Guillermo Zamarripa
Guillermo Zamarripa28 Jun, 2014
Inclusión financiera: mitos y realidades
El jueves pasado se llevó a cabo el Foro Internacional de Inclusión Financiera en México. Desde el punto de vista de justicia social parece ser muy razonable que toda la población tenga acceso a productos financieros. El problema es que cuando se consideran los aspectos de necesidades y preferencias de los consumidores y los costos de las instituciones la realidad se vuelve compleja.
Argumentos como que se necesita de un entorno regulatorio adecuado, como que las personas atendidas no sean objeto de altas comisiones y tasas de interés o que se democratice el acceso al sistema financiero son muy válidos.
Propósitos como instalar infraestructura financiera en todos los municipios de la región sur y sureste del país, lograr la bancarización total de los programas sociales y favorecer la sustitución del efectivo por dinero electrónico también son muy válidos como estrategias para fomentar la inclusión.
Para entender si los argumentos y propósitos se pueden lograr hay que entender la realidad del país y de la población.
Empezaré con la democratización del sistema financiero y la instalación de la infraestructura financiera. Si bien 51% de los municipios con menos de 50 mil habitantes no tiene infraestructura financiera, prácticamente la totalidad de los municipios de más de 50 mil habitantes la tienen.
El argumento es incompleto y sesga la visión ya que no se acompaña con la proporción de la población que vive en cada grupo. En el último grupo de municipios habita la gran mayoría de la población. En ellos hay una gran cantidad de gente que tiene acceso a la infraestructura y no está en el sistema financiero formal.
Es decir, la falta de infraestructura no es la que define la baja inclusión. Hay algo más que está motivando a las personas que tienen infraestructura cerca a no utilizarla.
Como estrategia para aumentar la inclusión de manera más acelerada parecería mejor entender el porqué del fenómeno planteado en el párrafo anterior que promover la infraestructura en los municipios de menor tamaño.
Pasemos ahora a hacer un análisis de la factibilidad de la bancarización total de los programas sociales. Para ello es conveniente entender la situación actual a nivel federal y en el DF.
En el DF los programas sociales que implican un apoyo en efectivo ya se distribuyen por medios electrónicos. Un buen ejemplo es el programa de Capital Social, al cual se tiene acceso a través de un medio electrónico.
A nivel federal un programa que llega a millones de beneficiarios y que lleva muchos años operando con diferentes nombres es Oportunidades. Los esfuerzos para promover la bancarización total del programa iniciaron hace muchos años y a la fecha no se ha logrado.
Las razones van más por el lado de las realidades estructurales que por la voluntad de los funcionarios gubernamentales. Para lograr ese objetivo se necesita de un entendimiento profundo del fenómeno e ir diseñado estrategias para lograr avances graduales.
Lo anterior abre dos reflexiones: si sólo es un problema de costos o si está combinado con mala infraestructura en general. La realidad es una combinación de ambas.
Supongamos el caso de los hoy no bancarizados en municipios de menos de cinco mil habitantes en la sierra de Oaxaca y que la opción es poner un cajero en cada municipio para distribuir el programa.
La primera pregunta es si esto es factible desde el punto de vista tecnológico. Para muchos casos la respuesta es no. Por lo tanto lo que sucede es una falta de infraestructura en general y la financiera es sólo una de ellas. Esta limitante estructural impedirá lograr el objetivo.
Vamos al caso en que tecnológicamente es viable instalar un cajero. Aquí es un problema de costos. Mantener operativo al cajero, principalmente por lo que se refiere al traslado del efectivo implica un costo alto. Lo más probable es que económicamente no sea viable.
Esto abre el tema de que la política pública de inclusión probablemente necesite de subsidios y otras acciones de gobierno para apoyarla.
En resumen, el problema es mucho más complejo que el diagnóstico que se presenta. La consecuencia es que el diseño de políticas públicas será mucho más difícil, requerirá de recursos públicos y el éxito no es tan seguro.
*Director General del FUNDEF