Alicia Salgado

Cuenta corriente

Alicia Salgado

15 Jul, 2014

Tenencia de la tierra, tema crítico en energía

En la discusión de los cuatro dictámenes de la Reforma Energética que se realizará hoy en las comisiones unidas de Energía y Estudios Legislativos Primera, el tema relacionado con la tenencia, compra o renta de la tierra en la que se presuma la existencia de yacimientos de gas shale, petróleo o se estime necesaria para la instalación de infraestructura eléctrica, se ha convertido en un trend topic y yo le pondría el calificativo de hot topic.

Es todo lo relativo a la tenencia de la tierra y los cambios introducidos en el capítulo IV de la Ley de Hidrocarburos y el VII de la Ley de Energía Eléctrica, y están comenzando a generar inquietud por desinformación sobre la forma en la que se aplicaría, pues aunque las iniciativas no incorporan ninguna modificación a los regímenes de propiedad, hacen necesaria la presentación de los títulos de propiedad o derechos agrarios para que pueda procederse a la renta, venta o indemnización de los terrenos donde se explore y extraigan hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos, o donde se instale infraestructura hidráulica, de transmisión o distribución de energía eléctrica, todas ellas consideradas actividades, por la reforma constitucional, como actividades de interés social y de orden público.

Lo que sucede es que tras siglos de reparto de tierra, la gran mayoría de los ejidos y comunidades sociales e indígenas, no tienen regularizados los derechos agrarios, y aunque las disputas se van a la Procuraduría Agraria, de hecho hace falta un sistema de titulación de herederos y comunidades que usufructúan las propiedades sociales.

Este tema ha hecho que el PAN de Gustavo Madero, insista en que no se hable de “expropiación” en las iniciativas sino de “ocupación temporal” para la realización de trabajos de exploración y extracción de hidrocarburos líquidos o gaseosos, en terrenos que hoy pueden tener ocupación agraria o ganadera.

Si prevalece esta visión podría facilitar la convivencia de actividades en algunos casos (eléctrica), pero cuando se trata de reservas de gas shale, parece casi imposible dicha convivencia, aunque se reconoce que es una actividad en el tiempo se agota.

Mire, el tema crece. El PRI, coordinado por Emilio Gamboa, no está modificando o aceptando modificar un ápice del régimen de propiedad agraria, y lo que se negoció, pero podría prolongarse la discusión todo el día de hoy, es el tema de los derechos de superficie, para que no sólo se pague la renta por la ocupación temporal, sino que se agregue un derecho por hasta 1% de lo obtenido en el terreno en cuestión.

Ahora, ese derecho, puede ser pagado en efectivo o en especie, y esto último no le gusta a la izquierda, que aunque votará en bloque por el no, no deja de estar presente para cambiarle a las iniciativas hasta donde la posibilidad partidaria lo permita.

Hay todo un procedimiento para facilitar mediación en precios a valor de mercado, pero la participación del Indavin, como mediador entre partes, no genera confianza de nadie porque siempre tiende a deprimir precios comerciales.

Veremos hoy como termina, pues le digo que resulta clave para resolver litigios mineros y litigios relacionados con el establecimiento de parques eólicos.

De Fondos a  Fondo

En relación a los desacuerdos de interconexión de 2012 resueltos por el IFT, cuyo pleno preside Gabriel Contreras, se argumenta que justo se resuelven dentro del marco jurídico vigente en ese año y, no conforme al criterio constitucional vigente desde el año pasado.

Lo cierto es que para las móviles que pierden (Telefónica, Iusacell y Nextel) la decisión sólo beneficiará a las cableras que cobran 1.30 redondeado el minuto por terminación de llamadas en móviles y, se quedarán con 80% de una factura por no hacer nada. Además, como ese periodo resuelto ya se facturó, aumentará el margen de la cablera en el presente, porque al usuario no le devolverán un quinto por cada llamada realizada en el periodo pese a que se le haya cobrado a éste 1.30 por terminación de llamadas. Si no que vean el recibo de Cablevisión. ¿O acaso se lo pedirá Profeco de Lorena Martínez?

Un tema para ser analizado tanto por la Comisión Federal de  Competenia Económica, cuyo pleno encabeza Alejandra Palacios, o por la Cofemer de Virgilio Andrade y, ya de perdis por la Secretaría de la Función Pública de Julián Olivas, es la forma en que se pretende utilizar una norma “técnica”, para preservarle un monopolio al Grupo Allflex cuyo CEO en Norteamérica y por ende México es Brian Bolton.

Esto porque en México, desde hace años, se ha preservado el sistema de “aretaje” que alguien incluyó como el sistema de rastreo e identificación de ganado bovino, ovino y caprino, que usa tecnología obsoleta pero que preserva la ausencia de competencia en este “mercado” de rastreo.

El Proyecto de Norma Oficial Mexicana Proy-NOM-000-ZOO-2011, que fue publicado el 15 de mayo pasado en el DOF, para consulta del grupo especializado en ganadería, por el director de Fomento Bovino, Ovino y Caprino, Gabriel Huitrón Márquez, y se supone que la consulta concluye este martes 15 de julio.

Pero como la Nom que se subió obliga al ganadero a aretar todo el ganado en un lapso de 18 meses con aretes visuales y, contempla el uso de aretes electrónicos bajo el una tecnología cara y obsoleta (Tecnología de HDX en baja frecuencia), simplemente todos los identificadores se dieron cuenta de que en Sagarpa, cuyo titular es Enrique Martínez y Martínez, decidió preservar el mercado al “único” proveedor certificado de aretes: Allflex.

¡Hasta que alguien les pone un hasta aquí!  Por abuso de confianza equiparado al haber retenido de la nómina de mil 800 empleados de la presidencia municipal de Acapulco, los préstamos personales que les hizo la empresa Crediamigo del Grupo Finmart que dirige Edwin Vega, fueron denunciados y demandados ante la Procuraduría General de la República, a cargo de Jesús Murillo Karam; el presidente municipal de Acapulco, Luis Walton Aburto; Magdalena Camacho Díaz y Antonio Sayago Ríos, secretaria general y director de Finanzas del ayuntamiento, respectivamente.

La denuncia del 30 de mayo, está radicada en la Mesa Investigadora Cuarta de la Subdelegación de la PGR en Acapulco, pues tienen todas las pruebas que documentan los préstamos realizados y el descuento efectuado a los trabajadores, sin que se le reintegrara a Crediamigo los cuatro millones 331 mil 532 pesos. Lo peor del caso es que los trabajadores se encuentran en los datos negativos del Buró de Crédito debido a que el municipio jamás entregó el dinero.

La firma de Edwin Vega le ha solicitado a la PGR que se ejerza acción penal con el pedimento de orden de aprehensión en contra del presidente municipal de Acapulco y sus segundos, pues el convenio del 26 de febrero de 2007 suscrito entre Crediamigo y el ayuntamiento de Acapulco aclara que no se obstruirán los derechos y obligaciones surgidos con anterioridad aunque haya cambio de administración en el gobierno de Acapulco y de servidores públicos.

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