Alicia Salgado

Cuenta corriente

Alicia Salgado

28 Oct, 2014

¿Cielos abiertos o acuerdo bilateral?

Una gran inquietud por el contenido de un Memorándum de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés), que dicen será firmado en la primera semana de noviembre por los gobiernos de Estados Unidos y México, modificaría el Convenio Bilateral sobre Transportes Aéreos.

Con esta noticia algunos sindicatos y colegios de profesionales encabezados por el secretario general de ASSA, Ricardo del Valle, recibieron a Yuriria Mascott, subsecretaria de Transporte; Gilberto López Meyer, director general de Aeronaútica Civil, y Alexandro Argudín, director del AICM.

Mire, se supone que, resultado de las negociaciones bilaterales de septiembre había un acuerdo para que la revisión del Convenio Bilateral incluyera sólo cielos abiertos en carga (séptima libertad) y apertura de tercera y cuarta libertad para pasajeros, de tal manera que se eliminen los números de frecuencias limitados a pares de ciudades y las rutas pueda cubrirlas la aerolínea que las pida.

Dicen que las cuatro líneas aéreas de nuestro país estuvieron de acuerdo siempre que la apertura se realice de forma razonable, asimétrica y ordenada, dada la diferencia monumental entre las empresas de Estados Unidos con miles de aviones y eficiencias en costos, y los 300 aviones que tiene en conjunto la aviación comercial del país.

El gran problema, como siempre, es la falta de conocimiento puntual de qué incluye el MOU, y un run run de que se pretende lanzar una iniciativa en la Cámara de Diputados para incluir el tema de cielos abiertos, algo que desconocen los integrantes de la Canaero, que preside Fernando Flores.

De hecho, en la misma industria sorprendió el desplegado de los líderes sindicales encabezados por Del Valle, cuyo contenido hoy será retomado por los mismos con la senadora del PRD Alejandra Barrales, porque se argumenta que la apertura del convenio sin considerar la asimetría sería desastroso, pero también dicen que el único que ha pedido la salvaguarda de “inmunidad antimonopolio”, con el argumento de que generará competencia dispareja y desalentará el interés de aerolíneas globales de realizar asociaciones de capital (joint ventures) con aerolíneas nacionales, es Aeroméxico, de Andrés Conesa.  Igual y sí, pero la pregunta es ¿por qué no si opera con éxito para bajar precios en los mercados más eficientes del mundo?

Los firmantes no se oponen a la liberalización del convenio bilateral, pues está demostrado que promueve el tráfico de pasajeros y con ello la generación de empleos. La objeción es porqué no se incluye una salvaguarda llamada “inmunidad antimonopolio” (antitrust immunity) que para el caso de México no fue solicitada por la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la reunión bilateral de septiembre pasado en Washington.

Dicen que sin esta salvaguarda se daría una competencia dispareja entre las aerolíneas estadunidenses y las nacionales, ya que una de las flotas aéreas más grande del mundo es la norteamericana, que tiene exceso de capacidad y busca constantemente países en donde colocarla.

Estas empresas, American Airlines, Delta, United-Continental, Jetblue, Southwest volarían en inequidad de circunstancias, pues los costos de operación son menores y con ello sus tarifas, lo que terminaría desplazando a las mexicanas.

La inmunidad (habría que preguntarle a la Cofece, de Alejandra Palacios si la puede evaluar) permitiría que se hagan alianzas entre empresas globales más allá de códigos compartidos, para correr el riesgo de ruta con tarifas comunes, sin que la autoridad de competencia lo impida. Esto está probado en Japón, Canadá, Gran Bretaña, Estados Unidos, Holanda, Francia, Chile y Colombia, entre otros, y basta revisar el crecimiento que han tenido en volumen de pasajeros, como para ver si vale la pena o no analizar el tema, aunque sea por no dejar. Evidentemente hay un par de aerolíneas que se oponen, y sacan a relucir su enorme “influencia política”, porque se sabe que en México la que se aplica es la cláusula del cangrejo, antes que facilitar acuerdos de ganar-ganar.

De Fondos a Fondo

Le comenté que Francisco Gil Díaz asumió la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Avanzia, integrado luego de 15 años de operaciones en México de las empresas del Grupo ACS, que encabeza Florentino Pérez y, que se han enfocado particularmente al sector de energía, comunicaciones, construcciones e ingeniería especializada, sistemas de control y proyectos integrados (por ejemplo, están electrificando la Torre Bancomer).

En nuestro país, su volumen de negocio es superior a dos mil millones de dólares para el cierre del año, a los 10 mil 202 millones de dólares, entre la modernización de las termoeléctricas de CFE, como la de Manzanillo (981 millones de dólares), la planta productora de diesel de ultrabajo contenido de azufre, en Tula, y Cadereyta, que importa 950 millones de dólares, y un parque de generación eólica en Oaxaca de 90 millones de dólares.

Lo cierto es que Florentino Pérez convenció a César Alierta para que, sin que Telefónica México deje de ser su prioridad como presidente ejecutivo, asuma la presidencia de Avanzia, que como grupo integrado, tiene el objetivo de aprovechar las nuevas oportunidades de negocio que abren las reformas estructurales impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, como nuevas divisiones de ingeniería, construcción y operación de concesiones, infraestructura de transporte como los trenes eléctricos, infraestructuras hidráulicas y medioambientales.

El sector principal en el que opera Grupo Avanzia es el energético, en petróleo y gas, desde la generación hasta el transporte de energía fósil y renovable y opera en 45 países.

Naucalpan y Tlalnepantla son municipios vecinos, pero distantes. Muestra de ello es el tratamiento que le dan a un tema prioritario, como es el de la disposición de los residuos sólidos urbanos que generan.

Pablo Basáñez García, alcalde priista de Tlalnepantla, acaba de implementar un plan para garantizar la viabilidad financiera de la concesión que incluye disposición final, recolección comercial e industrial, con una población atendida de 700 mil habitantes.

Cruzando la avenida, en Naucalpan, la situación es contrastante: el alcalde —también priista— David Sánchez Guevara, ha puesto en jaque la disposición de 800 toneladas diarias de residuos, por simple capricho administrativo y el adeudo irracional de casi 100 millones de pesos a la empresa concesionaria.

De hecho, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) lo acaba de multar con un millón 300 mil pesos por haber improvisado un tiradero, ¡teniendo en su municipio el relleno sanitario mejor equipado del país! Como no hay alcalde que no quiera ser diputado, por los rumbos de Toluca ya toman nota de Basáñez y Sánchez.

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