Jesús Alberto Cano Vélez, concluyó su responsabilidad como presidente de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, A. C.

Cuando iniciábamos, en 2010, la campaña para ganar la titularidad de El Colegio Nacional de Economistas, A.C., que dos años después convertimos en la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, A.C., estábamos muy preocupados porque México llevaba tres décadas con una economía casi estancada, por crecimientos de poco más del 2% anual y elevadas inflaciones.

Comparaba desfavorablemente con el medio siglo que le antecedió, registrando crecimientos de 6% anual, en promedio en el PIB real. A esa época se la conocía como “el milagro mexicano.”

A la vez, observábamos que la mayoría de los países latinoamericanos, liderados por Brasil, estaban registrando crecimientos constantes a ritmos que se aproximaban a los de México, en sus mejores tiempos. 

Era evidente que las cosas en nuestro país no estaban marchando bien; nuestra presencia internacional había declinado, como lo reflejaba el no formar parte del grupo de países en desarrollo, considerados exitosos y sólidos, que lo formaban Brasil, Rusia, India y China.  Eran conocidos como el “BRIC”, pero se escribía sin la M de México.

Decidimos, por tanto, plantear como tesis principal de nuestras convicciones, la aplicación de políticas públicas que reactivaran la economía, para lograr el retorno a crecimientos mayores.

Considerábamos ese objetivo, como imprescindible para propiciar una mejor calidad de vida a los mexicanos, con la generación de empleos bien remunerados, en un proceso que llevaría a México a gozar, de nuevo, de un ambiente económico bonancible.

Luego, también apreciábamos que la banca de desarrollo y los fideicomisos financieros de fomento no se habían fortalecido ni renovado, no obstante que habían entrado en crisis a finales de los 70, por sus prácticas laxas. Los que quedaban se dedicaban esencialmente a conceder créditos de corto plazo y no promovían ya proyectos de trascendencia nacional, como en el pasado.

Mientras tanto, la banca comercial estaba viviendo una modificación trascendental en su estructura, por la venta de un número importante de Bancos a instituciones foráneas, que cambiaron las prácticas bancarias a fin de responder a los incentivos del mercado.

Las autoridades, por su lado, querían que toda la banca que operaba en México se robusteciera para ser una fuerza real en la economía; de ahí que tuvieron que cambiar “hasta en su manera de actuar.” Desafortunadamente prestaban poco a las empresas mexicanas, llegando a reducir el crédito que se les canalizaba, como proporción del PIB.

Con el advenimiento de la nueva administración, hace dos años, México instrumentó una serie de cambios profundos de gran valía. Algunos, en el primer año del nuevo gobierno, implicaron modificaciones constitucionales, y otros, en el segundo año,  reformaron las leyes secundarias para instrumentar las reformas a la Constitución, logradas en el primer año del gobierno del presidente Peña Nieto.

La insigne etapa de negociaciones, que precedió las modificaciones constitucionales, y también estuvo presente para las reformas de las leyes secundarias, se enfocó en las delicadas negociaciones entre los principales partidos y actores políticos, para allanar el camino,  ante las fuertes resistencias al cambio de instituciones y procesos, que anteriormente parecían inamovibles.

También nosotros, en la Federación Nacional de Colegios de Economistas, nos fijamos como gran objetivo, promover un nuevo propósito estratégico nacional. A saber, mayor crecimiento con igualdad y estabilidad. Ya no queríamos crecimientos lentos, como en los 30 años anteriores —entre 1982 y 2012— sabiendo que México tenía capacidad comprobada de crecer  a mayores ritmos, como fue el caso del medio siglo de 1932 a 1982.

La estrategia gubernamental, en esos 30 años de lentitud, privilegiaba el orden y la estabilidad macroeconómica ­—como propósitos centrales— así como la lucha contra la inflación; y no obstante ello, seguimos  siendo vulnerables a los golpes económicos del exterior y su contagio a nuestra economía.

También propusimos que el Nuevo Proyecto Nacional de Desarrollo promoviera que todas las políticas estuvieran alineadas a la continuación de los objetivos de Estado, como crecimiento, igualdad en la distribución del ingreso familiar, y entre regiones del país, y un marco de estabilidad de precios, que hiciera posible el crecimiento del empleo.

Se trataba de buscar establecer un nuevo equilibrio entre el mercado, el Estado y la sociedad.

Así, los dos primeros años de la nueva administración Peña Nieto se enfocarían primordialmente en modificar la estructura constitucional y jurídica; el diseño y puesta en operación de las estructuras institucionales que el México nuevo y dinámico ahora requiere, a sabiendas de que en el principio no iba a haber gran ímpetu para promover el  crecimiento.

Pero las recientes reformas de fondo tienen muy importantes implicaciones para el futuro de México, su generación de empleos; los nuevos mercados; la bifurcación de las  ramas de la energía; los nuevos servicios que surgirían de las reformas estructurales, como la de la radio, y las telecomunicaciones, entre las principales.

El Nuevo Proyecto Nacional de Desarrollo requerirá que todas las políticas estén alineadas a la prosecución de los objetivos de Estado que se desarrollen del proyecto que inició y promueve en México el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto.

(*) Expresidente de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, A.C.

@acanovelez