Control global en Citi: caso Banamex

Hoy o mañana, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que encabeza  Jaime González, dará a conocer el monto de la multa que ya fue “aceptada” y quedó en firme con Banamex, que preside Manuel Medina Mora.

La multa es resultado de la supervisión especial realizada a raíz de que la administración de Javier Arrigunaga reveló el fraude de Oceanografía en Banamex. Es menor a la aplicada a HSBC hace un par de años, supera los 300 millones de dólares.

Hasta ahí, lo esperado. Lo curioso es que siguen las revelaciones. Justo el día en el que el CEO Michael Corbat, presenta resultados de Citigroup, y el co-CEO a cargo de la banca de consumo en el grupo global, Manuel Medina, anuncia la reducción de operaciones en 11 países para concentrarse en 24, con 54 millones de clientes que explican 95% de los ingresos provenientes de la banca de consumo —que superan los nueve mil millones de dólares en el tercer trimestre—, al mismo tiempo se emite un boletín devastador, no por el monto del fraude señalado, sino por la información revelada.

Es escandalosa porque la Unidad de Seguridad fue establecida después del secuestro de Alfredo Harp, para proveer de custodia y seguridad personal a los miembros del Consejo de Administración y a altos directivos de Banamex, y cuando se vendió nunca se incorporó al CSIS, la unidad que provee seguridad a todos los ejecutivos de Citi en todo el mundo.

Lo cierto es que las revelaciones son escandalosas porque apuntan que hacían investigaciones y prestaban servicios a terceros, incluyendo grabación ilegal de conversaciones y los montos defraudados rondan los 15 millones de dólares.

Esa unidad, desde enero, estaba a cargo de quien fuera el jefe del  Estado Mayor Presidencial de Fox, el general José Armando Tamayo y, sin dudar un ápice sobre el tema, la pretensión de fondo es lo importante.

Esto porque entre los “cuidados” por este servicio, se encontró en su momento Manuel Medina Mora, como don Roberto Hérnandez, Manuel Aguilera (que en paz descanse), y hoy, a mi en lo particular, me llama la atención la parte final del mensaje:

“Durante los últimos meses, hemos revisando nuestra franquicia en México y realizado cambios significativos para fortalecer nuestros procesos y controles. Seguiremos tomando las acciones que sean necesarias para asegurar que cada una de las partes de nuestra franquicia global se ajuste a nuestros estándares.”

El 2 de octubre, la juez de Delaware, Abigail LeGrow, le dio la razón al fondo de pensiones de Oklahoma para que le entreguen los papeles del caso de Oceanografía y las discusiones en el Consejo de Administración, pues se pone en tela de juicio la capacidad de control global de Citi, hecho que coincide con otras investigaciones abiertas de la OCC y de la Fed sobre la operación de la banca privada en el California Bank of Commerce en materia de lavado de dinero.

Como sea, el punto es el mensaje: “Nos hacemos cargo de nuestro cochinero, pero es una legacy, que no tiene que ver con nuestra cultura actual”.

En realidad, lo de Banamex preocupa mucho en México, porque si de por sí el grupo bancario ha reducido de manera considerable su operación, la ausencia de entendimiento del mercado en México y los silos con los que opera la cultura Citi, logrará que Santander, que preside Marcos Martínez, se vaya al segundo lugar tomando el mercado que deja la filial estadunidense. Ni hablar.

De fondos a fondo

Vaya negociación para cerrar la Ley de Ingresos en la Cámara de Diputados. Dado el desplome de precios petroleros y las previsiones de la Agencia Internacional de Energía de la reducción en 250 mil barriles diarios la demanda de crudo a nivel mundial, el precio del barril de la mezcla mexicana bajó de 94 dólares a 81 dólares, algo así como un recorte de tres mil 700 millones de dólares de plumazo.

Recordemos que los ingresos petroleros, con o sin reforma, durante una década seguirán siendo significativos para el presupuesto, pues representan aproximadamente 30% del estimado para 2015.

Sin embargo, los subsecretarios de Luis Videgaray, Miguel Messmacher y Fernando Aportela lograron una gran negociación con los integrantes de la Comisión de Hacienda, que preside el panista y diputado Damián Zepeda Vidales, porque el ingreso que caería se ajusta al alza con una estimación más agresiva del tipo de cambio (devaluadito de 13.10 a 13.40 en promedio anual), pues por cada 10 centavitos de dólar se ajusta en mil 600 pesos el presupuesto al alza.

También le pusieron meta más alta al esfuerzo de recaudación del SAT de Aristóteles Núñez con cinco mil 500 millones de pesos y, finalmente, le revisaron la estimación de aprovechamientos para subirle el monto de recaudación de ingresos a cerca de 26 mil millones de pesos en total. O sea, mejora la bolsa del reparto, porque esta no se va para deuda.

Con el pendiente de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México literalmente atravesado, y sin saber en qué concluyen los trabajos de reparación y su costo, pero en especial los litigios del Gobierno del Distrito Federal (GDF), que encabeza Miguel Ángel Mancera, en contra del consorcio integrado por ICA, de Bernardo Quintana; Alstom, de Cintia Angulo, y Carso, de Carlos Slim. Le cuento que ICA, que dirige Alonso Quintana, va por bursatilizar los peajes de sus libramientos en La Piedad, Michoacán y el del tramo de San Luis Potosí, ambos a cargo de su división ICA Infraestructura.

ICA va por mil 850 millones de pesos y lleva como agente colocador a Casa de Bolsa Santander, de Grupo Santander, que encabeza Marcos Martínez.

En el caso del Libramiento ICA La Piedad (Lipsa), es una concesión que en un principio ganó ICA por 30 años, en el 2009; pero en el año anterior, firmó una extensión por 15 años, y concluye en el 2054.

Se trata de un libramiento importante para transporte de mercancías hacia y provenientes del área metropolitana de Guadalajara, define ICA en su prospecto de colocación enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que encabeza Luis Téllez, añade que ahorra hasta casi dos horas; ya que el usuario evitará entrar a la ciudad de La Piedad.

En el caso de la carretera de San Luis Potosí, es la concesión del tramo de Río Verde, que se beneficia del tráfico de la industria manufacturera, destacan las plantas de producción de General Motors, Cummins y Maxion, entre otras.

La concesión es por 20 años, y se le otorgó a ICA Infraestructura, en agosto del 2007; en su prospecto asegura que está en negociaciones para ampliarla a 20 años más.