Urgen leyes secundarias en materia energética para evitar pérdida de inversiones

A lo largo de estos meses en los que se han debatido en el Congreso reformas estructurales de gran alcance, en general se ha mostrado una postura positiva al considerarlas un paso importante para liberar el potencial de desarrollo del país.

Sin embargo, como se ha podido atestiguar con la legislación secundaria de la reforma constitucional para la educación y de telecomunicaciones, existen riesgos importantes que aún pueden afectar de forma negativa los objetivos finales, entre ellos, crear un marco sólido de apertura y competencia para todos los participantes del mercado.

En relación con la legislación secundaria en materia de energía, el Ejecutivo ha enviado al Congreso un paquete de ocho propuestas, entre las que destacan nuevas leyes para la CFE y Pemex, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Adicionalmente, se incluye una nueva ley para la industria eléctrica, una nueva ley para la energía geotérmica y una serie de ordenamientos en materia petrolera y de hidrocarburos que buscan incentivar la inversión en la materia.

Todos estos ordenamientos tienen por objetivo el fomento de la inversión y de la competencia en un marco de seguridad jurídica propicio a este sector. Expertos de la Universidad Anáhuac han identificado algunos puntos de preocupación.

Competencia y eficiencia

Después de un análisis de las principales leyes presentadas en el paquete enviado por el Ejecutivo al Congreso, se detecta lo que pareciera ser una política de Estado que busca proteger a Pemex y a CFE de una verdadera competencia de mercado.

Eso se puede comprobar en el sector de los hidrocarburos, donde Pemex, la dependencia dirigida por Emilio Lozoya Austin, tuvo la oportunidad de seleccionar los proyectos y áreas en las que desea mantener dominancia y control, a través del proceso llamado “Ronda Cero”, mismo que la Secretaría de Energía le otorgó como privilegio.

No es de sorprender que en su solicitud “Ronda Cero” Pemex presentó argumentos para quedarse con más del 90% de las áreas de exploración identificadas.

Lo mismo ocurre en el caso de la energía eléctrica. La Ley de la Industria Eléctrica propuesta incluye la exclusividad de CFE para atender de forma monopólica un sector del mercado que, a los términos de la propuesta como está hoy, representa 99% de los clientes del sistema eléctrico actual.

Es claro que un marco regulatorio que permite mantener privilegios en cualquier industria no fomenta la eficiencia y tampoco favorece a los consumidores, esto, a pesar de que se invita al sector privado a participar sin aparentes limitaciones.

En este sentido, la inquietud está enfocada en los aspectos que en materia de legislación secundaria buscan mantener los privilegios de Pemex y CFE, esta última comandada por Enrique Ochoa, a costa de una mayor competitividad y del crecimiento acelerado para ambos sectores.

Tiempo para implementar

Otro aspecto de preocupación es el tiempo que la implementación que estas nuevas leyes puede tomar.

Se considera que el crecimiento potencial del PIB al momento de incorporar los efectos de la Reforma Energética puede rondar 5% a mediano plazo. Pero esto se puede fácilmente ralentizar.

La implementación del marco regulatorio estará condicionada a la capacidad de la Secretaría de Energía, que capitanea Pedro Joaquín Coldwell, de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) para definir las reglas bajo las cuales todos los participantes habrán de operar en el futuro.

Pero tanto la CRE, que preside Francisco Xavier Salazar, como la CNH, de Juan Carlos Zepeda, adolecen del presupuesto y capital humano necesarios para cumplir sus objetivos en el corto plazo.

Es decir, el crecimiento de la economía a niveles de 5% tendrá que esperar no sólo a la entrada en vigor de las leyes que hoy se discuten en el Congreso, sino que también deberá esperar a que las reglas del juego estén sobre la mesa y se compruebe su efectividad.

En otras palabras, la inversión privada no fluirá en tanto las reglas de mercado, los modelos de contrato y otros elementos no estén a la vista del público y puedan ser analizados para ver si son financiables y competitivos.

El sector eléctrico

El impacto de la falta de reglas se observará de forma más aguda en el sector eléctrico y la implicación no es menor.

En este sector se tiene contemplada la entrada en operación de más de dos mil megawatts en los siguientes tres años, la mayoría de fuente renovable.

Considerando que las nuevas reglas tomarán de 18 a 24 meses en publicarse, es de esperar que muchos de estos proyectos se cancelen. Los recursos que se podían invertir en México, más de cinco mil millones de dólares, se desviarán a otros países con la consecuente pérdida de empleos formales y tarifas eléctricas altas.

Una forma de evitar la pérdida de esta inversión sería que en tanto las reglas de operación del nuevo mercado no estén listas, el sector pueda seguir su desarrollo bajo las reglas vigentes hoy en día. Esto podría lograrse al modificar algunos de los artículos transitorios de la Ley de la Industria Eléctrica, principalmente.

Al mismo tiempo, es necesario que los proyectos independientes de autoconsumo, cogeneración y pequeño productor que estén amparados por la legislación actual mantengan sus derechos, aun con la entrada en vigor de los nuevos ordenamientos en la materia.

Profeco en frontera

La titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Lorena Martínez, estará hoy en Tamaulipas, la entidad que gobierna Egidio Torre, donde, además de firmar un Convenio de Colaboración con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, bajo el cargo de Enrique Etienne Pérez, a fin de aumentar la difusión de los programas e informes de la dependencia federal en el estado fronterizo, hará un corte de caja respecto al operativo de la revisión de empresas y establecimientos con la homologación del IVA.

La procuradora se reunirá además con representantes de cámaras y organismos empresariales del estado, con los que tratará los operativos a llevarse a cabo para verificar más de 160 gasolineras de la entidad, así como las multas a establecimientos que incumplieron con la verificación y calibración de equipos de medición de peso y tiempo.