David Páramo

Análisis superior

David Páramo

16 Jun, 2014

Se caen los supuestos

Los dizque expertos de las telecomunicaciones y otros vividores del sector como el senador mala paga, Javier Corral, aseguraron durante años que las dos grandes televisoras abiertas tenían pánico de la licitación de cadenas que les compitieran.

Durante años afirmaron que tenían una suerte de complot con el gobierno (cualquiera que fuera) para evitar la entrada de otros participantes al sector y aseguraban que en la reforma constitucional tenía como su más grande éxito el abrir las puertas a esta nueva oferta.

Durante años construyeron castillos en el aire afirmando que habría una fila monumental de postores; que, como dicen los amigos del lugar común, se darían puñaladas para tener esta oportunidad única de darle una mordida al monstruo de dos cabezas.

Sin embargo, la terca realidad otra vez se encargó de desmentirlos o, por lo menos, demostrar que no son sus enemigos favoritos los culpables que no se dé, al menos por el momento, esta nueva oferta a favor de los consumidores.

Hay dos razones para explicar la decisión del Instituto Federal de las Telecomunicaciones de postergar la licitación por lo menos dos meses y medio, que podrían ser más.

La primera es evidente. No hay postores suficientes para hacer la licitación porque simple y sencillamente no se conoce la regulación secundaria al sector de las telecomunicaciones. Según Manlio Fabio Beltrones, esta semana que recién comienza podría convocarse a un periodo extraordinario de sesiones para dictaminar y votar este tema.

En realidad hay una gran cercanía entre las posiciones de los partidos políticos y el gobierno sobre los temas. Básicamente ya se disipó el temor de algunos sobre la censura en internet; así como la definición de facultades entre el Instituto Federal de las Telecomunicaciones y la Secretaría de Gobernación en materias como contenidos, capacidades de sanción y otros temas similares.

La posición siempre ha sido mantener el espíritu de la reforma constitucional que emanó del Pacto por México y que tuvo la anuencia de todos los partidos políticos.

No faltan, por ahí, algunos que quieren obtener rentabilidad de alguna manera perversa como los que quieren violar el artículo 28 de la Constitución que impide que los medios públicos y sociales tengan fines de lucro.

Otros más, como el grupo del orate Corral y algunos otros tratan de mantener la situación como se encuentra porque sus patrones ocultos así lo desean.

Segunda. El poco interés que despierta la licitación de la que podría ser una o dos cadenas de televisión abierta tiene que ver con el futuro de este medio de difundir contenidos.

Desde hace algunos años los funcionarios del gobierno mexicano han tenido que dar muchas explicaciones cuando van al extranjero sobre la obsesión mexicana por la licitación de televisión abierta. En prácticamente todo el mundo se trata de una especie en extinción, lo que podría suceder en los siguientes 20 años.

Hoy es un hecho que lo verdaderamente relevante es la generación de contenidos. En los últimos años se han desarrollado una gran cantidad de plataformas como son la televisión de paga o por internet, que cada vez tienen una mayor aceptación entre la población.

De hecho, en la propia reforma se estableció que la concesión única, la cual ya fue debidamente definida por el Instituto Federal de las Telecomunicaciones, presidido por Gabriel Contreras, permite a una empresa buscar las mejores opciones para dar salida a sus contenidos.

Si la reforma a las telecomunicaciones y sus regulaciones secundarias van en el sentido correcto se romperán monopolios como el de internet y el control absurdo que tienen algunos grupos que comercializan televisión de paga.

Así, los generadores de contenidos tendrán una gran cantidad de alternativas de salida, lo que les dará la posibilidad de no depender de la televisión abierta.

Es un hecho que la licitación de una o dos cadenas se hará, pero quizá se deban pensar dos o tres veces las condiciones, precios y características, puesto que la gran demanda fue otro error de cálculo de muchos de los que inventan fantasías sobre el sector.

Recuperacion

Hace poco menos de un año el fenómeno metereológico Manuel dejó una muy profunda devastación en Guerrero. Remontando la tragedia, la Sedatu la ha convertido en una gran oportunidad para mejorar los niveles de vida de quienes fueron afectados.

La dependencia que encabeza Jorge Carlos Ramírez Marín ha coordinado con 80 empresas constructoras un programa para edificar en ese estado 11 mil 900 viviendas nuevas que tienen dos recámaras, todos los servicios y con un costo de 120 mil pesos. Se trata de un programa en el cual se entregan las viviendas totalmente terminadas.

Hace unos días el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, entregó las primeras 125 viviendas de un programa de 210 para los habitantes de La Pinta, una comunidad que fue totalmente destruida por el deslave de un cerro. Estas nuevas viviendas tienen entre 60 y 95 metros cuadrados.

El programa de construcción de vivienda ha permitido la realización de un proceso sin precedente para reubicar a cinco mil familias que viven en zonas federales, de riesgo o de forma irregular. Se trata, sin lugar a dudas, de una acción coordinada del gobierno con los constructores de vivienda a favor de las personas que menos tienen y que se vieron afectadas por la naturaleza.

Batalla

La aparición de Juan Ignacio Gil Antón y la actitud que tomó Gerardo Gutiérrez Candiani el viernes en la reunión con Luis Videgaray, acompañados de sus más cercanos colaboradores, parecería demostrar que el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado sí es el perro de la casa de la iniciativa privada.

La relación entre la Secretaría de Hacienda y la iniciativa privada se encuentra, por decir lo menos, trabada. La dependencia federal repite una y otra vez que no modificará el esquema fiscal actual, que no irá ni al análisis sobre la posibilidad de cobrar IVA en alimentos y medicinas.

El presidente del CCE, haciendo denodados esfuerzos por parecer ecuánime, ya habla de cabildear ante el Congreso de la Unión los cambios que desean en materia fiscal y a los que culpan del bajo crecimiento de la economía, así como de analizar algunas otras posibilidades.

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