El día después de la Reforma Energética

La Reforma Energética ya es una realidad jurídica, pero ello no basta para lograr la transformación exitosa del sector. Es necesario considerar que detrás del proceso legal —finalmente promulgado el 11 de agosto— se vislumbra una lógica de negocio muy diferente al planteamiento oficial, además de que nada asegura que las instituciones y actores involucrados están listos para el cambio.

El Congreso, mediante la creación de 9 leyes federales y la modificación de otras 12, ha concluido el proceso para dotar de legislación secundaria a la reforma constitucional en materia energética.

El planteamiento básico de esta reforma es abrir espacios a la inversión privada, incrementar la productividad del sector y optimizar su utilidad financiera y social, mediante un cambio drástico en las reglas del juego.

En este contexto, en el caso de los hidrocarburos, las nuevas disposiciones pretenden entre otros objetivos, optimizar la producción de petróleo, que actualmente es cercana a los 2.5 millones de barriles diarios (2.8 considerando condensados).

También se busca reducir los costos asociados a la producción diaria de casi seis mil 500 millones de pies cúbicos de gas natural; y por supuesto, esta reforma busca distribuir de mejor manera un flujo de capital proveniente de exportaciones de crudo que, tan solo en 2013, fue de 42 mil millones de dólares.

Para lograr este y otros propósitos, Pemex se ha convertido en una empresa productiva del Estado, capaz de establecer contratos con particulares para la exploración y explotación de hidrocarburos, bajo la supervisión fiscal de la Secretaría de Hacienda. También se han fortalecido en el “papel” instituciones como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía.

En el fondo, estas nuevas reglas del juego suponen la adopción de una dinámica de negocios en la que Pemex deberá ajustarse a una dinámica empresarial más cercana a la libre competencia y en la que debe inhibir prácticas gremiales y una menor intervención gubernamental, que durante décadas distorsionaron su capacidad productiva.

Sin embargo, la nueva Ley de Hidrocarburos no modifica el sistema de incentivos de más de 150 mil trabajadores de Pemex, pues, sólo en forma transitoria se pide negociar las condiciones de trabajo para buscar competitividad.

Por ende, la sola existencia de la Comisión Reguladora de Energía no podrá inhibir la ordeña de ductos, ni será posible que la absorción de una parte del pago de pensiones y jubilaciones de Pemex (cercano al billón de pesos) incentive un cambio en la cultura laboral en el personal sindicalizado o de confianza.

Otros elementos que desafiará la capacidad de respuesta de las instituciones se relaciona con los procedimientos de ocupación temporal (término que suplió al de expropiación) para la exploración y explotación de hidrocarburos.

La nueva ley en la materia prevé que los contratistas interesados en realizar labores de exploración y explotación en alguna superficie privada, ejidal o comunal, deberán dar aviso a la Procuraduría Agraria para que ésta brinde asesoría a los propietarios durante las negociaciones.

Dicha institución se debe preparar para asesorar a un universo potencial de 32 mil ejidos y comunidades propietarias del país, que representan 51% del territorio nacional; y aunque los abogados agrarios se prepararon fundamentalmente para mantener la paz social en el campo, ahora deben estar listos para entablar negociaciones exitosas con empresas transnacionales. 

Actualmente, la capacidad instalada de la Procuraduría Agraria no ha sido capaz de evitar que procesos de sucesión testamentaria de propiedad ejidal se prolonguen por generaciones enteras y sin embargo, ahora debe incorporar la velocidad y efectividad en el campo de los negocios con agentes privados, nacionales y extranjeros.

Estos y otros elementos revelan que la implementación de la Reforma Energética plantea desafíos que van más allá de las definiciones legales.

La reforma multiplica las alternativas para el crecimiento económico, pero también deberá enfrentar resistencias e inercias que no están previstas en la ley, pero que pueden comprometer su cumplimiento. Simultáneamente, hoy se abre un umbral de aprendizaje para las instituciones involucradas en el que necesariamente habrá costos.

En esa misma medida, la promulgación de esta reforma es una oportunidad inmejorable para fortalecer los actuales esquemas de fiscalización, sanciones y transparencia de la gestión pública.  En consecuencia, la vigilancia de este proceso, es un gran reto para el gobierno y a la vez una tarea de todos.