Buenas prácticas comerciales, nomás falta la firma

En este espacio le he informado puntualmente la ruta seguida por los protagonistas del Convenio de Concertación para la Mejora Continua de Prácticas Comerciales Competitivas; el que ha traído, por años, a tiros y tirones a la ANTAD y sus principales proveedores.

Se cumplen cinco años de la firma del primer convenio (julio de 2009) y hace días le daba cuenta de que estaba por firmarse la tercera edición del mismo, para eso lo único que faltaba era que el convenio contuviera las modificaciones definitivas, que en estos momentos ya circula el documento final, del que no se esperan cambios.

Recordará que los puntos de desencuentro entre la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), que encabeza Vicente Yáñez, con los proveedores agrupados en la Canacintra, que preside Rodrigo Alpízar; el CNA, encabezado por Benjamín Grayeb; ConMéxico, que lleva Jaime Zabludovsky, y la Concamin, que preside Francisco Funtanet, fueron la secrecía en las investigaciones, ventas por abajo del costo y sanciones  sociales, además de éstas, le comparto otras modificaciones que ya aparecen en la versión final.

Se eliminó el mínimo de espacio que los compradores —detallistas y tiendas departamentales— tenían que dar a proveedores pymes, que era de 10% del piso de venta.

En el apartado sobre investigación de parte u oficio se modificó un “pequeño detalle”. En la redacción anterior se consignaba que la autoridad —Secretaría de Economía— podría identificar e investigar “indicios de conductas que puedan constituir incumplimientos a este convenio e informar a las autoridades competentes, para que procedan...”, se retiró la palabra indicios, y además se añadió que: “Previo al inicio de la investigación de parte u oficio, la Secretaría deberá contar con información que justifique su inicio debidamente fundado y motivado”, con lo que quedaron muy contentos los miembros de la ANTAD, que argumentaban se desataría una cacería de brujas en su contra.

Sume usted que otro de los cambios de trascendencia, es el relativo a las votaciones del máximo órgano, y se trata del Comité Ejecutivo Permanente (CEP), que lo integran CNA, Concamin, Canacintra y ConMéxico; y por los compradores la ANTAD, un representante de Walmart, uno de Soriana y uno más de Liverpool. La modificación sustancial es que ya no podrán votar los integrantes que tengan conflicto de intereses, por ejemplo en un trámite que involucre a un afiliado de la Concamin contra Walmart, ambos representantes tendrán que abstenerse de votar.

Respecto a este convenio, le comparto que podría tratarse del último que se firme entre las partes, ya que los proveedores, anote a todos, ya están cansados de ir y venir con pleitos con la ANTAD, así que lo siguiente podría ser que la ley sea la que decida, y ya no más un convenio… al tiempo.

De Fondos a Fondo

Le cuento que en el negocio de las tecnologías de la información (TI) en nuestro país la disputa entre las distintas marcas alcanza un valor cercano a los diez mil millones de dólares, cifra que no incluye telecomunicaciones.

En este mercado, los jugadores ya mueven sus piezas y mientras unos venden, destaca IBM, que vende su línea de servidores x86 en dos mil 300 millones de dólares a Lenovo.

HP, que globalmente conduce Meg Whitman, y en México encabeza Alexis Langagne, ha trazado una línea para apuntalar las operaciones en la nube; y mire, para eso está impulsando con todo el uso del software OpenStack que es un código abierto.

En el caso de servidores, anote usted 500 millones de dólares que invertirá HP este año en su línea de manufactura en Ciudad Juárez, Chihuahua; para expandir la producción.

El plan de dinamizar su segmento de servidores y almacenamiento es más allá de este año, por lo que ya analiza de cuánto será el monto que invertirá el próximo año en la misma planta, pero le aseguro que serán al menos de otros 500 millones.

En otro frente, recientemente HP anunció inversiones globales por mil millones de dólares en tecnologías de OpenStack, la gran novedad es que se trata de un habilitador de servicios de cómputo bajo demanda que al estar integrado en consorcio de código abierto genera que la innovación se acelere de manera dramática porque entonces ya no solamente son los dólares que está poniendo HP, sino el de todas las empresas involucradas.

HP, en México tiene ventas anuales por dos miércoles millones de dólares y exporta en productos mil 800 millones de dólares. Cifras que desde luego quiere incrementar en los próximos años, a eso le apuesta.

El alcalde de Naucalpan, David Sánchez Guevara, ha estado en el ojo del huracán por su viaje a Brasil mientras se desgajaban los cerros y colapsaba la infraestructura en su municipio. Sin embargo, hay un problema operativo y financiero que puede poner en jaque al ayuntamiento más allá de esta administración.

Me refiero a la gestión de los residuos sólidos urbanos. En Naucalpan, la disposición final de basura está concesionada desde 2006 y hasta 2026. La empresa privada que opera el relleno sanitario (Setasa) invirtió cerca de 160 mdp en la remediación del tiradero a cielo abierto de “Rincón Verde” y la edificación del nuevo relleno sanitario.

El modelo de negocio y la falta de certidumbre jurídica cuando la fuente de pago es municipal, no ha resultado ser el mejor: esta administración adeuda 39 mdp, la anterior —de la también priista Azucena Olivares— quedó a deber 54 mdp. Hablamos de un relleno sanitario que atiende a 800 mil habitantes y dispone en promedio de 650 toneladas diarias de basura.

Hoy el relleno está cerrado. La empresa solicitó desde marzo la prórroga de la autorización para la construcción de una celda auxiliar. No obtuvo respuesta. Sin embargo, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, clausuró la celda el mes pasado. A pesar de haber pagado la multa por no tener un papel que la propia autoridad ha sido omisa en entregar, la empresa no ha podido reabrir el relleno. Eso sí, al titular de la Propaem, Juan Jacobo Pérez Miranda, lo sustituyeron en total sigilo por Félix Pérez Carrillo, el pasado 1 de julio.

De fondo —cuentan los que saben—, la intención es acorralar a la empresa para impedir que siga con la concesión. El alcalde no ha pagado el servicio, pero improvisó una estación de transferencia, y de ahí llevar la basura a Tepotzotlán, donde opera una empresa “amiga” de su administración denominada Tecnosilicatos, a la que acertó, sí le paga puntualmente.