir más de uno trimestre, gracias al IMCO ahora los gobiernos de Oaxaca, Hidalgo y la propia SEP podrán corregir sus “errores administrativos”.

En efecto, hasta el año próximo la SEP concentrará los pagos de la nómina, pero desde ahora tendría que asumir una mayor responsabilidad en todas las inconsistencias que detectó el estudio del IMCO, como escuelas fantasma, telesecundarias sin luz y escuelas sin luz inscritas en el programa “habilidades digitales”.