Liquidez, un tema crítico para LVC

Fíjese que no son pocos los integrantes del equipo de Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público, que se preguntan por qué si el gasto público se ha ejercido y está asignado a las dependencias, se insiste en que no baja a los proveedores y contratistas públicos.

Parece que la respuesta está en las reglas. Es un poco como el tema de la devolución de impuestos en el SAT, que lleva Aristóteles Núñez.

El cambio de normatividad para el ejercicio y la contratación del gasto fue de tal naturaleza, que para cerrar un contrato este va y viene a la Secretaría, pasa por la infusionable Función Pública, y sigue sin llegar a quien esperaba ser contratado o tiene el contrato ofreciendo el servicio sin remuneración, porque nadie capacitó a los burócratas que ejecutan la contratación en los cambios de normatividad y, justo eso está acarreando que el gasto no baje.

El otro tema preocupante es que la contracción del crecimiento económico le está pegando con fe a la cartera de crédito bancario pues la cartera vencida al consumo, por ejemplo, ha crecido por arriba de 60 por ciento en el sistema. Recuerde que más de 50 por ciento de los proveedores del gobierno se financian con plástico.

Mire. El secretario no puede tener ojos de pulpo, pero el equipo de la Subsecretaría de Egresos de Fernando Galindo podría emular el esfuerzo para capacitar a los estados y municipios para que bajen el gasto conforme a la nueva norma, y hacerlo en dependencias y entidades para que la contratación fluya. ¿No cree?

De Fondos a Fondo

En lo que el ministro Fernando Franco de la Segunda Sala de la SCJN alista la ponencia que resolverá de fondo el Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica que interpuso Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, en mayo del año pasado (proponiendo al Sindicato de Sobrecargos, que encabeza Ricardo del Valle, el modificar económicamente los términos de contratación de los sobrecargos de nuevo ingreso), se ha creado una importante contingencia para ambas partes.

Esto porque la semana pasada el Octavo Tribunal Colegiado en materia laboral, consideró fundada la queja del Sindicato en contra de la “auto corrección” decembrina que accionó la Junta de Conciliación y Arbitraje al primero aceptar y luego rechazar la suspensión del laudo que había emitido hasta que se resolviera el amparo.

Aeroméxico comenzó a contratar desde agosto bajo el Contrato B y, de entonces a la fecha, a cerca de 400 nuevos sobrecargos en términos del laudo.

Si ahora les regresan a las condiciones generales de contratación y la Corte resuelve a favor del laudo, entonces los trabajadores tendrían que devolver esos recursos. Lo cierto es que al no tener una resolución en firme de la SCJN, la incertidumbre está permeando el diálogo entre empresa y sindicato sobre la nueva propuesta que presentó Aeroméxico y que espera a ser votada en asamblea.

Mire, hay quien sostiene que el Contrato B sentará un mal precedente para la contratación colectiva, pero creo que con tanto sindicato blanco que ha abaratado de forma efectiva los costos de contratación y despido a las otras líneas aéreas, simplemente, parece que pierden de vista que de lo que se trata es tener una fuente de trabajo segura, estable y con futuro. Ya ve lo de Mexicana, ni para cuándo le paguen a los jubilados ¿o sí?

Southern Cross Group (SCG), que en México es dirigido por César Pérez Barnés, adquirió el 100% del Grupo Editorial Expansión que dirige Manuel Rivero a Time Inc., sin que ello implique que pierdan sus marcas o licencias de intercambio de información con ésta última.

El equipo completo de Rivero se mantiene en México y lo interesante es que al tener un dueño con vocación de capital privado e inversiones en América Latina, el grupo editorial multiplataforma con 30 millones de lectores de los cuales 80% son digitales y siete millones en redes sociales, podrá potenciar su crecimiento con visión muy focalizada al mercado nacional. SCG invierte desde su Fondo IV de aproximadamente mil 700 millones de dólares y es la primera vez que entra a la industria de medios, pues ya invierten en Planigrupo el constructor de Malls, en Javer el desarrollador de casas y en MM Multicinemas.

En otro tema, le comento que quienes tienen puestos ojos, oídos y sentidos en lo que ocurra estos días como parte de la Reforma Energética son los mineros, y en especial los extranjeros. Su atención está dirigida a la negociación en materia de derechos de la tenencia de la tierra, porque les ha dado varios dolores de cabeza.

No pierda de vista a las mineras Goldcorp, que dirige Charles Jeannes; First Majestic, que encabeza Keith Neumeyer; Excellon, que lidera Peter Brissenden, y a Great Panther, que dirige Robert A. Archer, pues además de invertir en las concesiones mientras de oro y plata que la Secretaría de Economía de Ildefonso Guajardo ha subastado, tienen algo en común que nunca les garantizan con la concesión: litigios por conflictos en la tenencia de la tierra.

Los dictámenes de la Ley de Hidrocarburos y la de la Industria Eléctrica que recién aprobaron los senadores en las comisiones unidas de Energía y de Estudios Legislativos en el Senado, se dedican varios artículos para dirimir los conflictos derivados por uso de suelo y no sólo del pago justo por la renta o venta de propiedades. También incluyen la pauta para resolver contrataciones y diferencias  entre comprador y vendedor de superficie.

La nueva Ley de Hidrocarburos posibilita reducir los litigios porque establece que un juez de distrito o el tribunal agrario será quien emita el fallo, sólo impugnable mediante juicio de amparo.

Por eso los mineros buscan que estas disposiciones legales se apliquen a concesiones mineras y piensan empujar fuerte el tema en el periodo ordinario de septiembre,  pues hoy el principal riesgo que tienen —amén del fiscal— es el de las presiones recurrentes por obtener rentas de grupos políticos que movilizan ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios.