Gobierno evalúa otorgar incentivos fiscales para estimular consumo eficiente de energía

Ya reiniciaron las discusiones en comisiones del Senado de las leyes secundarias de la Reforma Energética.

El debate fuerte empezará el lunes entrante y pudiera convocarse a un periodo extraordinario la próxima semana para lograr su aprobación en los días posteriores.

Donde más resistencia se espera es en la discusión de una nueva ley para Pemex de Emilio Lozoya y la CFE de Enrique Ochoa, lo que impondría un modelo distinto en la operación y administración de ambos organismos gubernamentales.

El rompimiento de una inercia de más de 80 años deberá traer aparejada con esta reforma de gran calado la llegada de inversiones superiores a los 13 mil millones de dólares anuales.

Y es aquí en donde brilla el objetivo de bajar las tarifas de luz en el sector industrial, residencial y comercial, costos que en la última década además de casi triplicarse, se han traducido en la pérdida de competitividad del país en todos los niveles, lo que impulsa a que algunas empresas instalen su propia planta de generación de energía.

La propia CFE calcula que en México se pagan en promedio tarifas 25% más caras que en Estados Unidos y, por sector, hasta 69% a nivel de tarifa industrial, 135% comercial y 149% en el residencial de alto consumo.

Así, el ahorro de energía se ha convertido en una herramienta indispensable para mantener o disminuir los costos operativos, por lo que al día de hoy el sector empresarial instalado en México se ha dado a la tarea de optimizar su consumo energético, aunado en muchos casos a acciones específicas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero.

Entre las acciones más destacables se encuentra el cumplimiento y adopción de Normas creadas por la Organización Internacional de Normalización (ISO), que preside Terry Hill, la cual acaba de lanzar las “ISO 50000” relativas a Sistemas de Gestión de la Energía.

Esta nueva normatividad, que de hecho fue bien recibida por las secretarías de Energía, que comanda Pedro Joaquín Coldwell, y Economía, que capitanea Ildefonso Guajardo.

El objetivo de esta directiva es apoyar a las organizaciones en mejorar el rendimiento energético, incluida la eficiencia energética, así como sus costos y emisiones a través de un Sistema de Gestión Sistemático de la Energía, aplicable a todos los tipos de organizaciones, independientemente de las condiciones culturales y sociales, grandes o pequeñas, públicas o privadas, que se dediquen a la provisión de servicios o a la elaboración de
productos y equipos.

En México la NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 equivalente a la norma internacional ISO 50001:2011, fue publicada de manera conjunta entre la Asociación de Normalización y Certificación (ANCE) de Pablo Moreno y el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC) de Francisco Reed, siendo ambos organismos los únicos acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), de José Antonio Cifrián, para certificar este Sistema de Gestión de Energía.

A escala mundial existen un total de mil 734 entidades certificadas bajo la ISO 50001, siendo Alemania el país con mayor porcentaje respecto al total con 671 certificados, seguido del Reino Unido con 334 y España con 184.

Fuera de Europa destacan la India con 122 empresas certificadas y Corea del Sur con 112. En América Latina encabezan la lista Brasil y Chile, ambos con ocho certificados.

Al interior de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda, que lleva Luis Videgaray, se estudia la implementación de incentivos fiscales para fomentar el consumo eficiente de la energía, similares a los que hoy existen en Alemania y que ya benefician directamente a más de cinco mil compañías que se han certificado, siendo el contraste nuestro país que no llega ni a media decena.

La adopción de dichas normatividades sumará sin duda alguna en alcanzar el objetivo plasmado en la Estrategia Nacional de Energía, el cual consiste en que para el año 2026, 35% de la generación de electricidad provendrá de fuentes sustentables.

Veto a biosimilares

Fíjese que apenas el 19 de mayo pasado el Poder Judicial de Perú aceptó prohibir la comercialización de los biosimilares, a petición de las farmacéuticas internacionales.

El hecho prendió focos amarillos en los laboratorios mexicanos, pues se teme que se pudiera estar sentando un peligroso precedente y ser el inicio de una fuerte ofensiva regional que lleve a otros países a secundar lo que ya se está aceptando en el país que gobierna Ollanta Humala.

El 56 Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima dio entrada a la medida cautelar promovida por la Alafarpe (Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos). Este gremio es el equivalente en nuestro país a la AMIIF (Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica), que preside Luis Calderón. En la Alafarpe están afiliados las transnacionales más influyentes como Roche, Sanofi-Aventis, Pfizer, Eli Lilly, Merck, Janssen-Cilag, Novartis, GlaxoSmithkline y Boehringer Ingelheim, entre otras, las mismas que libraron una feroz batalla aquí a fin de cerrarle el paso a las medicinas libres de patente de esta nueva generación de medicamentos, denominados los biotecnológicos y que en su versión genéricos son biosimilares.

No se descarta que en una de esas y los mismos laboratorios extranjeros empujen una solicitud similar a la que ya prosperó en Perú, algo que significaría un retroceso para los logros del sistema de salud mexicano a cargo de
Mercedes Juan.

Comercializadora GC

Comercializadora GC, firma que le rentó el avión a Elba Esther Gordillo antes de que fuera aprehendida por las autoridades federales, acaba de perder un amparo ante el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil que preside María del Refugio González, lo que la condena a pagar más de seis millones de pesos al abogado Alexis Orta.

El litigante reclama el cobro de tres pagarés que en su momento fueron emitidos a favor de Francisco Javier Yáñez Herrera, exdirector general de la Lotería Nacional, mismos que Comercializadora GC se negó a pagar, por lo que se dictaminó el embargo de la firma ligada a la maestra Gordillo.

Por el momento, las autoridades nombraron como interventor del juicio a Edgar Mena, quien podría cobrar la cantidad referida de los departamentos que tiene Comercializadora GC en el famoso edificio de Reforma 222, a través de un fideicomiso que tiene con Banco Interacciones de Carlos Hank González.

*La columna Tiempo de Negocios volverá a publicarse el martes 29 de julio.