Los retos de AL para su desarrollo productivo

Un vez más, Latinoamérica tiene un problema de crecimiento. Después de una docena de años dorador de expansión económica y pobreza declinante, es probable que la región crezca solo alrededor de 1.5 por ciento este año. 

 

Argentina, Brasil y Venezuela están sufriendo recesiones que varían en severidad. Incluso países de altos vuelos como Chile y Perú se han refrenado, y el crecimiento en México, donde las reformas prometen mucho, aún no ha despegado.

 

Las razones inmediatas no son difíciles de adivinar. El auge en las materias primas ha menguado y, en algunos lugares, años de populismo fiscal se han vuelto en su contra. El bajo desempleo y una población que está empezando a envejecer significan que el crecimiento ya no puede provenir de sumar trabajadores. Si la región desea regresar a una expansión más rápida, debe elevar la productividad.

 

En este aspecto, sin embargo, la región tiene un historial lamentable, y por razones conocidas: trámites engorrosos y la economía informal, la educación deficiente, la mala infraestructura y una falta de competencia y crédito.

 

Sin embargo, un nuevo estudio – “Reconsiderando el desarrollo productivo: Políticas e instituciones sólidas para la transformación económica”, editado por Gustavo Crespi, Eduardo Fernández-Arias y Ernesto Stein para el Banco Interamericano de Desarrollo – sugiere otro factor. 

 

A diferencia de muchos países del este asiático, Latinoamérica ha rehuido la acción estatal para estimular el desarrollo de sectores y empresas de productividad más alta.

 

La política industrial, como se le llamaba, pasó de moda en la región en los años 80, y por buenas razones. En Latinoamérica se le desplegaba principalmente para las sustituciones de importaciones. Con demasiada frecuencia protegía a empresas de baja productividad protegidas de la competencia externa que les habría hecho más eficientes. 

 

En Corea del Sur, en comparación, la política industrial fue más implacable: La ayuda estatal para las empresas fue temporal y se vinculó con el desempeño en las exportaciones y la innovación.

 

Debido a esta desalentadora historia, el BID ha rebautizado la “política industrial” como “políticas de desarrollo productivo”. Eso indica no solamente que esas políticas deberían aplicarse a los servicios y la agricultura así como a la manufactura, sino también que deberían evitar los errores del pasado. Son justificadas, advierten los autores, solo cuando pretenden desarrollar una ventaja comparativa latente o potencial y cuando las fuerzas de mercado no lo han conseguido. Aun entonces, el remedio debería abordar directamente la falla del mercado.

 

Hay mucho por hacer. Latinoamérica es pobre en innovación. El gasto en investigación y desarrollo en la región, como porción del PIB, es menos de la mitad que en los países desarrollados, que tienen siete veces más investigadores por cada mil trabajadores. Las exenciones fiscales pueden estimular la innovación, especialmente cuando recompensan la contratación de investigadores y la colaboración entre universidades y empresas en industrias competitivas.

 

La intervención estatal también podría justificarse para superar “fallas de coordinación”, situaciones en las cuales varias empresas se beneficiarían potencialmente pero ninguna organiza un plan para pagar, digamos, la creación de una “cadena fría” de temperatura controlada para la exportación de frutas y verduras.

 

La agencia de inversión de Costa Rica ayudó a desarrollar la industria de dispositivos quirúrgicos del país convenciendo a una empresa estadounidense de establecer un servicio de esterilización en el país. El INTA de Argentina, un instituto público de tecnología agrícola, trabajó con agricultores locales para desarrollar tipos de arroz más productivos.

 

El mayor desafío es que el Estado incube nuevas industrias de más alto valor sin caer presa de ruegos especiales.

 

Hay varias historias de éxito en Latinoamérica. Los orígenes de Embraer, un fabricante de aviones brasileño, radican en un instituto público de tecnología aeronáutica. Fundación Chile, una agencia de desarrollo privada con una agenda de política pública, creó una industria de reproducción de salmón.

 

Esas iniciativas funcionan, sin embargo, solo si los gobiernos tienen la capacidad técnica e institucional para llevarlas a cabo, advierte el BID. Piensa que los proyectos deberían estar sujetos a evaluación externa. El ejemplo de Corea del Sur sugiere que las cláusulas de caducidad en el apoyo estatal y someter a las empresas a la disciplina de la competencia externa son elementos vitales.

 

Algunos capítulos del estudio del BID son indigeribles, escritos por economistas en vez de políticos. También peca de críticas selectivas: Aunque critica la protección de los productores de arroz en la pequeña Costa Rica, no dice nada sobre el reciente uso de subsidios y protección en Argentina y Brasil para mimar a industrias establecidas o en declive.

 

Sin embargo, su argumento a favor de una política industrial moderna es oportuno. En realidad, ya está siendo aplicada: Este año, el ministro de Producción de Perú, Piero Ghezzi, dio a conocer un “plan de diversificación productiva”, cuyo primer paso es la apertura de 10 centros de innovación tecnológica.

 

Los peruanos no pueden vivir solo de la minería. Las políticas gubernamentales sensatas pueden ayudar.

 

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