Marco legal de la política industrial

El 6 de octubre, a más tardar, se supone que el presidente Enrique Peña debiera presentar el proyecto de iniciativa de Ley de Competitividad y Productividad, como se establece en el Plan Nacional de Desarrollo.

Se trata de la iniciativa de ley reglamentaria de los artículos 25 y 26 constitucionales, en materia de competitividad y productividad, y al mismo tiempo, también va a presentar una iniciativa que reformará la Ley General de Planeación Hacendaria para ponerle un alto a la dispersión programática del gasto público.

El objetivo principal de la primera será definir y establecer a la competitividad y la productividad como ejes centrales de la política de fomento económico del Estado mexicano, a partir de un marco institucional permanente que permita dirigir los recursos de fomento y hasta subsidios, a las áreas o regiones económicas para elevar su capacidad productiva y de competencia.

Su contenido, tanto para el impacto sectorial y regional, se ha ido definiendo en el seno del Comité Nacional de Productividad, en el que participan representantes de los sectores público, privado, sindical y académico para la generación de políticas públicas y proyectos en esta materia.

El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dio una probadita de lo que se trata con esta ley, cuando anunció las acciones de cuotas compensatorias y acciones para evitar la introducción ilegal de zapato en México, acompañadas de estímulos para mejorar la productividad y modernización de la industria y su cadena de valor, pero como dijo el presidente de la Comisión de Competitividad, Adolfo Orive Bellinger del PT, se trata de hacerlo general, no
casuístico.

Se supone que la iniciativa rescatará la capacidad del Estado de usar políticas deliberadas de fomento para sectores estratégicos de la economía, con el propósito de aprovechar el potencial y las capacidades productivas de las regiones, y al acompañarse de la reforma a la ley de planeación, facilitar la consolidación de instrumentos presupuestales y fondos que a ellos se afectan, para dirigirlos en apoyo de esos sectores productivos.

De Fondos a Fondo

Si, ayer se dieron a conocer las asociaciones de Pemex, que dirige Emilio Lozoya, con ICA Flúor Daniel, Técnicas Reunidas, Samsung Engineering, Foster Wheeler-USA Corporation y ACS/Dragados/Cobra, por cinco mil 560 millones de dólares, para la modernización de las seis refinerías del país, incluyendo las reconfiguradas en el pasado, para finales de la semana que entra, la inversión que anunciará la paraestatal será de más de diez mil millones dólares.

Grupo Promecap, que preside Fernando Chico Pardo, va por un nuevo CKD con el que pretende levantar capital por tres mil 500 millones de pesos (mdp) a diez años, de los inversionistas institucionales y participantes de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que dirige Luis Téllez.

La llamada inicial de este nuevo instrumento sería de 700 mdp la Casa de Bolsa BBVA Bancomer de Grupo Financiero, que preside Luis Robles Miaja, es el colocador del instrumento, que tiene por referencia evolución del portafolio de 12 inversiones que ya tiene el primer CKD lanzado en 2010 por dos mil 503 millones de pesos y cuyo valor actual es de dos mil 739 millones de pesos. Aún le queda 12% de recursos del primer instrumento.

Promotora de Capitales (Promecap) es algo más que sus CKD, pues es una de las corporaciones de capital inteligente que desde su fundación en 1997 por Chico Pardo, acumula 44 proyectos por un valor aproximado de 12 mil 500 mdp, invertidos 44% en infraestructura, 18% en cartera crediticia, bienes raíces con 11%, servicios financieros con 11%, agroindustria con 7%, y en menor medida ha participado en sectores como industria manufacturera, comercio, energía y servicios.

Además de la consolidación de su inversión en Asur, el grupo aeroportuario del que menos se quejan las líneas aéreas en México, Chico Pardo ha estado muy activo desde que no pudo quedarse con 23% de las acciones de Gruma.

Al inicio de este año adquirió 49% de las acciones de FRS Capital Corp, tenedora de Carrix- SSC, el operador privado de terminales portuarias y ferroviarias más grande del mundo.

Recordemos también que en noviembre del año pasado, en el marco de la operación cicatriz en la relaciones con Francia, el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, se reunió con empresarios franceses para presentarles un fondo de inversión para impulsar el desarrollo de la industria aeroespacial en nuestro país, a través de financiamiento para establecer plantas productivas, el principal promotor de ese fondo es nada más y nada menos que Promecap.

Macquarie aplaza … ¡otra vez! Le comento que el Fondo de Infraestructura Macquarie México, que preside Jonathan Davis Arzac, retrasó de nuevo la decisión para participar en la construcción del parque eólico de 396 MW en Oaxaca del Consorcio Mareña Renovables. La inversión de Macquarie es de 32.5% del total del proyecto, en pesos ese porcentaje ronda los mil 100 millones de pesos (mdp).

Como ya le informado, los socios del proyecto son Mitsubishi Corporation, que globalmente preside Ken Kobayashi, y el tercer socio es el fondo de pensiones holandés PGGM, que comanda Else F. Bos; ambos con 33.75%; el comprador de la energía es la cervecera Heineken, que en México preside Marc Busain.

La definición de Macquarie se esperaba para el 17 de septiembre, pero la nueva fecha se retrasó para el 31 de octubre, y es de verdad muy lamentable que se frene esa inversión, por la falta de apoyo de la Sedatu, de Jorge Carlos Ramírez; de la Sener, que lleva Pedro Joaquín, y del gobierno de Oaxaca, que encabeza Gabino Cué, porque todos ya tienen sus pagos, pero no hacen nada para resolver los conflictos entre ejidatarios que impiden el arranque del proyecto.

Recordemos que un grupo de ejidatarios pertenecientes a la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco no deja entrar a los terrenos de la Barra de San Dionisio donde se construiría el parque eólico, y a pesar de que Mareña Renovables ya pagó impuestos estatales y municipales y, desde hace cuatro años cubrió la renta a los indígenas ikojts (huaves) propietarios de las tierras donde se instalarán los aerogeneradores del parque eólico, ni les devuelven el dinero, ni las instancias estatales o federales hacen nada para revolver la indefensión jurídica de estos inversionistas. Simplemente lamentable, pues ¡magine que se trata de un campo de gas shale!