Políticos marrulleros

La inmensa mayoría de los legisladores del PRD y el grupo de panistas en torno al senador mala paga Javier Corral han recrudecido su campaña de mentiras y desinformación sobre las leyes secundarias de la Reforma a las Telecomunicaciones.

Parecería que alguien les jaló las orejas con respecto a lo que habían aprobado y a partir de ahí comenzaron las acciones marrulleras. No cumplir con el plazo que ellos mismos se habían impuesto y que venció el 9 de diciembre del año pasado argumentando congestión legislativa.

Antes del periodo ordinario pasado usaron a dizque representantes de la sociedad civil, en la mayoría empleados embozados, para tratar de minar al IFT y sus funcionarios; propalar mentiras que llegaron a su colmo hace unos meses cuando hicieron creer que había una intención gubernamental de censurar el internet, ahora han tratado de revivir un debate que debería estar agotado tras la votación a favor de 122 senadores de PAN, PRD, PRI, PVEM quienes aprobaron la reforma constitucional que fue promulgada hace más de un año.

Tratan de hacer creer que los cambios a la Constitución, con los que ellos estuvieron de acuerdo, dan espacio para interpretar si la regulación debe ser por servicio o por sector económico.

En la mesa del Pacto por México se acordó la división de dos sectores: telecomunicaciones y radiodifusión. Se instruyó al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que estableciera normas de preponderancia a los agentes económicos que tuvieran la mitad más uno de un sector.

Con base en esas regulaciones constitucionales, el pleno del instituto que encabeza Gabriel Contreras determinó que el grupo de interés económico en torno a Grupo Carso era preponderante en materia de telecomunicaciones y el grupo en torno a Televisa lo era en radiodifusión.

Cuando se dieron a conocer estas regulaciones ningún legislador dijo que el IFT se había equivocado en la interpretación de la Constitución. Corral y el grupo de autonombrados representantes de la sociedad civil dijeron que las sanciones eran muy duras en telecomunicaciones y suaves en radiodifusión.

Con poco énfasis comenzaron a filtrar que había faltado la televisión de paga; sin embargo, Televisa es preponderante en radiodifusión y la televisión de paga no cabe en este sector.

Ahora, como se le están acabando los pretextos decidieron que el verdadero espíritu de lo que habían aprobado aun cuando no esté expresado en la reforma constitucional era una regulación por servicios y no por sectores.

Nuevamente se estrellan contra la realidad y las matemáticas les están fallando. La lectura del texto constitucional deja claro que la regulación es por sectores y de ahí que el PRI diga una y otra vez que ellos respetarán estrictamente el texto constitucional. El senador Omar Fayad ha dejado claro que para los priistas la regulación es por sectores y no por servicios.

De hecho, hay un grupo de panistas suficiente tanto en comisiones como en el pleno para sacar adelante el paquete de leyes secundarias de la reforma constitucional.

Mentira

A raíz del escándalo de la diputada del PRD por Iztapalapa, Purificación Carpinteyro, el partido político que la lanzó ha revivido el tema de la telebancada. Ayer mismo Jesús Zambrano exigió que 14 legisladores de PRI, PAN y PVEM se excusen de la discusión de las leyes secundarias porque según el líder del sol azteca tienen conflicto de interés.

En su carta relaciona lo mismo a empleados de grupos vinculados que familiares argumentando la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos.

En la lista, evidentemente, están legisladores que en su opinión tienen conflicto de interés, pero Zambrano, autonombrado juez, no pide que se haga a un lado el senador mala paga Corral.

Este tipo, que públicamente ha pedido que la regulación a las telecomunicaciones vaya en contra de Televisa (es decir, una ley nominativa), tiene un clarísimo conflicto de interés contra esa empresa de televisión.

Como le hemos informado en esta columna, el senador mala paga contrató publicidad con Televisa hace más de diez años en su intento de ser gobernador de Chihuahua. Utilizando los diversos tramos de fuero que ha tenido se ha negado a pagar con argumentos que la deuda fue contratada por Acción Nacional y no por él.

Esta chicanada fue destruida en tribunales, puesto que el acreedor pudo comprobar que el contrato lo había firmado personalmente Corral. Este hombre ha sido condenado en definitiva a pagar y ante su negativa ha sido objeto de embargos.

De mantenerse los juicios este hombre podría perder todos los bienes que ha acumulado en su vida, básicamente del erario, lo que sin duda afecta su capacidad para legislar de una manera adecuada para el país.

Este hombre, como lo demuestra reiteradamente, sólo está buscando una regulación que castigue a Televisa y no que fomente la competencia a favor de los consumidores quienes pierden el 1.8% del PIB por las prácticas monopólicas en las telecomunicaciones o, si lo prefiere, 30 mil pesos anuales por cada mexicano.

Reglamento

Sin embargo, ni él y a pesar de este antecedente de incumplir con sus obligaciones escondiéndose en el fuero, puede ser impedido de participar en la discusión de las leyes secundarias de la Reforma a las Telecomunicaciones.

El artículo 152 del Reglamento Interior del Senado de la República establece: “Los integrantes de una comisión que tienen interés directo en un asunto lo informa por escrito al presidente de la misma, para que tramite ante el presidente de la mesa, se designe a otro senador, del mismo grupo parlamentario en su caso, para que lo remplace en asuntos de la comisión.

El numeral dos deja claros los derechos del legislador: “El senador sustituido conserva el derecho a participar con voz en la reunión en la que se discute el asunto”:

Es totalmente claro el tema. El senador podrá nombrar a su suplente en la comisión y podrá participar en los trabajos (por eso decíamos que hasta mala paga podría hacerlo).

La mayoría de los que el PRD califica como telebancada (cualquier cosa que eso sea) no son miembros de las comisiones y aún si lo fueran no están impedidos de participar en los trabajos de la comisión, sólo de votar en ella. En el pleno tienen obligación de hacerlo.