Sin elementos de seguridad placas vehiculares adquiridas por gobierno de Baja California

Le platiqué hace unos días que el 28 de marzo pasado el gobierno de Baja California adjudicó directamente un contrato de 16.4 millones de pesos. Se trata de un contrato para dotar al parque vehicular de esa entidad de placas y calcomanías.

El proceso resultó de lo más irregular porque primero la Dirección de Adquisiciones, a cargo de Juan Ernesto Sánchez, canceló el concurso argumentando insolvencia del gobierno del estado, y después la Secretaría de Planeación y Finanzas, que lleva Antonio Valladolid, asigna el contrato.

Las tres empresas que fueron notificadas que la licitación se canceló por falta de recursos montaron en cólera porque el convocante al final asignó el negocio a una compañía creada al vapor, que nunca ha fabricado placas, que carece de permisos de la SCT y cuya oferta resultó más cara.

Y efectivamente, los más de 81 mil  juegos de placas que elaboró Lazos Internacionales no cumplen con los estándares de seguridad que exige la dependencia que encabeza Gerardo Ruiz Esparza para identificar oficialmente a cada auto o camión que porte una placa en México.

La Asociación de Fabricantes y Documentos Oficiales de Identificación Vehicular denuncia que existen al menos tres requisitos que incumplen las láminas elaboradas por una empresa que no tiene experiencia en este sector y que serán entregadas próximamente a los automovilistas de Baja California.‎

Específicamente, las placas que el gobierno estatal adquirió el 28 de marzo de 2014 por adjudicación directa a la empresa Lazos Internacionales, mediante dictamen DAD-ADO-SPF-33-14, carecen de medidas fundamentales de seguridad que garantizan que las láminas sean infalsificables.

En un análisis comparativo de las placas que el gobierno entregará en el ejercicio 2014 contra las que utilizan ya más de medio millón de vehículos en Baja California, se observa que las láminas manufacturadas por Lazos Internacionales no cuentan con la tecnología de “imágenes flotantes” o “líneas onduladas”.

Este elemento, técnicamente conocido como VST, es un sello de seguridad patentado por 3M, empresa internacional líder mundial en investigación y tecnología.

Las nuevas placas tampoco cuentan con la estrella de la SCT grabada en láser, tecnología de alta inversión que permite a las diferentes corporaciones de seguridad identificar la autenticidad de las placas y detectar aquellas que han sido falsificadas.

Para las empresas pertenecientes a la Asociación de Fabricantes y Documentos Oficiales de Identificación Vehicular, este hecho pone en riesgo la seguridad de los habitantes del estado que gobierna Francisco Kiko Vega, ya que una importante proporción de los delitos en el país involucran a automotores con placas falsificadas.

Asimismo, el organismo empresarial señaló las faltas de ortografía que presentan las nuevas placas adquiridas por la Secretaría de Planeación y Finanzas, ya que el proveedor Lazos Internacionales omitió colocar los “puntos” a las letras “íes” de la leyenda “Baja California”.

AMITI preocupada

La semana pasada la AMITI (Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información) tuvo su reunión de consejo mensual y un tema que se analizó fue el acuerdo que tiene por objeto emitir las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional en materia de tecnologías de la información y comunicaciones y en la seguridad de la información que incluyen la elaboración de un manual administrativo de aplicación general en dichas materias.

El documento lo publicó la Secretaría de Gobernación, que comanda Miguel Ángel Osorio Chong, el 8 de mayo pasado en el Diario Oficial de la Federación.

Las empresas del sector conocieron una versión preliminar en octubre, pero la administración de Enrique Peña Nieto, vía la oficina de Coordinación de Estrategia Digital Nacional en la Presidencia de la República que lleva Alejandra Lagunes, ya no les compartió el acuerdo final. Es decir, firmas como IBM, Cisco, HP, Microsoft, Softtek, Dynaware, Accenture, Alestra, Everis, Indra y muchísimas más que definen las tecnologías de información fueron olímpicamente ignoradas del diseño de esta política pública que les atañe directamente.

Con todo, en la reunión mensual del gremio quedó claro una vez más que esta administración está cada vez más lejos de fomentar un verdadero México digital, como fue el compromiso presidencial de noviembre pasado, y que el acuerdo publicado el 8 de mayo lo único que busca es impulsar una política de austeridad y de control de proyectos de TI. El objetivo es eficientar el gasto y centralizar las decisiones de inversión en la materia, lo que llevó a más de uno a creer que en lugar de Gobernación la que debió publicarlo fue Hacienda, de Luis Videgaray.

En esa tesitura lo que ahora preocupa a los miembros de la AMITI es que, si como se deriva del acuerdo de ahora en adelante todos los proyectos de TI del gobierno federal tendrán que ir acompañados de un plan estratégico que a su vez sea aprobado por la oficina de la susodicha Lagunes, Gobernación o quien sea no haya publicado en el mismo Diario Oficial de la Federación o dado a conocer por otro medio los criterios para evaluar y aprobar dichos planes estratégicos.

El IMPI aguarda

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) está muy pendiente del fallo que se espera emita la próxima semana el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que lleva Germán Baltazar Robles, en cuanto al litigio por la marca Playnow entre la familia Somohano Silva y la firma Sony Ericsson, propiedad de la multinacional Sony, expediente en el que se reclaman actos de piratería desde 2004 en contra de la japonesa, así como la compensación por daños y perjuicios que marca la Ley de Propiedad Industrial.

Y es que trascendió que los cabilderos de la firma transnacional están muy seguros de una resolución favorable, lo que sería un duro revés para el equipo de Miguel Ángel Margáin, quien apenas esta semana respaldó a la empresa mexicana al reconocer y validar el registro 659369 que fue concedido en el año 2000 por el propio IMPI para proteger la marca Playnow a favor de José Manuel Somohano.

Aquí estamos ante un caso muy parecido al de la nacional iFone y la poderosa Apple que se disputan la validez de la marca iPhone y cuya resolución de infracción está por emitir la instancia dependiente de la Secretaría de Economía, que capitanea Ildefonso Guajardo.

Aldesa también

Sobre la licitación de la primera etapa del Tren Interurbano México-Toluca, omitimos mencionar un consorcio participante más.

Se trata de la dupla integrada por la española Aldesa, que preside Antonio Fernández, y la mexicana IDINSA de Víctor Ortiz. De hecho este grupo presentó la tercera mejor oferta económica, esto es ocho mil 154 millones de pesos, debajo de INDI de Manuel Muñozcano y Pinfra de David Peñaloza que ofertó siete mil 888 millones para ser más precisos y de Tradeco de Federico Martínez que puso sobre la mesa siete mil 400 millones de pesos.