SCT aplica la de los tres monos sabios: prudencia

El diputado del PAN, Juan Pablo Adame, integrante de la Comisión de Comunicaciones, propuso modificar el calendario de entrega de los televisores para el “apagón”, cancelarse de inmediato el programa y reanudarse hasta el 7 de junio de 2015.

El primer mono sabio es Mizaru, el que no ve. Lo propuesto por Adame resume el cuestionamiento de una serie de voces del sector privado, políticos y legisladores, sobre la viabilidad y cumplimiento del programa de Televisión Digital Terrestre. Esto es, dudan que se cumpla con la fecha del “apagón”, apuestan a que el proceso electoral habrá de suspenderlo, pero se olvidan de que la fecha de diciembre de 2015 fue mandatada al Ejecutivo por el Congreso en Constituyente.

Una lectura puntual de lo que establece el 5º transitorio de la reforma constitucional, daría claridad a esas voces. Lo único que estaría vedado para efectos del avance del programa es publicitar la entrega de receptores, no el realizarla.

Esto último es clave. Sólo si se presenta una propuesta de reforma constitucional y ésta se efectúa antes de que se cancele el actual periodo ordinario, la fecha del apagón podría ser modificada y suspendida la entrega de televisores.

A lo mejor —si le ve cara de electoral— podrían proponer el cambio del logotipo que está inscrito en las cajas con la leyenda “Mover a México”.

Pero como ¡ni tiene colores!, ya que está impreso en blanco y negro, es evidente que el diseño del programa cuidó todo lo que mandata la legislación electoral en materia de publicidad de programas de gobierno.

El segundo mono sabio es Iwazaru, el que no habla. Se cuestiona que los integrantes del pleno del IFT, que preside Gabriel Contreras, ignoran cómo va la entrega de televisores, pero la única tarea que le corresponde a este organismo, por mandato constitucional y legal, es verificar que se haya cubierto “90% de entrega, en los hogares de bajos o escasos recursos, de receptores o decodificadores aptos para recibir las señales digitales de televisión abierta”.

Ello explica el porqué el secretario se ve y suena confiado, aunque el cuestionamiento interesado aumenta.

El tercer mono sabio es Kikazaru, el que no escucha. El artículo 19 transitorio de la ley secundaria es claro porque ahí se definen los criterios para ejecutar la política pública de TDT, y la lista de “beneficiarios” a quienes se les puede entregar receptores o decodificadores, no corresponde a ninguno de los padrones de los 19 programas sociales que administra Rosario Robles en Sedesol, sino que se trata de un programa diferente que cruza todos los programas de beneficiarios para asegurarse que se trata de hogares de baja capacidad adquisitiva y se ha apoyado en la estadística socio económica del INEGI.

 O sea, el universo a cubrir es 90% del padrón de hogares definidos por Sedesol que hoy no pueden recibir la señal digital en televisión abierta y son pobres. Si tienen cable o tele satelital ya no entran. Eso es lo que tiene que demostrar la SCT de Gerardo Ruiz Esparza, apoyada en el padrón que ha ido definiendo —sin escándalo y a la calladita— la Sedesol.

Haga cuentas: de los 32 millones de hogares, descuente los 12.4 millones que tienen conexión a televisión restringida, entonces el universo máximo sería de 13.8 millones de hogares que reciben televisión abierta con receptores analógicos. De éstos, se estima que 40% son hogares de ingresos medios y altos, eso es, por arriba de los deciles de pobreza que define Sedesol y Coneval.

En consecuencia, 60% equivale a algo así como 8.3 millones de receptores a entregar y creo que ya exagero. Hasta ahora se han entregado con foto y firma alrededor de dos millones de receptores en la zona norte del país, La Laguna y Occidente —Bajío, que es donde andan ahorita y, si el programa va como hasta ahora, al finalizar este 2014 se habrán entregado 2.4 millones de receptores—. Permitirá a éste corroborar que en esas regiones se ha entregado 90% de lo que el padrón de beneficiarios de la Sedesol determinó. Ve cómo es cumplible.

La segunda licitación que se publicará en noviembre supone la adquisición de cuatro millones de receptores, y si se ejecuta como lo han hecho hasta ahora sí estarían cubriéndose aproximadamente las dos terceras partes del programa al concluir el primer semestre. Entonces, el resto (centro del país), creo que sería papitas para entonces.

O sea, la prudencia se tradujo en una negociación de “criterios cumplibles” para concretar el apagón analógico el próximo año y les pasó de noche a muchos.

De Fondos a Fondo

Como le informé ayer, se oficializó la renuncia del presidente y director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Luis Téllez, a partir del 1 de enero de 2015. El proceso de selección iniciará en breve, pero es posible suponer que se siga un criterio diferente. Se elegirá a un presidente del Consejo de Administración y a un director general de la Bolsa Mexicana de Valores.

Y pasando a otra cosa, el jueves próximo cuando se realice el Consejo de Administración de Banorte, sólo espere el cambio que le anticipé en la silla de la consejera propietaria Graciela González para que la asuma su hijo, Carlos Hank González.

Hay versiones de que el presidente del consejo Guillermo Ortiz podría estar proponiendo un cambio en la dirección general a cargo de Alejandro Valenzuela. Sabemos que no sucederá nada en el consejo. Y en general, creo que las cartas de amor que han ido y venido entre ambos personajes, han quedado canceladas por acuerdo al más alto nivel.

Otra versión es que el presidente del consejo será quien encabece la reunión de consejeros nacionales en la primera semana de noviembre, a la que asistirá además del presidente Enrique Peña, las autoridades financieras del país, encabezadas por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray; el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, y el presidente de la CNBV, Jaime González.

Espere un gran apapacho y reconocimiento a la figura del exgobernador y exsecretario de Hacienda Guillermo Ortiz. Después, habrá una nueva reunión de consejo, extraordinaria. Ahí podrían oficializarse los cambios en la estructura de gobierno.