Escandalo en 700 MHz

Si usted leyó ayer la columna de mi admirada compañera Alicia Salgado, seguramente comenzó a sentir que las sospechas que muchos tenían sobre la actitud de Mony Sacha de Swaan y Juan Ludlow sobre la banda de 700 MHz comenzaban a confirmarse.

La columnista publicó: “El viernes corrió como reguero de pólvora que un ‘consorcio’ integrado por Alcatel-Lucent y Ericcson entregó a la SCT, de Gerardo Ruiz Esparza (mientras él estaba con sus subsecretarios en Mérida, Yucatán) una propuesta para ser el operador de la red mayorista del Estado que mandató la Constitución y la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.” Dice que la propuesta tiene como “inversionistas cerebro” a Mony Sacha y Ludlow.

A contrapelo de la posición mayoritaria de los comisionados de la Cofetel, el último presidente de ese organismo se esforzaba en que esta banda fuera entregada por asignación directa a través de figuras que iban no sólo en contra de la práctica internacional sino también en contra del mejor interés del Estado puesto que en lugar de subastarla se entregaría a un consorcio.

De hecho, quienes estuvieron cerca de las negociaciones tanto de la reforma constitucional y de las leyes secundarias, señalan que existía una obsesión por parte de ciertos sectores del PAN y del PRD (asesorados por Mony Sacha) de que esta red fuera entregada directamente a un solo consorcio en condiciones mucho más que favorables, tal y como quedó en los textos aprobados.

Funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de Hacienda coinciden en señalar que se trata de un esquema altamente ineficiente y complicado, puesto que va en contra del mejor interés del gobierno de maximizar los bienes que son propiedad del estado.

La práctica internacional es que esta red sea subastada no sólo para maximizar los ingresos para el erario sino también para evitar suspicacias que un bien tan altamente rentable e importante para la competitividad se entregue a un grupo que, como plantea Salgado, está manchado por una gravísima sombra de duda.

El candado constitucional es tan grande que en el paquete económico que la Secretaría de Hacienda está pidiendo en derecho algo así como 60% del valor de mercado de esta red.

Seamos particularmente puntuales. Se trata de la banda con la mejor penetración y propagación por lo cual en el mundo los diversos concesionarios están ofreciendo cantidades verdaderamente elevadas. México es el único país del mundo que está “regalando” este valioso activo.

Diversos funcionarios del equipo de Luis Videgaray han manifestado en privado que se está cometiendo un error, puesto que tienen que subvaluar los ingresos que recibiría el Estado por un bien público que hoy tiene un valor verdaderamente elevado.

Entre los funcionarios de la SCT también hay una gran molestia, puesto que lo menos que dicen es que se trata de un galimatías lo que quedó en la Constitución y sus leyes secundarias, de tal modo que tienen gravísimos problemas de operación.

Un dato muy revelador es que no está planteado en la propuesta de Ley de Derechos la banda de 2.5 GHz, es decir, que no habría intención o posibilidad por parte de la dependencia que encabeza Ruiz Sacristán.

Es difícil comprender por qué diversos grupos presionaron para que una de las bandas más eficientes del mundo y que, por lo tanto, tienen un valor verdaderamente elevado se plantearon entregar en asignación directa a un consorcio un activo tan importante.

Seguramente habrá quienes le tiren el rollo de la sociedad civil y la conectividad cuando, en realidad, se trata de un negocio en el que, como apunta mi compañera de Excélsior, haría ver el intento de Purificación Carpinteyro de sacarse la lotería un juego de niños si Mony Sacha y su escudero fueran el “cerebro” del consorcio que quiere, casi regalada, la banda de 700 MHz.

Si las intenciones del consorcio Lucent-Alcatel y Ericcson quizá lo primero que deberían hacer sería deslindarse de personajes de pésima reputación y que, como viven juzgan.

Nextel

Hay quienes consideran que los problemas de Nextel México comenzaron cuando NII Holdings se acogió al proceso de suspensión de pagos establecido en la ley de quiebras de Estados Unidos.

La realidad es que esta empresa enfrenta gravísimos problemas en México debido a su grave falta de competitividad. De acuerdo con cifras públicas esta empresa ha perdido en los últimos meses una cuarta parte de sus clientes, si lo prefiere, disminuyeron desde 4 a 3 millones de clientes.

De ninguna manera pueden justificar esta caída en sus clientes por las dudas que pueden existir sobre la matriz en Estados Unidos que se encuentra en una situación de reestructura de deudas.

La caída en clientes está vinculada directamente a los problemas tecnológicos de una compañía que, aun cuando lo traten de revertir en su publicidad, tenía como activo el radio que ha perdido utilidad ante otras formas de comunicación.

Los precios de Nextel son un segundo factor en el cual Nextel perdió competitividad, puesto que se encuentran muy elevados en contra de competidores que ofrecen más y mejores servicios.

En tercer lugar, pero no menos importante, está la calidad del servicio que se desplomó de una manera alarmante durante los últimos años, al grado de que son comunes las disputas en la Profeco entre clientes que acusan a la telefónica de prácticas abusivas.

Habrá que estar pendientes mucho más allá que del futuro de la empresa, del destino que tendrán sus clientes quienes, según parece, son lo menos importante.

Dolor

Es claro que a Germán Larrea y sus principales directivos no les importan las personas ni los daños que puedan causarles. Una de las constantes para Grupo México ha sido presumir, directa o indirectamente, que el ecocidio causado en Sonora no ha afectado el valor de sus títulos. No ha faltado el porrista que diga que hasta han subido a pesar del daño ecológico.

Ayer la cotización de GMéxico cayó casi cinco por ciento porque se están acumulando los indicios de que la empresa tiene muchos más problemas de los que reconocen y que el costo será mucho mayor del que han reconocido.