TDT: reto en materia de inclusión financiera

El jueves pasado, el pleno del IFT, que preside Gabriel Contreras, aprobó la nueva Política para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), que establece las directrices que deben seguir los concesionarios y permisionarios de este servicio para concluir la transmisión de las señales de televisión analógica a más tardar el 31 de diciembre de 2015, cambio que contiene un elemento novedoso.

Aunque hay que esperar a su publicación en el DOF, una de las definiciones más claras fue que todos los emisores de señales de televisión abierta deben migrar al estándar digital y transmitir completamente su contenido en él a más tardar en agosto del próximo año, con lo que habría tiempo suficiente para probar que la señal esté siendo emitida antes de continuar a apagón de la señal analógica.

El problema es que no todos los concesionarios regionales y estatales tienen los suficientes recursos de capital para transitar hacia la digitalización, por lo que el pleno decidió que si bien todos tienen la obligación de transmitir con calidad HDTV la programación en el canal principal que les fue asignado para ello y, también hacerlo si deciden hacer multiprogramación, en los casos que se justifique que hay un impedimento económico real para realizar su proceso de transición y previa solicitud del permisionario o concesionario de uso social o público, podrá exentar de la obligación de cumplir.

El asunto es que como organismo autónomo, el IFT podría sugerir al Congreso justo ahora, el que la Secretaría de Hacienda, que encabeza Luis Videgaray, y realizando una evaluación anticipada de que permisionarios o concesionarios de televisión social enfrentan una condición de insuficiencia de recursos para transitar el cambio tecnológico, para que Nafin o Banobras (si son estatales o universidades públicas), puedan facilitar financiamiento a tasas inferiores a un dígito y plazo suficiente.

Si lo pueden hacer para renovar la flota pesquera en Financiera Rural, no creo que Jacques Rogozinski carezca de imaginación para lograrlo en un caso como éste, pero creo que alguien debiera pedirlo. Tal vez, dado que también es autoridad responsable, lo podría plantear el subsecretario de Comunicaciones, Ignacio Peralta. ¿No cree?

De Fondos a Fondo

El presupuesto federal propuesto por el presidente Peña para 2015, incluye una partida de 16 mil millones de pesos para las obras del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, y este año, el Grupo Aeroportuario Ciudad de México (GACM), que encabeza Manuel Ángel Núñez Soto, ha tenido una asignación entre recursos de Fonadin-Hacienda y reasignaciones por cerca de cuatro mil millones de pesos contra presupuesto 2014.

Ayer me preguntaba cómo estaba organizado el GACM, pues se había emitido información poco precisa. Tal como le comenté, el grupo existía en cascarón y es el tenedor de 99.9% de las acciones del AICM, que dirige Alfonso Sarabia, pero Manuel Ángel no es su jefe “formalmente”.

Lo que sucede es que se aprovechó el cascarón administrativo para cumplir con los criterios de austeridad de la Ley de Presupuesto y Cuenta Pública y porque da la casualidad que en los estatutos de los grupos aeroportuarios que fueron aprobados en 1998, está incluida la posibilidad de operar y construir aeropuertos.

Hasta ahora y evidentemente deberá aumentar su estructura, está siendo alojado en el edificio que comparten la Coordinación de Puertos y la DGAC de la SCT, y además de Manuel Ángel están Federico Patiño, que ha sido presentado como director corporativo de Finanzas; Raúl González, que tiene la dirección corporativa Técnica; Carlos Noriega, la de Administración y, José Luis Romo, la de Planeación.

Este equipo es el que ha estado preparando las licitaciones de proyectos ejecutivos y de primeras obras que se efectuarán en octubre. Algunas serán obras que les tomarán tres o cuatro meses, que tienen que ver con vialidades de acceso y también la construcción de la barda perimetral, además de movimientos de tierra.

Enmallar es fundamental para que comiencen los trabajos de mecánica y reahabilitación de suelos, pero también para evitar que los “amantes del machete” pretendan invadir las zonas que tienen mil 700 hectáreas de humedales y que asegura que se mantiene el Lago Nabor Carrillo, aumenta en mil hectáreas más la zona lacustre además de rehabilitar los lagos que colindan con Texcoco, como el de Zumpango, pues uno de los estudios en los que se invirtió fue en el de realizar una obra que cumpla con los estándares técnicos y medioambientales que exige el Centro Corporativo MITRE para el Desarrollo de Sistemas de Aviación Avanzada, que asesora a la FAA.

Fibra Macquarie México, que encabeza Jaime Lara, arrancó su roadshow para mostrar a los potenciales inversionistas por qué es una buena opción. Su follow on está previsto para el 15 de septiembre.

Va por 587 millones de dólares (mdd) para salir de compras y ampliar el portafolio de propiedades industriales y comerciales; para lo cual lleva como agentes colocadores en México a Bank of America, que dirige Luis Hernández Rangel; JP Morgan, que encabeza Eduardo Cepeda Fernández; BTG Pactual, que comanda Javier Artigas, y Morgan Stanley, que dirige Jaime Martínez-Negrete; en los mercados internacionales sume a Itaú BBA, que preside Candido Botelho Bracher.

Comprar más es lógico si considera que el mercado inmobiliario institucional en calidad de renta en México es de 72 mil mdd y, de éste el segmento industrial es el de mayor valor con 30 mil mdd, seguido de oficinas con 25 mil mdd y en tercer lugar el de oficinas con 17 mil mdd.

Macquarie, calcula que entre ellos y los demás fibras (Fibra Uno, Terrafina, Vesta, Fibra Prologis, Fibra Danhos y Fibra Shop), al 30 de junio, son dueños de 17 mil mdd de propiedades inmobiliarias, es decir apenas una cuarta parte del mercado.

Además, el mercado se puede “aflojar” porque desarrolladores y varios fondos de capital privado necesitarán pronto salir de sus inversiones y reciclar capital. Calcule que los fondos de capital privado en México administran activos del mercado inmobiliario por 21 mil 600 mdd al cierre del 2013, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap), que preside Antonio Ruiz Galindo.

Además, establece que existe un número importante de propiedades en manos de familias y corporativos que no se consideran en la bolsa de los 72 mil mdd, lo que es una clara oportunidad de transacciones con arrendamiento posterior.