Por que falta inclusión

La gravísima falta de educación financiera en México no es privativa de las clases más bajas.

Errores de sobreendeudamiento, falta de coberturas de seguro, mala o pobre planeación financiera y desdén a planes de ahorro para el retiro son tan comunes en las clases más bajas de la población como en las altas.

México, en buena medida por las crisis recurrentes, que no se han repetido desde la década de los noventa, tiene una población impresionantemente inculta en cuestiones financieras.

Los problemas derivados de la falta de pagos de créditos cruzan transversalmente todos los segmentos económicos. En seguros, por ejemplo, México tiene penetración menor a la de naciones de Centroamérica o África. El seguro de automóvil no llega a la tercera parte, lo que es similar con vida o daños.

Existe una visión tan clasista como equivocada de creer que los pobres son más incultos en materia financiera y eso genera la baja inclusión financiera. Sin embargo, la realidad es que los servicios financieros son más caros y difíciles para las personas de menores ingresos.

De acuerdo con datos aportados hoy tanto por Banco de México como la Secretaría de Hacienda, los segmentos de menores ingresos deben pagar más por acceso al servicio formal y eso los excluye.

Si bien es cierto que en la mitad de los municipios del país no hay presencia física de instituciones financieras, también es un hecho que para los pocos que tienen acceso a internet (otra vez menos de un tercio de la población por las condiciones monopólicas) no sólo pueden hacer banca en línea o tener acceso a servicios financieros.

Los pobres, excluidos de la tecnología, deben recurrir a sistemas informales que son tan peligrosos como ineficientes; tan caros como inadecuados para la población.

Hay ejemplos, destacadamente Bancomer y Banco Azteca, que han tenido un gran éxito en los sectores de menores ingresos de la población reconociendo que se trata de clientes de bajos montos y que se necesita un gran volumen de transacciones, no de analfabetas.

La inclusión financiera debe partir de la educación financiera.

¿Aislado?

Parecería que algunos creen que el caso de Oceanografía, que por su tamaño e impacto acaparó una gran cantidad de reflectores, es un caso aislado dentro de Petróleos Mexicanos y que no se requiere una mayor intervención gubernamental.

Sin embargo, hay legisladores como Ricardo Mejía Berdeja, quienes están buscando una ampliación sobre otros contratos celebrados por la empresa de capital estatal sino, también, en grandes negocios para algunas personas.

El legislador (miembro de la comisión investigadora de contratos celebrados por Petróleos Mexicanos, sus empresas y subsidiarias de 2006 a la fecha) plantea aprovechar la comparecencia de Jesús Murillo Karam, procurador General de la República, ante diputados para hablar no sólo de Oceanografía sino de otros casos, muy en particular sobre Grupo Altavista, de Ricardo Orrantia.

Este hombre, quien estuvo vinculado con el fraude de Enciclomedia durante el nefasto gobierno de Vicente Fox Quesada, ha sido inhabilitado de participar en negocios con el gobierno desde finales de la década de los noventa.

Sin embargo, a través de socios, empresas subsidiarias y diferentes razones sociales se ha mantenido haciendo negocios con fondos públicos. Subsidiarias de Grupo Altavista como Integradores de Tecnología, Interconecta, IT Arrendadora han obtenido contratos por más de cinco mil millones de pesos con la Secretaría de Turismo, Servicio de Administración Tributaria, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, SAE y en particular con Petróleos Mexicanos, donde hay indicios de contratos fuera de cualquier normatividad.

La comisión investigadora ha detectado por lo menos 14 contratos con diferentes áreas de la empresa de propiedad estatal, que encabeza Emilio Lozoya, los cuales han prendido señales de alarma entre un grupo de legisladores entre los que se cuentan Alejandro Encinas, Fernando Belaunzarán, Mario Delgado y Juan Carlos Romero Hicks, quienes están documentando sospechas sobre la eventual vinculación de Orrantia con exfuncionarios de Pemex no sólo para que le permitieran participar en licitaciones a pesar de estar inhabilitado sino, además, de estar causando diversos daños al erario.

Equivocación

Cuando se decidió el establecimiento de la Fundación de Estudios Financieros, sus creadores (Fundación Baillères, ABM, AMIB y la Amafore) pensaron en un organismo de generación de ideas del sector financiero. Se determinó que para mantener su carácter neutral sería necesario mantenerlo dentro del ITAM.

Todo había funcionado muy bien hasta que tomaron una decisión tan extraña como equivocada: permitir que se defendiera a Luis Téllez en el juicio que lleva Grupo Elektra por faltas graves a la ética que debe tener el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores sobre sus agremiados.

Lo que era un proceso judicial no sólo empaña la operación del Fundef, sino que implica directamente en la disputa a Luis Robles Miaja, de Bancomer; Alonso García Tamés, de Banamex; Rafael MacGregor, de Grupo Bal, quienes también son directivos de la institución. Parecería que Bancomer, Banamex y Grupo Bal compraron un pleito que no les corresponde.

Avances

El senador mala paga Javier Corral, cada vez más aislado y desesperado, ha lanzado una ofensiva más en contra de Televisa, puesto que considera que es el único monopolio o, al menos, el único que no le gusta al senador del PAN.

Quiere cambiar la forma, que aprobó en la Constitución junto con el resto de los legisladores, a través de la cual se determina la preponderancia en materia de radiodifusión para incluir a la televisión de paga y ver si así puede encontrar más normas de preponderancia en contra de la empresa de televisión. Todo lo demás, simple y sencillamente no le importa. Quiere dañar a la empresa que se atrevió a cobrarle la publicidad que contrató y durante una década se ha negado a pagar.

Este hombre que le dice a todos lo que desean escucharlo que hay una conspiración Peña-Televisa cuando él y su desprestigiado grupo (Purificación Carpinteyro, Mony Sacha de Swaan e Irene Levy) son quienes pretenden mayores sanciones en materia de radiodifusión y quitar las que existen en telecomunicaciones.

Sin embargo, este tipo de posiciones se han ido perdiendo ante el desprestigio acumulado de quienes las proponen. La dirigencia del PRD se ha desmarcado no únicamente de Carpinteryro, sino de su asesor Mony Sacha. En el PAN siguen pesando los caprichos político-electorales.

Sin embargo, como informamos ayer, prácticamente todos los temas en los que no hay acuerdo se decidió que irán a votación o se encontrarán redacciones en las cuales todos se sientan cómodos por la vía de estar apegados al texto de la Constitución.

Este mecanismo se utilizaría por ejemplo ante las dudas sobre las atribuciones del IFT y la Secretaría de Gobernación se tomará justo el texto de la Constitución, así como en lo que algunos han calificado como intentos de censura gubernamental.

La redacción sobre la posibilidad de tener una sola concesión para los que fueron determinados, con base en la Constitución, como preponderantes ha generado cierto ruido. Unos quieren que sea por meses calendario, otros a raíz de que inicien con el cumplimiento de las normas y la tercera, la correcta, es aquella que dice que serán 18 meses de cumplimiento sin interrupciones antes de pedir una nueva concesión que les daría acceso a otros servicios.