Empatan aseguradoras

El sector asegurador tendrá un empate este año. El caso es que su crecimiento no superará 3% anual, que si bien es número positivo, éste está muy lejos de 7.5% que preveía.

No obstante, a decir de Recaredo Arias, director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), la aplicación de las nuevas reglas de operación y capitalización a las que debe sujetarse el gremio serán obligatorias hasta finales de 2015 y no a inicios del mismo año como se tenía previsto. Lo que es favorable, dadas las aplicaciones técnicas a las que requieren sujetarse.

De ahí que el marcador para este gremio queda muy parejo, pero sobre todo, con expectativas de crecimiento para el año que está por venir, apoyadas por mejores reglas, la aprobación de las reformas energética y de telecomunicaciones, así como de propuestas de pólizas de seguros hechas a la medida y el detonante de una cultura hacia la educación financiera.

Hay que recordar que en 2013 quedaron las reglas de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, misma que tenía un periodo de transición de dos años a fin de conformar las leyes secundarias.

Tiempo que ha sido insuficiente para el sector, no precisamente por el capital que debe tener como respaldo, sino por las cuestiones técnicas a las que debe hacer frente.

De ahí que la Secretaría de Hacienda, al mando de Luis Videgaray, ha otorgado al sector asegurador un periodo adicional, que concluirá a finales de 2015.

Cabe destacar que las implicaciones de la nueva Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y de Solvencia II tiene como objetivo reforzar las garantías para los asegurados y colocar a México a la vanguardia internacional.

Porque en la actualidad los datos distan mucho de estar en estándares internacionales. Datos de la Secretaría de Hacienda detallan que en México sólo 24% de la población tiene acceso a seguros, y estas nuevas reglas buscan poner en el mercado los esquemas más adecuados para los usuarios.

Mejorar la colaboración en pensiones, rediseñar el esquema de competencia y cobertura de rentas vitalicias, así como de pensiones de contribuciones definidas, promover la equidad fiscal entre cobertura y población.

Además de fortalecer la colaboración del sector privado en los ramos de vida e invalidez, con el objetivo de crear un instrumento de política pública para proteger a la población trabajadora y a sus familias contra diversos riesgos sociales y garantizar un nivel mínimo de bienestar.

No obstante, contempla, ampliar la cobertura de prestaciones en dinero (enfermedades, maternidad y vida) a la población trabajadora formal no asalariada.

Así como considerar la posibilidad de que la población trabajadora formal no asalariada pueda optar por aseguramiento privado en salud, sujeto a la preservación de la solidaridad en el financiamiento y la cobertura de un esquema integrado y preventivo de atención médica. Así que habrá que esperar a ver su aplicación.