Argentina, sin caminos fáciles a un día de caer en moratoria

CIUDAD DE MÉXICO.- Sus restaurantes especializados en carnes rebosan de comensales, sus centros comerciales están llenos. Sin embargo, los riesgos están aumentando.

La cuenta regresiva comenzó el 16 de junio, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos anunció que no se involucraría en la batalla de Argentina con NML Capital, un fondo compensatorio que había absorbido deuda barata después del incumplimiento de pagos de Argentina en 2001 y desde entonces ha litigado para que se le pague todo el capital más intereses.

La decisión dejó intacto un fallo del juez Thomas Griesa, del Tribunal de Distrito de Nueva York, que prohibía que Argentina pagara a los acreedores que en 2005 y 2010 intercambiaron 93 por ciento de la deuda incumplida por valores al corriente, si el país no pagaba también a NML lo que quiere.

Opciones malas, y peores

Argentina se quedó sólo con opciones difíciles: pagar a NML los más de 1,300 millones de dólares más intereses concedidos por Griesa, negociar un arreglo con el fondo compensatorio o dejar de pagar a los tenedores de bonos que sí negociaron.

Un pago a esos tenedores de bonos intercambiados, que venció el 30 de junio, no se hizo. El periodo de gracia expira el 30 de julio y a partir de ese momento podría ser declarado en moratoria.

El pago total sería difícil de asumir. La presidenta Cristina Fernández siempre se ha opuesto a pagar  y una  entrega generosa de dinero a NML abriría la puerta a pagos similares a otros acreedores “renuentes”, quienes no aceptaron reestructurar los bonos en su poder.

El consenso ha sido que Argentina llegará a un acuerdo negociado con los renuentes. Argentina había hecho un buen avance este año en su búsqueda de recuperar el acceso a los mercados de capital llegando a acuerdos, por ejemplo, con el Club de París de acreedores gubernamentales.

Abordar el tema de los renuentes era el siguiente paso lógico. El precio de la deuda incumplida denominada en dólares aumentó por encima del valor real después del fallo de la Suprema Corte, abriendo una brecha con la deuda denominada en euros, que no está sujeta a la ley de Nueva York.

Con el tiempo en contra

Desde entonces, sin embargo, las semanas han sido desperdiciadas. La táctica principal de Argentina ha sido tratar de obtener un aplazamiento de Griesa.

Afirma que no puede llegar a un acuerdo con los renuentes sin activar potencialmente la cláusula de Derechos sobre Ofertas Futuras (RUFO, por su siglas en inglés), incluida en bonos reestructurados.

Esta cláusula, que expirará el 31 de diciembre, especifica que Argentina no puede ofrecer voluntariamente a los renuentes un mejor trato que durante sus reestructuraciones de 2005 y 2010 sin extender esa oferta a todos los tenedores de bonos.

Argentina ha argumentado que violar esta cláusula la pondría en riesgo de una inundación de reclamaciones de los tenedores de bonos y pudiera dejar a los funcionarios vulnerables a un encausamiento criminal por incrementar su deuda. Un aplazamiento hasta la expiración de la cláusula RUFO es la respuesta, afirma.

NML insiste en que Argentina está exagerando su preocupación por la RUFO. Dado que el país ha apelado llevando su caso hasta al Suprema Corte y ha sido rechazado, dice el fondo, es poco
probable que un juez considere cualquier acuerdo entre las partes como “voluntario”.

Lo más importante es que Griesa no quiere saber nada de esto. En una audiencia el pasado 22 de julio rechazó la solicitud de un aplazamiento y ordenó a los renuentes y a Argentina negociar “continuamente” con un mediador designado por el tribunal para alcanzar un acuerdo.

“La referencia a las restricciones de la cláusula RUFO no ayuda”, dice Eugenio Bruno, un abogado especializado en reestructuración de deuda, “porque esa cláusula fue autoimpuesta por Argentina y por tanto es difícil de usar como argumento”.

Pagar, lo más sencillo

Un acuerdo beneficiaría a los tenedores de bonos intercambiados, a quienes se les seguiría pagando. Evidentemente, también convendría a los renuentes.

El incumplimiento de pago privaría a NML de un pago y de su estatus como acreedor en desventaja, a menos que Argentina esté pagando a otros tenedores de bonos y no a NML, su reclamación de un trato igualitario es inválida.

Los representantes del fondo han declarado que están dispuestos a ceder en cuanto a los tiempos así como la estructura de pagos, ofreciendo aceptar una mezcla de bonos y efectivo para reducir el impacto sobre las reservas extranjeras de Argentina.

También podría ser posible darle la vuelta al problema de la cláusula RUFO. Argentina pudiera pedir a sus tenedores de bonos intercambiados pasar por alto la cláusula, aunque ahora es corto el tiempo para conseguir el consentimiento mayoritario que se requiere.

Algunos piensan que Argentina podría entregar pagarés a NML que cambiaría por valores pagaderos en 2015, después de que expire el mandato de la RUFO. Si eso no fuera posible, el país podría simplemente pagar a NML la cantidad completa, como se le ordenó, lo cual es muy probable que se considere involuntario.

Horizonte sin recursos

Lo que no se sabe es cuán desesperada esté Argentina de evitar la moratoria de pagos. El país ha sobrevivido 13 años sin acceso a los mercados de bonos en dólares.

Podría calcular que sus esfuerzos por seguir pagando a los tenedores de bonos intercambiados, junto con la sospecha general hacia los renuentes, pudiera beneficiarle ante los acreedores convencionales. Fernández ha trabajado duro para convencer a los argentinos de que debería culparse a Griesa y a los fondos “buitre” si el país incumpliera sus pagos.

Los costos para el mundo exterior serían contenibles. Pocos inversionistas se sentirían consternados si Argentina incumple sus pagos.

Su deuda pendiente bajo la ley extranjera, lo que los analistas llaman el “universo susceptible de moratoria”, representa sólo 29,000 millones de dólares, mucho menos que los 81,000 millones de dólares de los cuales renegó en 2001.

Por otra parte, la moratoria tendría costos reales para Argentina. Su aislamiento de los mercados de bonos en dólares continuaría. Sus reservas extranjeras han menguado con el tiempo.

Deudores como YPF, la empresa petrolera estatal que ha colocado bonos en mercados mundiales, enfrentarían tasas de interés más altas, corriendo el riesgo de retrasos para el desarrollo de Vaca Muerta, una enorme formación de esquisto.

La creciente demanda local de dólares ya está ejerciendo presión sobre el peso en el mercado no oficial. Todo esto haría incluso más difícil que el país saliera de la recesión.

La moratoria también significaría otra incursión en el laberinto legal, porque activaría “cláusulas de aceleración” que dan a los tenedores de bonos el derecho de demandar el pago inmediato.

Estas cláusulas existen en todos los bonos bajo ley extranjera del país, no sólo los regidos por la ley de Nueva York, así que haría a Argentina enfrentar batallas judiciales también en otras jurisdicciones.

No hay respuestas fáciles ni conversaciones formales hoy lunes, aunque la delegación asegura que las negociaciones continúan. 

El default que viene

Los pagos de deuda deben llegar a la cuenta del fideicomisario a más tardar a las 13:00 hora local un día antes de que el dinero sea transferido a las cuentas de los acreedores argentinos. Dado que el dinero está en una cuenta del BNY Mellon, el martes 29 de julio a esa hora es considerado el plazo máximo para lograr un acuerdo a fin de que los tenedores de bonos reciban su dinero a tiempo y no se produzca un cese de pagos (default).

Los inversionistas pueden comprar protección contra un default o evento crediticio con seguros de incumplimiento de crédito (CDS, por sus siglas en inglés). La Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA, por sus siglas en inglés) tiene reglas estrictas que rigen para los tenedores de CDS se haya o no producido default.

La declaración de default es realizada por el que se conoce como Comité de Resoluciones, que cuenta con 15 miembros votantes organizados por la ISDA. Existen cinco de estos comités (Estados Unidos, Asia excluyendo Japón, Australia-Nueva Zelanda, la región de Europa, Oriente Medio y Africa, y Japón).

Una mayoría de 12 de los 15 miembros de los comités debe votar a favor de declarar que se ha producido un default o un evento crediticio, a petición de partes.