David Páramo

Análisis superior

David Páramo

28 Ago, 2014

Discusión descompuesta

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México iba verdaderamente bien al iniciar un debate en torno a los salarios mínimos, puesto que se trataba de una propuesta bien estructurada y que podría sentar las bases para una discusión que no fuera únicamente para incrementar el salario que fija la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos sino, también, de los salarios reales para la inmensa mayoría de los trabajadores.

Sin embargo, hoy que presentará su propuesta parecería que ha cedido ante la tentación de los neopopulistas, puesto que básicamente plantea un incremento automático del salario mínimo a poco más de 80 pesos (la cantidad no se ha definido aún) y posteriormente a 170 pesos, el monto establecido por el Coneval para cumplir con las necesidades mínimas de un ser humano.

Algunos de los argumentos que ha semblanteado Miguel Ángel Mancera para el incremento han cruzado la raya hacia las tierras del populismo.

Primero. Para tratar de argumentar el aumento dice que recientemente se compactaron las zonas de salario mínimo y no tuvo un impacto inflacionario. Desde una posición verdaderamente simple parecería que se puede hacer una extrapolación; sin embargo, se trata de dos procesos económicos diferentes en los cuales la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos reconoció la convergencia de las zonas tanto en productividad como en costo de vida.

Segundo. Ante argumentos como la incapacidad de los patrones, especialmente de micro y pequeñas empresas, para cumplir con el aumento, el Jefe de Gobierno ha deslizado que el gobierno podría dar subsidios a cierto grupo de trabajadores.

No explica de dónde saldrían los fondos para subsidiar el salario mínimo o cómo se establecerían criterios para recibir este subsidio, ni cuáles serían sus montos.

Tercero. Llevar al salario mínimo por decreto (ahí Mancera cayó en una trampa de semilología que analizaremos más adelante) a 170 pesos, porque es el criterio fijado por el Coneval es una imposibilidad, al menos en el corto plazo.

Resulta que este salario, si se considera una familia de cuatro miembros, sería superior al salario promedio de cotización del Instituto Mexicano del Seguro Social, que ronda los ocho mil 560 pesos.

Hasta el momento nadie ha podido dar una explicación convincente sobre la forma de incrementar el salario. Hay una pregunta que revienta los deseos y que no pueden responder ¿de dónde saldrían los recursos?

Es cierto que uno de los mitos urbanos es que los empresarios son muy ricos y pagan poco por un tema cultural o alguna otra situación similar. Se trata de una gran simpleza puesto que desgraciadamente en el país hay pocos grandes empresarios y la mayoría son micro y pequeñas empresas que, en muchos casos, viven al día.

El pago por el salario está regido por la ley de la oferta y la demanda. En este país que tiene un bajo coeficiente de competitividad y productividad, hay más gente que requiere puestos de trabajo que la oferta.

Cuarto. El incremento de los salarios mínimos tiene un elevado potencial de generar crisis económica y repunte de la inflación como lo vivió México durante la década de los ochenta. Las carreras precios contra salarios siempre son ganadas por los primeros ya que tienen una gran posibilidad de ajustarse a las condiciones cambiantes.

Si se analiza qué ha pasado con el salario mínimo fijado por la Consanami resulta que durante los últimos tres sexenios ha registrado una recuperación. No discutiré si es poca o si durante los últimos 30 años ha perdido más de 70% de su capacidad de compra.

El hecho, indiscutible desde la parte de los números, es que durante los últimos años el incremento de este salario se ha ubicado por encima de la inflación y eso ha permitido una recuperación.

Si se mantuviera el control sobre la inflación y la comisión que encabeza Basilio González siguiera esta política, en el largo plazo o algo así como 30 años la capacidad de compra se recuperaría.

Populistas

Cuando se establecen estos argumentos económicos surge una reacción de descalificaciones fáciles que comienzan por preguntar el salario de quien no está a favor del salario digno o de los legisladores, miembros de la Consanami y otras frivolidades.

También se dice que quienes sostienen estas posiciones están en contra de la clase trabajadora y barbaridades similares. No vale mucho la pena detenerse en esos estereotipos que parecen sacados de los cartones de Abel Quezada.

Hay hechos económicos que no son populares para las buenas personas, pero que curiosamente les evitan problemas mayores. La inflación daña mucho más a quienes menos tienen y aumentar por decreto el salario mínimo causaría ese efecto por más que algunos no los quieran ver.

El Jefe de Gobierno comete un error estratégico cuando se pone el saco de los populistas. No es lo mismo su ofrecimiento de un debate como lo hizo desde el primero de mayo, que el ridículo populista que hace Acción Nacional, bajo las órdenes de Gustavo Madero, quien anda montado en el tren de la irresponsabilidad económica.

El Jefe de Gobierno dice que la decisión que se tome será por decreto. Evidentemente es una discusión que tiene que ver con la semiología. Claro que la acción de gobierno sería un decreto y de ahí que en esta columna digamos que no es lo mismo hacerlo como parte de un acto de reflexión entre todos los sectores que por una decisión política.

Quienes hablan de aumento por decreto se refieren a Morena, PRD o PAN que plantean un aumento directo, automático y sin discusión, porque les parece cool.

No puede un político serio decir que si ver por la gente se le tildará de populista está bien. Los populistas son irresponsables y deberían ser juzgados por crímenes en contra de la población para la que dicen trabajar.

El gran elemento que aportó Mancera a la discusión del salario mínimo fue establecer que no se puede seguir usando al salario mínimo como referencia para multas, precios, aportaciones a partidos políticos y hasta cuotas de los créditos del Infonavit.

Ése sería un gran paso para, después, avanzar hacia una reforma laboral que permita el incremento de la productividad y, por lo tanto, de los salarios reales.

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