Caso Banorte y gobierno corporativo

La fragmentación de la información, responder el ataque con el ataque y difundir verdades a medias ha sido una constante en la información que se ha vertido sobre el conflicto entre Juan Antonio González y Guillermo Ortiz Martínez, consejero propietario y presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banorte.

Lo mismo se expresa con relación al distanciamiento y conflicto entre Alejandro Valenzuela, director general del Grupo Financiero y Ortiz Martínez.

Pero la realidad no es ni blanca ni negra. Ayer le comenté que cuando en enero de este año los problemas entre éstos últimos aumentaron, Valenzuela propuso modificar los estatutos para que se incorporaran los lineamientos de la reforma promulgada en materia de grupos financieros y gobierno corporativo.

De ahí derivó el primer estire y afloje con alta rispidez, que involucró al Comité de Prácticas Societarias, presidido por Héctor Reyes Retana, pues Ortiz pretendía una mayor participación en las decisiones y Valenzuela, que se respetara la división de facultades. El tema se puso sobre la mesa en febrero, y estuvo yendo y viniendo entre Ortiz y Valenzuela a lo largo de dos meses, y los más activos participantes fueron los consejeros independientes Patricia Armendáriz y Herminio Blanco, además del abogado Aznar.

Todos suponían que habían llegado a un entendimiento, mas cuando el abogado que está a punto de salir de Banorte, Héctor Ávila, consultó con Vicente Corta, en calidad de asesor legal externo en temas corporativos.

Él sugirió al abogado que no había necesidad de reformar estatutos y aunque ha trascendido en esas verdades a medias que él habría asesorado la integración de la propuesta, en realidad no lo hizo ni existió memorándum alguno.

Al final, el documento que el CAPS suponía estaba “consensuado” entre Ortiz y Valenzuela resultó que fue la punta de lanza de la segunda fase del conflicto, pues en el Consejo de abril les sorprendió que en su calidad de consejero patrimonial (representando a la familia), Juan Antonio González, presentó el estudio de PwC sobre la propuesta que apenas habían puesto sobre la mesa, indicando que era una propuesta “ilegal”.

La reacción de sorpresa no se hizo esperar y derivado de las discusiones se decidió que la consulta se realizaría a las autoridades hacendarias. Éstas últimas señalaron en junio, que no se ajustaba a la nueva ley.

De ahí comenzaron especulaciones que mostraban a Ortiz debilitado y, creció el rumor de que en la asamblea de accionistas extraordinaria en la que se reformaron los estatutos, se propondría el relevo de los miembros del CAPS y del presidente del consejo.

Esto no ocurrió; sin embargo, pienso que el CAPS debió llevar el asunto al consejo y sus miembros independientes actuar como tales en defensa de los intereses institucionales de la tenencia tanto minoritaria patrimonial como la bursátil pulverizada, más que buscar dirimir un conflicto entre dos. Esta es una lección indiscutible.

De Fondos a Fondo

Hoy, el presidente Enrique Peña Nieto, en Jalisco, hará un anuncio muy relevante con relación al financiamiento de actividades agropecuarias, pesqueras y forestales.

Si en el país la penetración financiera es un desafío, en el caso del campo es un verdadero drama.

Luis Videgaray, secretario de Hacienda, apoyado en su subsecretario del ramo, Fernando Aportela y el director de la Financiera  Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (lo único que falta es mejorarle el nombre), Juan Carlos Cortés, le han puesto todo el intelecto y, en la primera etapa que hoy se detallará, se conocerá el tamaño de la decisión con crédito a plazos competitivos y tasas competitivas, capital para apoyar el ciclo agrícola, rehabilitación del sistema prendario ligado a almacenes para granos y productos financieros multiciclo, etcétera.

Y otra novedad que será de gran relevancia para el sector privado, dado que tiene que ver con la mesa de legalidad de la Agenda Nacional de Competitividad y Productividad será el decreto que publicará en el DOF el presidente Peña Nieto para constituir la Gendarmería Nacional, como una división de la Policía Federal, que se integra por cinco mil gendarmes que no son ni expolicías ni miembros en funciones de seguridad pública, Ejército ni Armada.

¿Por qué es importante? Porque jugarán un papel relevante en la atención de la infiltración del crimen en ciclos económicos y regiones focalizadas. Por ejemplo: pese a que Tamaulipas ha alcanzado una producción récord de sorgo, no se puede comprar por la penetración que ha tenido todo el ciclo del crimen organizado.

No dude que será uno de los focos a atender por esta nueva división de la Policía Federal. El comisionado de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, ha formado un cuerpo que tomó lo mejor de la experiencia internacional (Estados Unidos, Colombia, Italia y Francia), de hecho entrenó a sus mandos medios allá, pero sobre todo, consideró la realidad del país, para integrarla. No sustituye a ninguna policía, sino que se suma a los efectivos del Sistema Federal de Seguridad que con ellos contaría con 42 mil efectivos y, que debiera en el tiempo cuadruplicar su dimensión para que se pueda, paulatinamente, sustituir esas labores de seguridad pública que realizan las Fuerzas
Armadas.

Y para aquellos que pensaban que se “ahorcó la mula”, le comento que el proyecto de Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario del PRD, que encabeza en el Senado Miguel Barbosa, para el periodo ordinario que arranca en diciembre, recupera completa la agenda de Seguridad Social y destaca el reencauzar la minuta de la Cámara de Diputados para evitar que el fondeo del seguro de desempleo sea a partir del fondo de la vivienda (se acerca a la postura del sector obrero priista); establecer la pensión de adultos mayores en un esquema de financiamiento viable para todos e incluir seguridad social para parejas del mismo sexo.

Lo que seguramente parará la cejas y estirará las pestañas de los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, que encabeza Gerardo Gutiérrez Candiani, es que impulsarán acuerdos para aprobar la reforma al artículo 27 y derogar el artículo 32 de la Ley del Seguro Social, o sea, para que la base de cotización al IMSS sea homóloga al ISR.

Gigante, de Ángel Losada, podría sumar un portafolio de 33 millones de comensales, si no pasa nada raro, a su cadena de restaurantes, si Comercial Mexicana, que preside Guillermo González Nova, se convence con el precio y sistema de pago puesto sobre la mesa. Si no lo logra, sería la segunda ocasión que se queden con las ganas, pues recuerde que buscó los Vips y se los ganó Alsea, que preside Alberto Torrado. Se trata de 69 restaurantes, de éstos 62 son Restaurantes California (RC) y siete Beer Factory, y el precio de la operación ronda los mil millones de pesos.

A la Cómer, le representan 2% de sus ventas totales, para el cierre de 2013 estas unidades le reportaron ingresos por 941.2 millones de pesos, y a Grupo Gigante, que  actualmente tiene 123 restaurantes Toks y 23 Panda Express, ambas unidades de negocio le aportan 14% de sus ingresos totales, que al cierre de 2013 le representaron poco más de dos mil 683 millones de pesos, o sea 35% más de ingresos.