Darío Celis

Tiempo de negocios

Darío Celis

25 Jun, 2014

Reconocen a México dentro del top mundial por combate a Gases de Efecto Invernadero

Hoy por la noche Guadalajara será sede de uno de los reconocimientos a escala mundial más envidiados en cuanto al combate y control de los Gases de Efecto Invernadero, lo que colocará a México dentro de los tres primeros países en lograr dicha distinción, uniéndose a naciones de la talla de Japón y Taiwán.

Se trata de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), que preside José Antonio Cifrián, organismo que recibirá de manos del Presidente de la Cooperación de Acreditación de Asia Pacífico (PAC), Abraham Brett, el certificado que avala a nuestro país como confiable y técnicamente competente para acreditar a aquellos organismos que a su vez validan y verifican la cuantificación de este tipo de gases y emisiones contaminantes.

De hecho, México es uno de los países que más ha trabajado en pro de prevenir y mitigar los efectos del Cambio Climático; basta recordar la firma de adhesión en 1997 a la Convención Marco sobre Cambio Climático (CMNUCC) y la firma un año después con la ratificación en 2000 del Protocolo de Kioto, lo que se tradujo en el desarrollo de un agresivo plan para reducir en 50% los gases de efecto invernadero para 2050.

Para ello, el gobierno federal hoy en manos de Enrique Peña Nieto, a través de la Ley General de Cambio Climático publicada en el DOF en junio de 2012, y complementada por la reforma a la Ley del Impuesto Especial de Producción y Servicio lanzada en diciembre de 2013, establece el Impuesto a las emisiones de Dióxido de Carbono (CO2), así como la puesta en marcha en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) de Luis Téllez, de la primera plataforma para el comercio de bonos de carbono.

Además, se sabe que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, de Virgilio Andrade Martínez, tiene listo el “Registro Nacional de Emisiones”, en donde todas las empresas que emitan más de 25 mil toneladas de CO2 deberán reportar sus emisiones y verificarlas de manera obligatoria, por lo que se requiere contar con una estructura que dé aval a los organismos que verifican y validan los Inventarios y Proyectos.

Así, el reconocimiento regional otorgado a la EMA avala de tajo a los tres primeros organismos validadores/verificadores de Gases Efecto Invernadero que dicha entidad otorgó; se trata de ANCE de Pablo Moreno, SOLAL de Miguel Ángel de la Rosa y la Práctica de Sustentabilidad PwC a cargo de Enrique Bertrán.

El tema no es para menos, si consideramos que México origina 2% de los gases de invernadero que causan el calentamiento global y se encuentra dentro de los primeros 13 países del mundo que mayor cantidad emiten de Gases de Efecto Invernadero (GEI), por lo que se estableció el Programa GEI, el cual consiste en que de manera voluntaria las empresas reporten la emisión de este tipo de gases, así como la generación de proyectos de reducción de emisiones.

El Programa GEI México a la fecha cuenta con más de 100 empresas privadas de sectores industriales, comerciales y de servicios, además de Pemex de Emilio Lozoya, que reportan periódicamente un inventario de sus emisiones a la atmósfera.

El número total de inventarios entregados contabilizan un total de 150 millones de toneladas de emisiones equivalentes de dióxido de carbono, contabilizando así 20% de las emisiones totales en México por consumo de energía.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos internacionales encabezados por Naciones Unidas, de Ban Ki-moon, a través de acuerdos como la Convención Marco sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kioto, y los esfuerzos nacionales realizados por la Semarnat de Juan José Guerra, la Sener de Pedro Joaquín Coldwell y la Comisión de Estudios del Sector privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES) de José Ramón Ardavín, entre otros, aún falta mucho por hacer.

Infonacot viola

Parece ser que las licitaciones en el mercado de las tecnologías de la información continúan con irregularidades. Resulta que ahora la atención está puesta en el concurso LA-014P7R001-N223-2013 del Infonacot, que comanda César Martínez Baranda. Entre las quejas que se han escuchado en torno al proceso destaca que, en un principio, se solicitaron muestras físicas de los equipos.

Sin embargo, hubo inconformidades, debido a que dicha condición colocaba a varios competidores en clara desventaja. Luego se trató de realizar una adjudicación por invitación restringida, pero no se pudo llevar a cabo debido a las inconformidades interpuestas en un principio.

El 27 de mayo pasado se volvió a publicar la convocatoria bajo la licitación LA-014P7R001-N27-2014, en la que Mainbit de José Antonio Sánchez quedó en primer lugar con un precio de 96 millones 414 mil 392 pesos. Focus On Services de Francisco Lucio se ubicó en segundo lugar con una oferta de 117 millones 379 mil 496 pesos (una diferencia de casi 21 millones). Apenas el 16 de junio, fecha programada para el fallo, se notificó a las partes que la licitación se declaró desierta, porque los dos participantes no presentaron cartas de los fabricantes de equipo de cómputo. Pero en esa misma reunión Mainbit comprobó que sí entregaron la documentación, por lo que se pospuso el fallo al día de ayer declarándose ganador a Focus On Services, pese a que en el primer fallo se evidenció la documentación faltante. Por ello le adelanto que Mainbit se inconformará y pedirá la suspensión del proceso. Se conoce que la firma ya se apresta a presentar denuncias ante la PGR de Jesús Murillo Karam y en la Función Pública contra el personal del Infonacot, entre ellos el propio César Martínez Baranda, por posibles actos de corrupción.

Casinos prevén

El sector casinos instalado en México apuesta al último trimestre de este año para la discusión y aprobación de una nueva Ley de Juegos y Sorteos, misma que fue elaborada en conjunto por la Secretaría de Gobernación, que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong, y la Cámara de Diputados. Con ella se esperan abrir alrededor de 300 nuevas salas para 2015. Llama la atención que a pesar de una nueva regulación en ciernes no se alcanzaría la apertura de las 379 salas autorizadas a la fecha en entidades como Coahuila, Chiapas y Nuevo León. En esos estados aún permanecen cerrados cerca de 40 casinos por normatividades y caprichos de las autoridades locales. Aun cuando este sector opera bajo una jurisdicción federal, los gobiernos locales han preferido litigar en tribunales, acción mal vista en los ánimos de inversionistas que traen bajo el brazo la friolera de 150 millones de dólares.

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