El efecto Ortiz

Al parecer la última que hizo Guillermo Ortiz Martínez en contra de Banorte fue, a no ser que suceda algo inesperado, llevarse entre las patas a Alejandro Valenzuela, al exigir que “para lograr una salida amistosa” el director general del grupo también se vaya.

En ningún momento Valenzuela inició o incitó ningún pleito. Simple y sencillamente cumplió con las normas establecidas por los comités de auditoría y administración, en contra de la intención del presidente del consejo de administración de tomar atribuciones que no únicamente no le corresponden, sino que van en contra de las sanas prácticas empresariales y se encuentran muy cerca de la frontera del delito.

Todas estas acciones comenzaron en 2011, cuando buscaba utilizar a los fondos de inversión como una suerte de parapeto para quedarse con el banco en lo que hubiera sido la toma hostil o rebelión más audaz de la historia, algo así como el robo del siglo. Sin embargo, no pudo hacerla porque simple y sencillamente los accionistas del paquete de control asumieron una posición defensiva correcta.

En la medida en que se confirmó la versión de que Valenzuela también dejaría el banco, la reacción en el mercado de valores mostró el tamaño de la molestia. Los títulos del grupo financiero Banorte cayeron más de 8.20% tan solo durante la sesión del viernes.

Los inversionistas del banco más pulverizado entre los accionistas del sistema financiero mexicano no se habían visto afectadas, ante los continuos escándalos de Ortiz Martínez y su salida. Un tema que se ha convertido en un capricho más de este hombre, quien sigue presumiendo poder de convocatoria personal cuando en realidad la convocatoria de eventos como el más reciente tiene que ver con el banco en sí mismo y no con una persona.

La caída de los títulos de Banorte en el mercado hace evidente una doble preocupación: ¿Quién va a administrar esa institución?

Si bien es cierto que en este momento no hay dudas de que el grupo de control representado por Juan González y Carlos Hank González ha dejado claro que ellos mantendrán en manos firmes el corazón del banco y que tienen fuerza para resistir cualquier intento de toma hostil, también es un hecho que se duda de las formas de operación.

De hecho, tanto en la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hay molestia ante la eventual salida de Valenzuela.

Aquí no juega tanto la mala relación de Ortiz Martínez con Luis Videgaray, Agustín Carstens o incluso Jaime González Aguadé, sino la preocupación sobre la operación del banco.

Cuando se llegó a especular sobre una posible fusión entre Interacciones y Banorte (que no se dio, entre otras cosas, porque Carlos Hank Rhon no la quería) uno de los principales obstáculos que estableció el secretario de Hacienda es que no quería que Banorte se contaminara de la cultura de Interacciones.

No se refería, en ningún momento a que fuera mala, sino a que se trata de dos instituciones de características diferentes. Mientras que Interacciones es un banco altamente especializado en el financiamiento a estados y municipios, Banorte es un banco que está en todas las ramas. Concentrarse en créditos como los de Interacciones eventualmente sería muy peligroso para un banco como Banorte.

En segundo término. Más allá de las preferencias que puedan tener los reguladores sobre una disputa que sólo corresponde a los accionistas, su ocupación es velar por la salud del sistema financiero y de ahí que quitar al director general de Banorte no sea visto como una buena idea por los reguladores.

Es lógico que Banorte y sus accionistas pueden elegir libremente a quienes los representen; sin embargo, si el proceso puede implicar que eventualmente entre en problemas el tercer banco del país, que podría desatar una crisis debido a su tamaño, debe ser una preocupación de la autoridad.

En Banorte, como si fuera una familia disfuncional, han tratado de lavar la ropa sucia en casa; no obstante, la caída en las acciones de Banorte ante la eventual salida de su director general, es una muestra clara de la fuerte molestia que tienen los inversionistas sobre la forma en que se está procesando la salida de su presidente del consejo de administración y su capricho de querer llevarse al director general.

Quienes tienen el control accionario de Banorte deben dejar de preocuparse por los deseos y caprichos de Ortiz Martínez y concentrarse en lo importante, es decir, en el valor de sus acciones y el futuro de su negocio.

Están dejando pasar una oportunidad única de acercarse a Banamex como el segundo grupo financiero del país. Por cierto, en la institución que dirige Ernesto Torres Cantú parecería que ha entrado en una fase donde los burócratas de Citi han disminuido sus ataques y grillas internas, puesto que comenzaron a ver que estaban dañando al negocio y, por lo tanto, a sus accionistas.

En este caso también tuvieron mucho que ver las opiniones que en privado hicieron saber las autoridades del sistema financiero mexicano, puesto que el riesgo de llevar un pleito de oficina a una guerra empresarial también podría ser nefasto para el país.

Promesa

Las supuestas razones o pretextos que alientan a los grupos violentos que con gran impunidad roban, secuestran y atracan,  con el pretexto de la desaparición de 43 personas, han superado cualquier clase de razón.

Este fin de semana largo fue verdaderamente malo para los empresarios de Acapulco, quienes generan 70% de los ingresos de Guerrero. Se vieron absurdos como el del Ejército Popular Revolucionario, que confiesa haber puesto una bomba para protestar en contra de la violencia. A esto se deben sumar los asaltos a comercios y vehículos de transportes.

El clima se ha enrarecido tanto que surgieron versiones, desmentidas por la empresa, en el sentido de que Walmart planeaba salir de Guerrero o la reunión entre el Consejo Coordinador Empresarial con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en el cual el mensaje entre líneas fue muy claro. Los representados por Gerardo Gutiérrez Candiani manifestaron su hartazgo y, con palabras de aliento, exigieron al gobierno que cumpliera con su función de hacer valer la ley.