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CIUDAD DE MÉXICO.- Sin garantías de que funcionará y a riesgo de que el país quede aislado del sistema financiero internacional, el Congreso de Argentina aprobó ayer una ley para reestructurar deuda soberana –pese a que viola las cláusulas de los contratos previos firmados con tenedores de bonos– en un intento por darle la vuelta a la orden de un juez federal estadunidense que obliga al país a pagar por igual a acreedores reestructurados y no reestructurados.
Después de casi 16 horas de debate, los diputados aprobaron la iniciativa del gobierno por 134 votos a favor y 99 en contra. El Senado había avalado el proyecto la semana pasada.
La norma permitirá a Argentina pagar en Buenos Aires o en ciudades fuera del alcance de la justicia estadunidense su deuda emitida bajo leyes extranjeras, que ronda los 29,000 millones de dólares.
Además abre la puerta para que los acreedores externos canjeen sus títulos emitidos bajo leyes foráneas por otros papeles bajo jurisdicción del país sudamericano o Francia.
"La votación implica mayoría absoluta y ratifica una clara posición: los que votan a favor están en defensa de la soberanía del país y los que votan en contra están de acuerdo con lo que proponen los fondos buitres", dijo el jefe de Gabinete Jorge Capitanich a periodistas.
Argentina cayó a fines de julio en default (cese de pagos) luego que sus acreedores no recibieron un pago parcial debido a que el juez de distrito de Nueva York, Thomas Griesa, bloqueó el proceso de transferencia del dinero hasta que el país pague 1,500 millones de dólares que adeuda desde 2002 a fondos de cobertura que no renegociaron.
La nación sudamericana logró renegociar con fuertes quitas la mayor parte de su deuda en default en 2005 y 2010, pero una minoría de acreedores liderados por fondos que Argentina considera "buitres" reclama el pago total de los bonos.
"Griesa es un hombre malo, un hombre senil, que dicta sentencias incorrectas, como mínimo", dijo durante el debate la líder de la bancada de diputados oficialistas, Juliana di Tullio, en referencia al magistrado de 83 años.
El nuevo cese de pagos llega en un momento delicado para la tercera economía latinoamericana, que este año puede contraerse por primera vez en más de una década, asfixiada por una de las tasas de inflación más altas del mundo, baja inversión y desconfianza de los consumidores.
Posibles obstáculos
La nueva ley, que según Griesa viola sus órdenes, podría resultar ineficaz debido a problemas legales para implementarla y el escepticismo de los inversionistas.
"La propuesta enfrenta varias dificultades", dijo Alejo Costa, estratega en jefe del banco local Puente. "No esperamos una tasa de participación significativa, aunque el Gobierno enviará finalmente la señal que busca. Según su visión, ellos están haciendo lo que pueden para hacer el pago".
Si los bonistas se niegan a participar del canje, el Gobierno aún tiene la esperanza de que logrará reemplazar al Bank of New York Mellon como agente de pagos por Nación Fideicomisos, una unidad del estatal Banco Nación.
Pero Nación Fideicomisos no cumple con los requisitos estipulados en los contratos de los bonos para encargarse de administrar su pago, como el de tener una licencia de operación en Nueva York.
La oposición a la presidenta Cristina Fernández utilizó ese argumento para votar en contra del proyecto en la Cámara baja.
"En nuestro criterio no se cumple con la cláusula (...) que establece los requisitos del domicilio y del capital del fondo" fiduciario, dijo en un discurso el diputado Mario Negri, jefe de la bancada de legisladores de la Unión Cívica Radical.
Bajo los términos del contrato de los bonos, el agente de pagos debe poseer un capital de al menos 50 millones de dólares y tener una oficina corporativa en Manhattan que opere bajo la ley estadunidense. Nación Fideicomisos no cumple con esos requisitos.
Inconsistencias
Pese a las inconsistencias y las dudas, la estrategia del gobierno es contar con una herramienta que le permita depositar unos 200 millones de dólares por el cupón del bono Par que vence el 30 de septiembre.
Si esos fondos no llegan a los acreedores, como sucedió con el Discount, el Gobierno volverá a argumentar que cumplió con sus obligaciones y que los fondos depositados en el agente fiduciario le pertenecen a los bonistas.
Ahora las miradas están sobre cómo
reaccionarán las entidades de clearing, que junto con el agente fiduciario son partes clave del proceso de pago de los títulos.
Las posibilidades de que alguna de ellas solicite a Nación Fideicomisos la transferencia de los fondos que le corresponden a sus clientes son bajas, porque todas tienen sede u oficinas en Estados Unidos y Griesa les advirtió que las consideraría en desacato si colaboran con Argentina.
El gobierno dijo que está abierto a recibir propuestas de bonistas sobre otros potenciales agentes de pago o casas de clearing si están fuera de la jurisdicción de Griesa.
El magistrado bloqueó en junio los pagos de los bonos globales argentinos bajo ley estadounidense que el país emitió para reestructurar su deuda tras su default del 2002 hasta que compense con 1.330 millones de dólares más intereses a los fondos de cobertura liderados por NML y Aurelius.
La orden del juez, que Argentina dice es imposible cumplir porque la dejaría expuesta a demandas de acreedores con deuda reestructurada, también afectó el proceso de pago de los bonos emitidos en euros y yenes.
Dudas en el equipo
de gobierno
La presidenta Fernández ha acusado a Griesa de excederse en sus atribuciones y de violar la soberanía del país. La mandataria había anunciado el mes pasado el proyecto de ley para reestructurar la deuda como una manera de sortear el fallo.
Pero el ministro de Economía, Axel Kicillof, reconoció el martes que los acreedores tienen poco apetito por el nuevo canje de deuda.
"Sobre el canje (...) las partes que tienen alguna relación con la jurisdicción estadunidense podrían no estar dispuestas a cooperar con Argentina debido a las órdenes del juez Griesa que dijo que el canje era ilegal", dijo Ignacio Labaqui, un analista local de la consultora Medley Global.
En tanto, la crisis ya está afectando a la tercera economía latinoamericana.
