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CIUDAD DE MÉXICO.- El viernes pasado las comisiones de Presupuesto y Energía de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen que contiene la propuesta de incorporar los pasivos laborales de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la deuda pública del gobierno federal. Esa iniciativa, planteada originalmente por el PRI, ha generado gran revuelo: el veredicto es que se trata de un rescate en toda regla cuyo monto superaría al Fobaproa y al rescate carretero juntos, por lo que el asunto se ha venido llamando como “Pemexproa”.
Lo cierto es que sí: según esa propuesta, los mexicanos tendrán que pagar buena parte de la factura derivada de los excesos en los que ha incurrido el sindicato petrolero de Pemex a lo largo de los últimos lustros. Pero también deberían hacerse dos apreciaciones: una, quizás no queda de otra si se quiere que Pemex compita contra los gigantes petroleros del mundo, contra Exxon, Chevron, BP, PetroChina o Royal Dutch Shell y demás, una vez el sector se abra a la competencia, y dos, la cuantía tendrá que ser sustancialmente menor a lo que se ha venido barajando, o el impacto sobre la deuda sería tan elevado que amenazaría la buena salud de las cuentas públicas que ha venido predicando el gobierno mexicano.
Valor de la deuda
Según los últimos números, la carga de los pasivos laborales de Pemex se eleva a un billón 153 mil millones de pesos, en tanto que los de la CFE se estiman en 507 mil millones de pesos. En su conjunto, el monto asciende a un billón 666 mil millones de pesos, y se trata de un cálculo sobre el pago en pensiones y otras obligaciones (primas vacacionales, bonos, aguinaldos, etcétera) que deberá ser desembolsado durante los próximos 30 años por ambas compañías.
El objetivo de esta propuesta es liberar una buena parte de los recursos de Pemex y de la CFE, que actualmente se destinan a satisfacer las obligaciones de pensiones de los trabajadores sindicalizados, a proyectos de inversión para poder competir mejor. En la actualidad, tanto Pemex como la CFE pagan las pensiones a partir del presupuesto que les entrega el gobierno y, durante estos años no tuvieron la precaución de constituir un fondo de reservas para hacer frente a esos pasivos futuros.
Esquema con ventajas
Pero no bastará con engullir parte de esos pasivos laborales. Al mismo tiempo, y para detener esa hemorragia de recursos, se tendrá que revisar el actual sistema de pensiones de Pemex, cuyos parámetros son muy ventajosos en comparación con el del resto de trabajadores mexicanos: por ejemplo, pueden retirarse tras 25 años de servicio o a 55 años de edad. En consecuencia, en el tercer transitorio del dictamen se estableció que “el gobierno federal podrá asumir una proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones en curso de pago de Pemex siempre que, dentro del año siguiente de la entrada en vigor del presente decreto, alcance un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo”. Es decir, en un principio, el gobierno no asumiría la totalidad del billón 153 mil millones de pesos, sino sólo una proporción de ese monto en función de lo ambiciosa que sea la revisión de los planes de pensiones de Pemex.
Acuerdos
¿En qué consistiría la revisión del contrato colectivo de pensiones? Básicamente en establecer un sistema de cuentas individuales de retiro, en las cuales los trabajadores aporten para su jubilación, así como en ajustar las edades de retiro conforme a la esperanza de vida y formular un nuevo cálculo de la pensión en función del salario promedio del trabajador y no respecto al último salario percibido.
Con esas modificaciones se reduciría el actual pasivo laboral de Pemex. Entonces, y con esas revisiones, ¿cuál sería el nuevo pasivo laboral de Pemex, qué monto asumiría el gobierno federal y qué impacto tendría sobre la deuda pública?
El actual pasivo de un billón 153 mil millones de pesos representa, en sí, en torno a 6.8% del Producto Interno Bruto (PIB). Una de las propuestas, bastante sensata, que circula, y que defienden los legisladores panistas, es que se divida ese pasivo en tres partes iguales y sea absorbida una primera parte por los trabajadores, una segunda por la empresa, y una tercera por el gobierno federal.
Por tanto, y tomando como válido ese plan, el objetivo es que la revisión del contrato colectivo reduzca el pasivo en 2.3 puntos porcentuales, o en torno a 385 mil millones de pesos. Los restantes 4.6 puntos porcentuales, o 768 mil millones de pesos, tendrían que ser pagados a partes iguales entre el gobierno federal y Pemex. En consecuencia, los pasivos asumidos como deuda del gobierno federal se estiman en torno a 385 mil millones de pesos.
Eso para el caso de Pemex. A ese monto habría que sumar los pasivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo tratamiento asumiremos sería semejante al de Pemex. Los pasivos de la CFE ascienden a 507 mil millones de pesos y, de este modo, al gobierno federal le correspondería asumir en torno a 170 mil millones de pesos.
En total, el monto que estimamos es que el gobierno federal tendría que engullir sería cercano a 555 mil millones de pesos.
Pesada carga
Por tanto, los pasivos laborales de Pemex y de la CFE totales se elevan a un billón 660 mil millones de pesos, prácticamente diez por ciento del PIB. Asumir todo esa deuda sería insoportable y aniquilaría todos los esfuerzos del gobierno mexicano por sanear sus cuentas fiscales, poniendo en riesgo su fortaleza macroeconómica.
Es de prever que, en ese caso, las agencias de calificación revisarían a la baja el rating crediticio de México y que los inversionistas pedirían una mayor tasa de interés para prestar al gobierno, lo cual no sólo elevaría el costo financiero de la deuda, sino que torpedearía buena parte de los proyectos de infraestructura e inversión que pretende realizar el gobierno mexicano, abortando los planes para impulsar el crecimiento.
En mayo de este año, el saldo de la deuda total del sector público se situó en seis billones 635 mil millones de pesos, alrededor de 40% del PIB. Si sumamos todos los pasivos laborales de Pemex y CFE, el monto ascendería a ocho billones 281 mil millones de pesos, 50% del PIB, escala que no se observa en más de dos décadas. Creemos que ni el gobierno federal ni el sagaz secretario de Hacienda, Luis Videgaray, permitiría tal tragedia ahora que quieren empezar a cantar los éxitos de las reformas.
Pasivo compartido
¿Cuánto asumiría el gobierno federal? Bajo los cálculos citados arriba, el gobierno federal tendría que incorporar a su deuda en torno a 555 mil millones de pesos, o 3.3% del PIB. Por tanto, realmente, en caso de que el gobierno se embuche una parte de los pasivos laborales según los supuestos mencionados arriba, la deuda pública se elevaría del actual nivel de 40% a algo cercano a 43.3 por ciento.
Otra parte equivalente la asumirían los trabajadores de Pemex y la CFE, que tendrían que aceptar esquemas de pensiones menos ventajosos. Éste es el principal reto luego de que el sindicato petrolero rechazara las pretensiones de modificar el contrato colectivo como condición para que el gobierno acate parte de los pasivos laborales. Otra tercera parte tendría que ser absorbida por Pemex y la CFE, que tendrían que seguir pagando esa parte de las pensiones.
Así, 555 mil millones de pesos que se obtienen de nuestros cálculos se compara con un monto de 850 mil 514 millones de pesos de los pasivos del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (el antiguo Fobrapoa), y una cuantía de 155 mil millones de pesos de la deuda del rescate carretero, conocido bajo el acrónimo de Farac.
El monto no es nada desdeñable, pero no tan abultada como las cifras que andan ahora circulando. Y quizás sea la mejor solución para sanear a las que serán las nuevas empresas productivas del Estado y establecer esquemas de pensiones sostenibles sin afectar de manera estruendosa a la solidez de las finanzas públicas mexicanas, todavía envidia de mucho de los países desarrollados.
* Director de llamadinero.com
