¡Caso Carpinteyro… sería de risa loca!

El viernes pasado corrió como reguero de pólvora que un “consorcio” integrado por Alcatel-Lucent y Ericsson entregó a la SCT, de Gerardo Ruiz Esparza (mientras él estaba con todos sus subsecretarios en Mérida, Yucatán), una propuesta para ser operador de la red mayorista del estado que mandató la Constitución y la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Más allá de si la propuesta fue asesorada o no por proveedores de tecnología como Alcatel-Lucent y Ericsson, la noticia aparentemente confirmada por la SCT, induce que el grupo que presenta la propuesta no solicitada, no tiene socio industrial y tampoco financiamiento, pero busca aprovechar “las ventajas que puede conseguir” un postor, acorde a la Ley de Asociaciones Público-Privadas, porque se presenta como propuesta “voluntaria” para desplegar la infraestructura, con el objeto de que  “se les adjudique” sin licitación, o con “licitación pero con ventaja”.

No conozco el contenido de la propuesta, pero el notición incluyó entre los inversionistas “cerebro” están Juan Ludlow y a Mony de Swaan, y aunque ambos cumplieron la semana antepasada un año de haber salido de Cofetel y estarían liberados del “sabático laboral en el sector supervisado o regulado” que impone la Ley de Responsabilidades, tendrían un severo conflicto de interés tanto por su intensiva participación y el conocimiento detallado de la definición inicial, la negociación política y, hasta la forma en que se empujó en el PAN y el Pacto por México a través de Juan Molinar. Si es así, ¡seguro que el escándalo que involucró a Puri Carpinteyro, parecerá de risa loca!

Juan Ludlow Saldívar trabajó durante 11 años como alto directivo de Telmex y después de ocupar diversas posiciones en Cofetel, donde concluyó como coordinador de asesores de De Swaan y, éste último, es a quien públicamente y desde la presidencia de Cofetel, se le considera el “ideólogo” de esa red.

Esto porque sin aprobación del Pleno,  fue quien contrató a la consultora McKinsey por 10 millones de dólares para que le realizara un proyecto detallado de cómo debería operar una red mayorista las características que el subsecretario de Comunicaciones, Ignacio Peralta ha ido esbozando, y por el cual se elaboró el documento denominado “Opciones regulatorias para el uso óptimo de la banda de 700 Mhz en México”, que todavía se puede consultar en la página del IFT.

Insisto. Sus excompañeros de Pleno revelaron que todo lo llevó a cabo actuando por su propia iniciativa como presidente de la Cofetel, porque nunca se los informó ni lo aprobaron y, en su momento, muchos actores —debo decir que a mí me parecía paranoico— decían que era porque ambos preparaban su negocio para el futuro.

Y si estos son los “inversionistas privados”, que pretenden participar directa o indirectamente con este consorcio, pues de una vez hay que buscar chamba en el gobierno para hacerse del negocio privado que dejará a los nietos y bisnietos. Este no es un tema de sabático profesional, sino sería de escándalos mayúsculos.

El sospechosísmo rampante obedece a que en el artículo 31 de la Ley Federal de Asociaciones Público Privadas, se establece que “el promotor que presentó la propuesta con base en la cual se realiza el concurso, tendrá un premio en la evaluación de su oferta, que se establecerá en las bases y que no podrá exceder del equivalente a un diez por ciento en relación con los criterios señalados para adjudicar el contrato”. “En el evento de que en el concurso sólo participe el promotor, podrá adjudicársele el contrato, siempre que haya cumplido con todos los requisitos previstos en las bases del citado concurso” (Sic).

De Fondos a Fondo

Le cuento que la semana pasada llegaron a la Cofemer que encabeza Virgilio Andrade, los primeros anteproyectos de los reglamentos que regirán el funcionamiento del renovado sector energético de nuestro país, así como sus respectivas manifestaciones de impacto regulatorio (MIR).

El primero es el Reglamento de La Ley de Hidrocarburos y el Segundo pretende reglamentar las actividades del artículo 48 de la Ley: refinación de petróleo; procesamiento de gas natural; exportación e importación de hidrocarburos y petrolíferos; transporte, almacenamiento, distribución, compresión, descompresión, licuefacción, regasificación, comercialización y expendio al público de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, así como la gestión de sistemas integrados.

Además del artículo 49, que precisa sobre el otorgamiento de permisos para comercializar hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos en territorio nacional.

Le doy un detalle del interés. En la Secretaría de Energía, que encabeza Pedro Joaquín Coldwell, calculan que en los siguientes cinco años, se recibirán 14,930 solicitudes para obtener permisos para llevar a cabo las actividades de los artículos 48 y 49.

De éstos, la gran mayoría (11,661) serán para venta al público de petrolíferos, y 2,800 para venta al público de Gas LP mediante estación de servicio multimodal.

También estima que se se inviertan 46,609 mdp en la cimentación de una nueva refinería, 801 mdp en la construcción de un centro de procesador de gas natural, y que los ingresos por ventas de Gas LP sumen 82,260 mdp.

Aparte calcula que el incremento de 2% en las ventas de Gas LP le darán ingresos por otros 1,645 mdp; con lo que la suma de las inversiones esperadas entre 2015 y 2018 será por 131,314 mdp.

Por cierto, que ya llegaron a la Cofemer tres opiniones en torno a este anteproyecto de reglamento. Anote usted a la Asociación de Distribuidores de Gas LP que preside Luis Landeros Martínez, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP, presidida por Octavio Pérez Salazar, y la Cámara Regional del Gas cuyo presidente es Cuauhtémoc Cárdenas Blancarte. Las tres para solicitar la ampliación de la consulta de 20 a 30 días hábiles,  por la complejidad del tema y el impacto previsto para sus asociados. El costo regulatorio que estima la Sener en cinco años, asciende a 4,973 millones de pesos (mdp).

En contraparte, en la MIR del resto de la Ley de Hidrocarburos, en específico al otorgamiento de los permisos para autorizaciones de reconocimiento y exploración superficial y autorizaciones para perforación de pozos el costo se establece en 7,128 pesos, mientras que las visitas de verificación se tasan en 26,572 pesos y la evaluación de impacto social en 100 mil pesos. Pero la Sener aclara que estos montos se calcularon con base en el costo de los trámites antes de la aprobación de la reforma constitucional en materia de energía, por lo que no necesariamente servirán para establecer el costo final de los trámites contemplados en el reglamento.