Nuevas formas de competencia

Es exótica la furia de Rufino León Tovar, titular de la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal, en contra de los servicios de chofer con vehículo (cuyas marcas principales son Cabify y Uber) considerándolos como piratas y asegurando que suspenderá sus operaciones.

De entrada, llama la atención que esté en contra de un nuevo servicio que utiliza la tecnología para atender con altos estándares de calidad a la población. La tecnología va siempre por encima de la capacidad del regulador.

Si realmente estuviera preocupado por la movilidad de los habitantes de la Ciudad de México, lejos de pensar en cierres y absurdas reglas para llevarlo al mundo de lo que conoce el burócrata, trabajaría con esta nueva forma de transporte (que difícilmente puede encuadrarse en las leyes de transporte público de pasajeros) para que se diera de una manera regulada.

En segundo término preocupa la frivolidad con la cual les llama piratas puesto que se trata de una figura nueva y diferente. La ley debe adecuarse a la costumbre y la innovación y no viceversa.

La reacción del titular de Semovi parece mucho más impulsada por el temor a las movilizaciones con las que amenazan los grupos organizados de taxistas que, según ellos, pierden 24 millones de pesos en un mercado que no necesariamente atienden.

Ya ve, gobiernos como el de la Ciudad de México están más ocupados en temer a la violencia de grupos organizados que dicen defender una causa justa que al bienestar de los ciudadanos.

La reacción del funcionario público también resulta muy cuestionable desde otro ángulo. Suponiendo sin conceder que se trata de un servicio pirata (lo correcto sería no contemplado en la regulación) por la aplicación selectiva de la ley.

Estos piratas cumplen, como forma de autorregulación, con requisitos superiores a los que tienen los taxis regulares de la capital. Garantizan, entre otras cosas, que tienen seguro vigente de responsabilidad civil, sino de protección al pasajero con automóviles de especificaciones superiores al mercado.

Ciertamente hay un grupo de taxistas que están sujetos a cualquier cantidad de regulaciones ridículas (entre ellas cambiar el color de os automóviles al capricho del funcionario en turno) y a una muy profunda corrupción por parte de los funcionarios de Semovi.

Pero la tajada más grande se la llevan los verdaderos taxis piratas. Esos que se hacen pasar como si fueran regulares, pero que no cumplen con ninguno de los requisitos establecidos por la ley. Que circulan sin seguros, placas ni identificaciones por lo que generalmente están vinculados con la delincuencia organizada.

Estos grupos, con sólidas estructuras como la de los Panteras, son una fuente de dinero sucio y movilización política para los gobiernos perredistas de la capital del país.

Sería muy bueno que el titular de Semovi recordará cuándo fue la última vez que hizo operativos serios y continuados en contra de los taxis que operan de manera ilegal en el país. Es fácil localizarlos no únicamente en la periferia de la ciudad sino recorriéndola con el consecuente peligro que son para la población.

Un gobierno que dice estar a favor de los ciudadanos y de lograr una mejor movilidad debe dejar de hacer cacerías de brujas a la tecnología y permitir a los ciudadanos entre diversas formas de transporte: Taxis legales con todos sus pros y contras.

O cualquiera de las dos versiones de lo que el gobierno denomina piratas: Los que son un peligro para la vialidad y no únicamente las personas que se suben en ellos sino que tienen la desgracia de pasar junto a ellos y no se diga chocar o contar con una variante diferente como Uber o Cabify que deben ser comprendidos como una nueva forma de transporte.

Detenido

En los últimos días le hemos informado en este espacio que hay signos positivos en materia de construcción. Jorge Carlos Ramírez Marín, titular de Sedatu, ha expresado que la industria crece a una tasa del 4.5%, por lo que se estima un cierre fuerte del año, así como que la Reforma Energética apuntalará una mayor construcción de casas en algunas regiones del país. La misma semana pasada el Infonavit, encabezado por Alejandro Murat, detalló el repunte en la colocación de créditos por parte del instituto, así como una mayor cantidad de viviendas terminadas.

Sin embargo, la recuperación no es del todo pareja puesto que en la Ciudad de México se atraviesa por una problemática particular que está impidiendo el desarrollo del sector. Hace año y medio el gobierno de Miguel Ángel Mancera suspendió la norma 26 que tenía por objeto impulsar la construcción de vivienda popular y de interés social. Hasta el momento no se ha emitido ninguna otra regulación en la capital del país por lo que prácticamente se ha frenado la construcción de este tipo de vivienda en la capital del país

Teóricamente la norma 26 sería sustituida por las 30 y 31 con el objetivo de atender las necesidades de la gente de escasos recursos en la capital a través de una producción equilibrada de vivienda, con una mayor densificación territorial, movilidad y aprovechamiento de suelo. Sin embargo, hasta el momento todo está en el aire por la falta de capacidad del gobierno de la Ciudad de México para llevarla adelante.

El presidente de Canadevi del Valle de México, Isaac Memum, ha declarado que se está generando un fenómeno contraproducente, puesto que el inventario de vivienda de este tipo ha subido 20% en su valor en detrimento de los que menos tienen y que seguirá aumentando porque estima que en los próximos dos años la oferta llegue a caer hasta en un 50%, cuando por la dinámica poblacional se requiere de una construcción acelerada de este tipo de viviendas.

Es necesario que el gobierno de la Ciudad de México adecue sus normas con la actualización de la 26 atendiendo los estándares fijados a nivel federal para generar mejores condiciones de vivienda para las personas que tienen menores recursos. Adicionalmente, como ya sucede a nivel federal el gobierno de la capital debe establecer medidas que permitan un mejor desarrollo de la vivienda que, además, es una muy alta generadora de empleos dentro de la economía legal.