David Páramo

Análisis superior

David Páramo

29 Oct, 2014

Reconocimiento a medias

Durante las últimas semanas señalamos en este espacio que deberíamos preocuparnos no sólo por la disminución del precio del petróleo sino también por la poca seriedad con la que se estaba tomando el tema en el Congreso de la Unión.

En este momento es casi perfecto el trabajo de los senadores en materia de la Ley de Ingresos. Se reunieron con los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y acordaron que les entregaran una nueva estimación del precio del petróleo que, como sabe, disminuyó el precio promedio de 82 dólares originales (81 habían corregido los diputados) para disminuirlo a 79 dólares por barril en promedio durante el año próximo.

Hasta ahí parece un acto de prudencia poco común para los legisladores. Se reconoce que entre agosto, cuando la Secretaría de Hacienda hizo la estimación, y el lunes se modificaron las condiciones del mercado petrolero.

Sin embargo, tiene algunos problemas de fondo.

Primero. Se trató de un acto aislado en el que mucho tuvieron que ver legisladores serios y con experiencia en el manejo de las finanzas del sector público como Ernesto Cordero, del PAN, y Mario Delgado, del PRD.

En ese sentido, sería mejor que se convirtiera en ley la propuesta presentada por Cordero, uno de los pocos serios que aún quedan en Acción Nacional, en el sentido de que los legisladores también estuvieran obligados a tomar la fórmula con la que el gobierno estima el precio del petróleo.

Actualmente la ley dice que los legisladores pueden hacer su estimación de forma “congruente” (cualquier cosa que eso sea) con la presentada por la Secretaría de Hacienda.

La iniciativa del PAN plantea que Hacienda haga su estimación en agosto. Los diputados reciban una actualización a principios de octubre y los senadores a finales del mes para hacer ajustes en caso necesario. Se trata, en suma, de quitar cualquier carácter discrecional a la estimación de ingresos petroleros.

Segundo. Los diputados han mostrado reticencias a esta precisión hecha con base en datos, no deseos; con base en hechos, no intenciones políticas. De entrada, el presidente de la Comisión de Hacienda, Damián Zepeda, ya recalcó que se tendrá que hacer un recorte por ocho mil 200 millones de pesos en el Presupuesto de Ingresos.

Los diputados, más que gestores del gasto se han convertido en asignadores de recursos. Los incentivos están puestos mucho más en etiquetar recursos a favor de sus intereses políticos o sus clientelas o la búsqueda del bien común. Habrá que ver cómo procesan los diputados tener menos ingresos.

Tercero. El trabajo de los senadores no es impoluto porque tampoco consideró la estimación del tipo de cambio para el año. Como sabe, en la Cámara de Diputados se decidió aumentar la estimación de la paridad de 13 pesos, como lo había mandado la Secretaría de Hacienda, a 13.40. Quizá un poco para compensar la disminución de un dólar en promedio del precio del petróleo u otro poco para inventar una cobija del tamaño de sus anhelos aun cuando no alcance para la cama de la realidad.

Es un contrasentido esperar que las reformas estructurales, señaladamente la energética y la de telecomunicaciones, atraigan una gran cantidad de Inversión Extranjera Directa (IED) y al mismo tiempo aumente la paridad.

De hecho, si como dice el Banco Mundial el país es premiado con IED por la “valentía” de hacer las reformas estructurales se debe esperar que el tipo de cambio disminuya porque habría una mayor oferta de dólares.

Quizá se requiere que aquí también haya una fórmula seria como la que utiliza tradicionalmente la Secretaría de Hacienda y que sea obligatoria para los legisladores.

Se requiere que el ejercicio presupuestal sea serio, apolítico y en el cual no tengan un peso relevante los deseos o aspiraciones irresponsables de los legisladores y prive la ortodoxia económica.

Automático

Cuando los diputados disminuyeron un dólar la estimación del precio del petróleo, el titular de la Secretaría de Energía se apresuró con una declaración automática. Dijo que “le parecía adecuado”. Si hoy alguien le pregunta por el acuerdo entre los legisladores y la Secretaría de Hacienda qué dirá ¿qué lugar común se les ocurrirá?

Dulzura

Cuando el secretario de Economía declaraba que no era una buena idea establecer una guerra comercial con Estados Unidos por los aranceles que buscaba imponer el gobierno de aquel país al azúcar mexicana, parecía que Ildefonso Guajardo estaba actuando de una manera quizá indolente.

Sin embargo, quienes teníamos esa visión cometimos un error. La estrategia de esta dependencia fue la que finalmente se logró: hacer un acuerdo con aquel país por cinco años a través del cual México seguirá siendo el único exportador de azúcar con un monto de 1.5 millones de toneladas anuales.

La intención del secretario de Economía, de común acuerdo con este sector industrial, era la de lograr un acuerdo en lugar de pelear un buen pleito que hubiera implicado más daños que beneficios para el país.

Se trató de una negociación bastante inteligente en la que la dependencia encabezada por Guajardo sabía que tenía algunos puntos difíciles de explicar en un juicio como es la participación del gobierno en el sector como propietario de empresas que fueron parte del grupo Escorpión; así como algunos programas de créditos gubernamentales que, con mala voluntad, pueden interpretarse como apoyos indebidos.

Se debe reconocer que se trató de una gran negociación política que terminará en un acuerdo que se firmará oficialmente el próximo 26 de noviembre.

Cumbre

La décimo segunda Cumbre de Negocios realizada hasta ayer en Querétaro es, sin lugar a dudas, un éxito para la gestión de Miguel Alemán, puesto que logró conjuntar una gran cantidad de voces tanto del gobierno como privadas en las cuales se analizó cómo aprovechar las ventajas de las reformas estructurales y atravesar la coyuntura política.

Quizá en algunas de las declaraciones más importantes está el llamado de Gerardo Gutiérrez Candiani a seguir con la Agenda por México, que antes de la elección pasada firmaron todos los aspirantes, en la que uno de sus puntos más relevantes era la justicia y aplicación de la ley. Algunos lo calificaron como un llamado a un Pacto por la Seguridad.

 

 

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