Transformaciones a medias producen resultados mediocres

Ni los gobiernos priistas ni los del PAN han sido capaces de encender el motor interno de la economía mexicana y por eso los crecimientos promedio anual de los últimos 30 años apenas se ubican en dos por ciento.

Una vez que se abandonó el Desarrollo Estabilizador que produjo en México crecimiento sin inflación en la década de los años 60, el país nunca volvió a crecer más allá de 2% promedio anual.

El sexenio de Carlos Salinas de Gortari tuvo un enorme impulso transformador, vía la privatización de sectores completos de la economía, como la banca, la siderurgia, la telefonía, la aviación y cerró con broche de oro con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC).

Sin embargo, esos cambios no fueron bien acompañados, el país incurrió en déficit inmanejables y aterrizó en la crisis de diciembre de 1994.

Los gobiernos panistas siguieron con las mismas prácticas del PRI y tampoco fueron capaces de estimular el crecimiento económico, que se basó esencialmente en las exportaciones. Por eso se dice que, sin hacer nada más, el crecimiento natural de la economía mexicana no rebasa 3% por año.

El problema es que, en esencia, el motor interno de la economía mexicana sigue apagado.

Ni priistas ni panistas han querido adoptar como estrategia de gobierno una agenda completa de competitividad, que exige amplias desregulaciones, el combate en serio a los monopolios públicos y privados y, lo más importante, una clara y absoluta vigencia del Estado de derecho.

La inseguridad jurídica es el más grande obstáculo que tiene la economía mexicana y, por ello, el país sigue en la mediocridad. En todos los indicadores internacionales, México se ubica a media tabla y, por eso, la reforma más importante que México necesita es que se dé vigencia a las leyes y que sean las instituciones y no los caprichos de los gobernantes o de los poderosos los que decidan.

A fin de cuentas, el Estado de derecho es aquel que se rige por un sistema de leyes e instituciones ordenado en torno de una constitución, la cual es el fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios, que se someten a las normas de ésta.

Sin pleno Estado de derecho en México suceden episodios como el de Oceanografía, donde no hay culpables o hay empresas que dominan sectores completos de la economía sin que nada suceda o se toman decisiones equivocadas de las que nadie es culpable o hay diseños institucionales equivocados que a nadie le interesa corregir o no fluye el crédito bancario porque no hay suficiente seguridad jurídica para la recuperación de créditos y ningún gobierno se ha atrevido a meter mano a fondo en ello.

Es verdad que reformas como la energética traen consigo un enorme impulso transformador, pero deben ser acompañadas con otras medidas y políticas públicas.

Por ejemplo, la adopción de una clara y definitiva agenda de competitividad que garantice que el país puede generar un ambiente que fomente las inversiones; una radical desregulación económica que elimine la duplicidad de ventanillas y los miles de trámites estúpidos con los que los agentes económicos se topan todos los días.

La verdad es que el país no puede seguir creciendo a tasas promedio de 2% anual, porque sencillamente con ello sólo se genera pobreza y falta de oportunidades y de bienestar.

El país no puede seguir haciendo cambios escalonados. En un sexenio se privatizan sectores completos; en otro se hace una nueva Ley de Transparencia; en uno más se avanza un poco en la reforma de pensiones.

A ese paso hemos venido y por eso la mediocridad de los resultados.

 El impulso transformador debe ser completo; necesita abarcar las grandes reformas estructurales, como la energética o la de telecomunicaciones; la desregulación económica, el rediseño institucional, la vigencia del Estado de derecho.

Sólo entonces el crecimiento será de 5% promedio anual.

Hasta el próximo lunes con nuevas… Perspectivas.