Quejas vacías

Es prácticamente un hecho que para la apertura de cielos el gobierno mexicano eligió un paso intermedio. Comenzar por convenios bilaterales que permitan a las empresas mexicanas tener mayor participación en otros países, básicamente con Estados Unidos, a cambio de permitirles hacer lo mismo.

La intención del gobierno es mucho más que clara: ponerse del lado de los consumidores y en un segundo término a las empresas del sector e incluso a sus trabajadores. Se trata, a no dudar, de una política del bien mayor.

Se considera que en una segunda etapa se podrían abrir totalmente lo cielos; sin embargo, el enfoque gradual planteado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes puede ser, sin lugar a dudas, una buena aproximación.

Entre los sindicatos de la industria de la aviación ha surgido un movimiento que busca frenar esta apertura. Aquí es necesario hacer dos grandes divisiones.

Primero. Los sindicatos no representan a la industria de la aviación en su conjunto, puesto que básicamente sólo tienen los contratos colectivos del Grupo Aeroméxico.

Así, no pueden decir de modo alguno que hablan por el sector. Sólo defienden los contratos colectivos que, como sabemos, son una de las principales sangrías para la empresa que preside Eduardo Tricio que a pesar de su posición preponderante tiene números financieros que deben preocupar.

Vamos, ni siquiera pueden hacer creer que su interés es el mismo que el de VivaAerobus, Interjet o Volaris sin mencionar a los trabajadores de empresas extranjeras que operan en el país.

Segunda. El interés de los sindicatos, que en buena medida son una parte importante de la situación por la que atraviesa Aeroméxico, no es el interés de la nación. Por encima de ellos se encuentran no sólo los mexicanos que hoy tienen que pagar de más por los servicios que reciben sino también aquellos que se han visto imposibilitados a subirse a un avión.

Impostergable

Uno de los principales estímulos a la competencia en la telefonía (móvil y fija) es la portabilidad numérica, puesto que permite al consumidor elegir libremente con qué compañía quiere estar y elegir la que mejores condiciones le ofrezca en términos de calidad y precio.

El número telefónico no es propiedad de la empresa sino del consumidor puesto que en muchos casos se convierte en una referencia comercial o personal y de ahí que si al cambiar de compañía tiene que perderlo, pues se convierte en una barrera de entrada. A un comercio puede implicarle pérdidas económicas por no estar en contacto con sus clientes.

De acuerdo con la reforma constitucional a las telecomunicaciones y su reglamento el 6 de noviembre se vence el plazo máximo para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones establezca los criterios claros para aterrizar efectivamente esta medida.

Sin embargo, en los últimos días el instituto que encabeza Gabriel Contreras ha mandado señales en el sentido de que buscaría postergar 90 días naturales más para entrar en plena vigencia.

Ayer un grupo de senadores de diversos partidos políticos, encabezados por Javier Lozano, hicieron un fuerte llamado de atención al IFT recordándole que si bien es autónomo no se manda solo y debe tomar medidas en tiempo y forma a favor de los consumidores.

Sorpresivo

Jorge Carlos Ramírez Marín es uno de esos funcionarios que fueron sorpresa en el gabinete de Enrique Peña Nieto. Muchos se preguntaban por qué él y si el cambio de Secretaría de la Reforma Agraria a Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano sería algo más que un cambio de nombre.

El tiempo le ha dado la razón, puesto que Ramírez Marín era el adecuado para reorganizar a una dependencia que ahora tiene que ver con el territorio nacional. La certificación de propiedad y resolución de conflictos por la propiedad de la tierra. Adicionalmente el desarrollo urbano como una forma de ordenar el territorio y acabar con el desorden que era la construcción.

Este funcionario ha ido más allá de administrar conflictos por tenencia de la tierra como lo hacían sus antecesores no únicamente a la resolución de conflictos sino ir mucho más allá mediante forzar a que se construya vivienda a zonas adecuadas para la población.

En su momento se pensó que las acciones de reordenamiento urbano eran las responsables del bache por el que atravesó el sector; sin embargo, como lo señalamos en esta columna tenía que ver con la crisis de las tres principales constructoras del país. En estos momentos la tasa de crecimiento del sector de vivienda es superior a 4.5% por lo que el éxito de la Sedatu debe verse más en las áreas de vivienda que en el sector agrario donde el reconocimiento parecería mayor.

Cuidado

Desde la semana pasada Alstom y un grupo medio perdido de legisladores panistas han tratado de enturbiar las licitaciones para los trenes de alta velocidad con la exigencia, no cumplida, de que se pospusiera el fallo de la licitación del tren México-Querétaro por que sólo se presentó un postor.

Los panistas, como es fácil suponer, actúan moviéndose en absurdos cálculos políticos. La empresa simplemente porque es de las que están acostumbradas a presionar al gobierno mexicano cuando realiza licitaciones.

En las licitaciones de trenes elevados en el mundo siempre participan pocas empresas puesto que no hay muchas. El que haya un gran número de postores en cualquier tipo de licitación no garantiza que se den las condiciones óptimas para el Estado mexicano ni tampoco el que haya pocos, incluso uno, hace que las ofertas no sean satisfactorias.

Días antes de la licitación el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dejó claro que no se retrasaría la licitación puesto que ya tiene dinero presupuestado y que la empresa quejosa sí ha tenido tiempo para participar en otras licitaciones, como la México-Toluca, donde los plazos son iguales.

Ahora lo que falta es que inicie esta obra que, de tener el éxito, modificará sustancialmente la forma en la que se ha venido desarrollando no sólo el centro del país sino todo el Bajío. Habrá que seguir muy de cerca este caso.