David Páramo

Análisis superior

David Páramo

7 Nov, 2014

La voz de los empresarios

Atrás de grupos que se dicen indignados por la desaparición de 43 jóvenes en Iguala han surgido cualquier cantidad de tipos que roban, saquean, toman casetas, bloquean carreteras y cometen actos vandálicos cada vez más graves como incendiar una estación del Metrobús.

Actúan embozados y con profunda cobardía. Los que el miércoles causaron daños por 14 millones de pesos a los habitantes de la Ciudad de México, sin contar el costo que implica para los usuarios el no contar durante meses con esa estación, han tratado de culpar al gobierno federal. Eso lo aprendieron de grupos sindicales que hablan de infiltrados cuando son miembros de sus agrupaciones.

Muchos han robado usando palabras como cooperación voluntaria para los papás de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Hasta el momento no se conoce de ninguna entrega pública de estos fondos a los padres.

Entre estos grupos, donde abundan los idiotas útiles y los profundamente desinformados, hay algunos abiertamente intolerantes que exigen que el mundo sea a su manera. Usan el comprensible dolor de padres de familia como un pretexto para tratar de ajustar la realidad a sus deseos.

Por ejemplo, los que marchan hacia la Ciudad de México para protestar por la desaparición ayer exigían que se pronunciara la iniciativa privada sobre la desaparición de los 43 desaparecidos. Quizá están tan ocupados en su cruzada que no leen periódicos, ven televisión, escuchan el radio o buscan en internet la información que no sus grupos afines producen.

Voz

Mucho más allá de los comunicados del Consejo Coordinador Empresarial y de prácticamente todos los organismos cúpulas condenando los hechos y exigiendo no sólo la aparición de los jóvenes sino que los responsables sean llevados ante las autoridades (si tienen duda busquen en la página del CCE) han hecho algunas propuestas concretas para evitar que se repitan acciones de este tipo.

Han recordado el compromiso que firmaron los entonces candidatos a la Presidencia de la República para la seguridad nacional. Han pedido que se haga una suerte de Pacto por la Seguridad como el que logró las reformas estructurales e incluso antes de los hechos de septiembre ofrecieron a los partidos políticos el conocimiento que tienen sus cámaras y agrupaciones de la gente para evitar que se “cuelen” otros como José Luis Abarca.

Pero no han sido sus únicos llamados. Han mostrado preocupación por el impacto que tiene la inseguridad en el desarrollo de las empresas, particularmente de las micro y pequeñas.

En la encuesta de Banco de México entre los principales analistas económicos del país la mayoría señaló que uno de los puntos que ven como principales riesgos para la economía nacional es, precisamente, la inseguridad y de ahí que rebajaran su estimación del crecimiento de la economía.

Inseguridad es la desaparición de 43 jóvenes. También lo es el bloqueo de carreteras o evitar que se pague peaje donde se debe, puesto que se cobra en forma de aportaciones voluntarias. Que se bloqueen y saqueen tiendas. Que se incendien instalaciones como palacios de gobierno como ha ocurrido en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Que se asalte o se cobre cuota a pequeños comercios como sucede muy señaladamente en Chilpancingo. Inseguridad es que manifestantes impidan a las personas transitar por la calle. Inseguridad es que empresas como FEMSA digan que prácticamente todos los días son víctimas de un asalto en Guerrero.

El comercio en Iguala está prácticamente desaparecido porque los pepes y toños temen que alguien los confunda y destroce sus locales como ocurrió en el centro comercial que según los vándalos era propiedad de José Luis Abarca. Ninguno de los dizque ofendidos se detuvo a pensar que los locatarios pagaban renta y perdieron su mercancía.

La iniciativa privada, sin tomar calles o causar daños a terceros, ha levantado la voz en contra de la inseguridad y la violencia. La voz no es escuchada por el ruido que provocan quienes abusan del dolor cierto de los padres y familiares de los desaparecidos.

Hay quienes tratan de sacar su rencor social con mentiras. No fue un acto generado por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Si se quiere culpar a alguien fue a quienes permitieron que hombres vinculados con la delincuencia organizada llegaran a gobiernos estatales en Michoacán y Guerrero.

Abarca llegó al gobierno impulsado por Lázaro Mazón a quien llama padrino. Puede Andrés Manuel López Obrador decir que no conocía a Abarca con el cinismo que lo caracteriza, pero de ninguna manera a Mazón a quien ya había destapado como candidato único al gobierno de Guerrero por parte del Morena.

Miente cuando dice que Luis Walton, el otro aspirante, se retiró. Simple y sencillamente el dueño del Morena le pidió que se hiciera a un lado.

Atroz

La desaparición de 43 jóvenes y el asesinato de otros seis, algunos de ellos totalmente ajenos a los hechos que derivaron las acciones, es un crimen atroz e inaceptable. A todos los mexicanos nos debe indignar.

Sin embargo, no puede ser usado como pretexto para grupos violentos y delincuenciales. No puede ser usado como pretexto para sacar rencores o aspiraciones políticas de algunos que están atrás de las movilizaciones.

Un país que aspira a la modernidad y el crecimiento económico no puede permitirse actos de violencia descontrolada, no importa si su origen son políticos locales vinculados con narcotraficantes o si es de embozados atrás de propuestas sociales.

Requerimos, como lo ha exigido la iniciativa privada, regresar al respeto de la ley y las instituciones. Que los violentos sean reducidos por la fuerza del Estado que tiene el monopolio legítimo de la fuerza.

Si las muestras de dolor e indignación siguen contaminándose de rencor social, oportunismo político y pretextos de los violentos, el país tendrá muchos más desaparecidos, puesto que si perdemos la oportunidad única del crecimiento económico por las razones que sean, veremos como mexicanos mueren de enfermedades vinculadas por la pobreza.

Acciones como las de Iguala deben ser un llamado para que los mexicanos hagamos del respeto a la ley una constante. Que entendamos que las leyes se cumplen no sólo cuando nos conviene sino en todo momento y que su obligatoriedad no es debatible.

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