Legislan uso de seguros, pero las personas no acatan

CIUDAD DE MÉXICO.- En México existen más de 500 disposiciones en la legislación que obligan a las personas y comercios a contratar un seguro, aunque en la práctica no se haga efectiva su aplicación, y sobre todo, no se castiga su incumplimiento, comentó Luis Álvarez, director de Daños y Autos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Explicó que en muchas ocasiones estos seguros ni siquiera son un producto que ofrezcan las compañías porque en su elaboración no se les tomó en cuenta y sólo fueron incluidos dentro de códigos y reglamentos, tanto federales como locales, por “capricho” de algún legislador.

El sector detectó, por ejemplo, que dentro de la ley se les exige a talleres mecánicos contar con una póliza de responsabilidad civil que ofrezca cobertura para casos como sufrir un percance durante alguna prueba; seguros para guarderías e incluso ambientales.

Lo que pasa en estos casos, dijo, es que durante un periodo legislativo se aprueban la entrada en vigor de este tipo de seguros, pero a nadie se le informa y con el cambio de sexenio se quedan en el olvido aunque siguen considerados dentro de la ley.

“El principal problema que vemos es que la autoridad lo pone dentro de la ley, pero no supervisa su cumplimiento”, sostuvo Álvarez.

En el caso del seguro ambiental, es un producto al que se obliga su contratación en la Ley General de Equilibrio y la Protección al Ambiente, pero del que ya no se emitió reglamentación, ni tampoco se ha instrumentado.

Diferencias

Dijo que en muchos casos son repetidos el seguro obligatorio que se encuentra en una ley federal a lo que se encuentra en la reglamentación local; sin embargo cambian las sumas aseguradas.

“Hay muchos repetidos, son diferentes lo de un municipio a otro, ninguno tiene sumas aseguradas, incluso se confunden términos, como por ejemplo, el seguro, con un fondo, póliza o garantía”, destacó.

En el caso del seguro obligatorio para automovilistas, a nivel local, 14 entidades exigen contar con él; sin embargo en ninguno se aplican sanciones a quienes no lo tienen, lo que convierte a esa norma en “letra muerta”.

“Los accidentes viales le cuestan a la sociedad y al gobierno, obligar a los conductores es una medida no muy popular por lo que los gobiernos prefieren recabar impuestos para pagar estos costos, pero hay una parte de la población que no tiene cobertura y cuando alguien queda incapacitado hay mucho dinero que tiene que invertir en varios temas, desde reacondicionar su casa, hasta contratar enfermeros.”

Disposiciones claras

La AMIS detectó toda esta serie de irregularidades a través de una exhaustiva revisión en la legislación mexicana para conocer en cuántos y qué casos se obliga a contratar un seguro.

Derivado de los hallazgos, el directivo del organismo expresó que se reunirán con diferentes autoridades para intentar “poner orden” para modificar y estandarizar las pólizas que actualmente existen en el mercado.

El ejecutivo comentó que muchas de las coberturas que exige la ley podrían ser mediante la contratación de un seguro de responsabilidad civil.

Sin embargo, se tienen entre 15 y 20 versiones de ese producto, por lo que se requiere una póliza uniforme que permita comparar lo que se está contratando.