David Páramo

Análisis superior

David Páramo

26 Ago, 2014

Empresa familiar

Hay una convicción entre los funcionarios de Banorte que su gran reto es mantenerse como una empresa familiar, vinculada a la imagen de Roberto González Barrera, quien era más que el principal accionista.

Era una suerte de padre para la institución donde todas las decisiones giraban en torno a su figura. Desgraciadamente para su familia, el país y el tercer grupo financiero del país,  don Roberto ya no está en la tierra aunque se aferren en campañas corporativas a su imagen.

Las empresas familiares, sin importar el tamaño, como Banorte, llegan a un punto de quiebre cuando falta su patriarca. Los herederos inician luchas por ser quienes representen la herencia del que se fue o plantean inyectar una nueva visión al negocio.

Sin embargo, se pasa de una voz única e inapelable a un esquema en el cual adultos tienen que dirimir dinámicas que, en no pocas ocasiones, se remontan a su infancia o a visiones empresariales total y absolutamente divergentes.

La forma en la cual los herederos diriman sus participaciones en la herencia de don Roberto es un tema que única y exclusivamente les corresponde a ellos. Lo que se debe analizar es cómo afectará a este grupo financiero e impacto en dentro del sector.

Básicamente hay dos posibilidades.

La primera de ellas es que se metan, como suele ser en las empresas familiares, en una lucha entre herederos que vaya minándolos y, al tiempo, les distraiga de la función última del negocio.

Estos procesos son altamente desgastantes, pero no son extraños en las grandes empresas mexicanas. Hay varias historias en el pasado reciente sobre las disputas de familias por el control de empresas, básicamente en Monterrey, que incluso pasan por los tribunales.

Tradicionalmente estos procesos terminan en pérdida importante no sólo del capital sino de la potencia de negocios.

El segundo camino que se puede transitar en Banorte es convertirse en una empresa institucional. Entender que figuras como la de don Roberto son irrepetibles dentro del grupo, incluso por las circunstancias en las que se dio su surgimiento y consolidación como empresario.

Si existe humildad para comprender ese punto se puede llegar a un proceso de institucionalización en el cual los herederos se mantengan como accionistas pero que contraten administraciones verdaderamente profesionales.

En este esquema, es mucho más viable el mantenimiento de Alejandro Valenzuela que el de Guillermo Ortiz Martínez quien, por momentos, se vende como si fuera el hijo que siempre deseó don Roberto.

¿Todos?

Como se anticipaba la campaña de amigos de Poncho se lanzó con una gran fuerza repetir la consigna “todos” (sic) los empresarios de Nuevo León quieren a Ildefonso Guajardo como candidato del PRI al gobierno de su estado.

Con más o menos entusiasmo hicieron panegíricos sobre su capacidad como legislador y servidor público, sus reiteradas acciones a favor de la competencia y otros elogios misteriosamente repetidos.

Es difícil saber si el actual secretario de Economía logrará su anhelada candidatura al gobierno de su estado a pesar de que “todos” los empresarios lo quieren, pero sí es un ejemplo de mala estrategia de un servidor público.

Primero. No sólo deciden los empresarios en Nuevo León. Hay muchas otras expresiones en la sociedad.

Segundo. Al decir que “todos” lo quieren se genera una presión innecesaria. Hay empresarios que tienen otras filiaciones políticas o intereses no sólo entre los eventuales candidatos de la oposición sino entre los aspirantes del PRI.

Tercero. Esta campaña debería estar acompañada de la renuncia de Guajardo a la Secretaría de Economía. Como apuntamos ayer debilita la posición que le confirió el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, puesto que no se ve como un interlocutor serio, de largo plazo o interesado en el cargo.

Sus promotores generan una reacción innecesaria, puesto que se dejan de ver sus virtudes reales o supuestas como servidor público o legislador para analizar en él sus posibilidades reales de ser candidato.

Genera, además, la necesidad de realizar una valoración como miembro del equipo de Peña Nieto.

Los secretarios del gabinete no están, como podría pensarse, para cumplir las expectativas de la población sino para los trabajos que le comisiona el Presidente de la República; así, el juicio del jefe del Ejecutivo es inapelable.

Sin embargo, la realidad es que la Secretaría de Economía no puede estar entre las dependencias más destacadas del llamado gabinete económico. Bastaría comparar su desempeño contra las secretarías de Hacienda o Comunicaciones y Transportes.

Vamos, los resultados han sido mejores en las secretarías de Desarrollo Territorial y Urbano o Trabajo que en la propia de Economía.

Si Guajardo no logra por alguna razón la candidatura o no la quiere, se habrá quemado como secretario de Estado.

Puntualizaciones

El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Miguel Ángel Mancera, hace algunas puntualizaciones a lo opinado en esta columna sobre la decisión de la Asamblea de Representantes de la Ciudad de México, y en vigor desde ayer, en torno a lo que han denominado la cobranza ilegítima.

De entrada, establecen que no se trata de mandar mensajes a favor de la cultura de no pago o establecer candados adicionales para la recuperación de créditos a la que tienen derecho los acreedores. De hecho, destacan que se mantienen todos y cada uno de los derechos.

Lo que se busca con esta legislación, aseguran, es vincular tipos como la usurpación de funciones, de profesión o cargos públicos; impedir que la cobranza se realice con base en mentiras o utilización de papeles falsos o apócrifos.

Según los funcionarios del gobierno capitalino lo que se está buscando es frenar acciones de los despachos de cobranza extrajudicial que se hacen pasar por ministerios públicos, funcionarios de juzgados y/o que inventan averiguaciones previas para intimidar a los deudores.

También buscan que las gestiones de cobranza que se realicen en presencia domiciliar o por teléfono se realicen en horarios hábiles y sin incurrir en tácticas que podrían ser calificadas como intimidatorias.

Comprendemos todas las precisiones que hacen los abogados de la capital; sin embargo, reiteramos que el gran riesgo de estos mensajes correctos es que puedan ser enviados con una intención populista que promueva actitudes de no pago que primero van en contra de los depositantes y después de la mayoría de los mexicanos.

Se requiere que los mensajes sean enviados con gran claridad y no se generen falsas expectativas típicas del populismo.

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