Me quedé corto la semana pasada

Hace una semana hacía un planteamiento respecto a lo importante que era la coyuntura, ya que se veían dos fuerzas actuando en sentidos opuestos en el momento crucial en que se concluyeron las reformas.

Por una parte, las reformas generaron una expectativa de impulso a la economía y por la otra la coyuntura relativa a la no aplicación del Estado de derecho que podía mermar ese impulso.

Sin embargo, lo que ha pasado en esta semana respecto a los factores vinculados con la mala aplicación del Estado de derecho muestran que tienen una fuerza mayor a la que pensaba cuando escribía mi columna la semana pasada.

Por ejemplo, las secuelas y manifestaciones derivadas del conflicto de Ayotzinapa cada vez toman mayor fuerza. Aquí considero lo que pasó con la toma del aeropuerto de Acapulco y la quema de una puerta de Palacio Nacional y del Congreso de Guerrero.

En cuanto a impunidad, lo sucedido en Michoacán, en las instalaciones del PAN, reflejan una falta de capacidad del Estado para actuar preservando el orden público y posteriormente no castigando a los responsables.

En cuanto a corrupción, esta semana tuvimos la noticia de la propiedad en las Lomas que ha generado una reacción de indignación y críticas muy fuertes en la opinión pública.

En cuanto a la aplicación de la ley, esta semana tuvimos el caso del amparo otorgado a El Chapo. Esto refleja que el poder judicial en su actuación no está siendo vertical y no se puede esperar que las leyes se apliquen de una manera correcta.

Me puedo seguir con más ejemplos para dejar claro que esta semana no fue buena para el Estado de derecho en México. Todos teníamos la visión de que había problemas en esta materia pero no éramos conscientes de su profundidad.

Para dar solidez al argumento de que un mal Estado de derecho tiene efectos adversos en la economía, se pueden citar muchas investigaciones en las que queda documentado lo anterior. En general, cuando los indicadores de una mala aplicación de la ley son mayores las variables económicas tienen un peor desempeño.

Un primer ejemplo, tiene que ver con la relación entre diversos índices de aplicación de la ley y la profundidad del sistema financiero. Está demostrado que una peor aplicación de la ley está relacionada con un sistema financiero más pequeño y por lo tanto con menos crédito.

Un segundo ejemplo tiene que ver con la relación entre corrupción y crecimiento económico. En esta materia, diversos estudios muestran utilizando diversas técnicas de estadística que los países que tienen mayores niveles de corrupción tienen una menor tasa de crecimiento económico.

Un tercer indicador a estudiar es el de la informalidad. A esta se le puede entender como un fenómeno de no aplicación de la ley a un segmento de la población. Es decir, los informales no tienen permisos para operar ni pagan impuestos y el Estado no hace que cumplan con esas obligaciones.

En este caso también hay estudios que encuentran una relación estadística significativa entre una mayor informalidad y un menor nivel de crecimiento económico.

Es decir, los países en los que se aplica peor la ley, son más corruptos y tienen más informalidad son países que tienen instituciones menos desarrolladas y un menor nivel de crecimiento económico.

O puesto de otra manera: estos factores, que están muy presentes en la economía de México, sí tienen un costo para el país y eso se ve materializado en diversas variables, entre ellas un menor crecimiento económico.

Aunque lo anterior se encuentra bien documentado, el problema es que la medición es difícil, para saber el costo que hemos tenido.

Es decir, una cuantificación del mayor crecimiento en los últimos veinte años si México hubiera tenido menos corrupción, menos informalidad y mejor aplicación del Estado de derecho es una mera especulación. Si el efecto fuera de 1% más de crecimiento, para movernos de poco más de 2%, a más de 3%, después de dos décadas el impacto es importante. México ha perdido mucho ya.

Por ello, mi deseo es que esta coyuntura de crisis se vuelva un área de oportunidad y ayude a entender a los encargados de las políticas públicas que, si no arreglan la aplicación del Estado de derecho, nos quedaremos con el mismo bajo crecimiento y con la posibilidad de que empeoremos.

*Director General del FUNDEF

guillermozamarripa@itam.mx