Violencia contra educación

Representantes de los más de seis mil 300 ahorradores de Ficrea están tomando un camino violento y agresivo para tratar de presionar a las autoridades de las comisiones nacionales de Valores y de Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, así como la Procuraduría General de la República para que tomen decisiones que van más allá de la ley.

Exigen, con mantas y plantones que les han llevado a cerrar tres veces la avenida Insurgentes frente a las instalaciones de la Condusef, que se les devuelvan todos sus recursos inmediatamente.

Amenazan con que el próximo miércoles volverán a su bloqueo, porque están convencidos de que la autoridad les dijo que el próximo 3 de diciembre les dirán cuándo volverá a operar Ficrea y en qué momento recibirán todos sus ahorros. Que la PGR les entregará un informe de actividades en la cual los depositantes ya se convirtieron en autoridad y descartan el lavado de dinero.

Buscan empatía hacia su movimiento contando que hay ahorradores quienes no tienen para pagar procedimientos médicos de urgencia, otros que no tienen ni para transportarse y otras historias dramáticas.

Sin embargo, rechazaron el ofrecimiento de la autoridad de darles hasta 70 mil pesos puesto que “no están pidiendo limosna”. Si realmente hay condiciones de urgencia como las que describen los representantes de los ahorradores, el camino ofrecido no sería tan malo como para rechazarlo.

Aquí es necesario comprender varios puntos.

Primero. La determinación de la comisión presidida por Jaime González Aguadé de intervenir gerencialmente a Ficrea fue porque detectaron operaciones abiertamente irregularidades por parte de la administración de Sergio Ortiz Valencia.

Esta sofipo que llegó a decir que quería ser banco especializado y ocupó el cuarto lugar de este sector, tuvo un crecimiento anormal durante los últimos años. Tenía mayor captación que bancos con más del doble de sucursales y que están sujetos a una regulación sustancialmente más fuerte. Ahí se prendió la primera alerta.

Segundo. La autoridad encontró que usaban a una empresa no regulada para colocar créditos con el objeto de evadir la supervisión de la CNBV. Aquí es donde radica el corazón del problema.

Los ahorradores, como un buen deseo, están autoconvencidos de que todos los recursos que depositaron están dentro de las cuentas de Ficrea. Para que eso sucediera se tendrían que cumplir algunas imposibilidades como que todos los créditos se hubieran dado con perfección y que el pago de los mismos fuera al ciento por ciento.

Es altamente dudoso suponer que si habían creado una estructura paralela los créditos sean óptimos. De hecho, los administradores sustrajeron información sobre estos financiamientos justamente para no hacerlas desaparecer. Es evidente que la recuperación de recursos será muy limitada.

Tercero. La autoridad no intervino Ficrea para dañar a los depositantes sino para protegerlos. Hoy existe una posibilidad de recuperar algo, pero de haberse mantenido la situación no sólo se hubieran perdido los recursos de esta sofipo sino que se habría generalizado una crisis sistémica.

Cuarto. Los ahorradores que exigen al gobierno que supla lo que, por lo menos, parece un descuido al seleccionar dónde poner sus recursos, deben hacer una revisión de las razones que les llevaron a invertir en una sofipo donde las reglas son sustancialmente más laxas que en los bancos.

En las sofipos existe la figura de Fondo de Protección de Sofipos y de Protección a sus Ahorradores que están establecidos en la Ley de Ahorro y Crédito Popular. El fondo se integra por aportaciones de los participantes en el sector y del gobierno federal que cubre hasta 25 mil Udis, que hoy por hoy son aproximadamente 130 mil pesos.

A raíz de la intervención de Ficrea algunas sofipos han destacado que este fondo es insuficiente y que sus depositantes deberían estar cubiertos por el IPAB.

Este instituto, que tiene como secretario ejecutivo a Lorenzo Meade, cuenta con una red de protección muchísimo más grande para los depositantes. Desde su creación, en 1998, garantiza los depósitos hasta por 400 mil Udis, poco más de dos millones de pesos,  por persona física o moral, cualquiera que sea el número y clase de obligaciones garantizadas a favor del ahorrador y a cargo de un mismo banco.

Muchos de quienes ahora utilizan formas cada vez más violentas para como dicen “obligar” a la autoridad deberían hacer un análisis de conciencia.

Dicen que confiaron en el gobierno. ¿En algún momento analizaron la diferencia entre las redes de protección? La del IPAB es 16 veces más grande que la de las sofipos.

¿Alguno de ellos calificó la calidad de la administración entre Ficrea (por extensión de casi cualquier otra sofipo) en comparación con los bancos?

La mayoría de los que hoy están atrapados por los problemas de Ficrea se dejaron llevar más por anuncios aspiracionales con figuras públicas de reconocido prestigio. Olvidaron que entre más alto el rendimiento es mayor el riesgo y que utilidades fuera del parámetro tradicional deben ser sospechosas.

Cuántos de los que hoy exigen al gobierno que les den inmediatamente sus recursos se dejaron llevar por ganchos como “si le metes tanto dinero más yo te invito a la Fórmula Uno” o promesas similares.

La educación financiera, que muchos creen equivocadamente sólo es obligación de la autoridad y los intermediarios financieros, debe comenzar por los ahorradores, quienes son los primeros que deben proteger su dinero.

De acuerdo con sus propios datos de los ahorradores en Ficrea el 60% tiene depósitos superiores a las 25 mil Udis, es decir, unos 130 mil pesos. El saldo promedio por cuenta de depósito en la banca mexicana no llega a los 10 mil pesos. El más reciente reporte de la CNBV dice que en 2012 el saldo promedio personal era de ocho mil 879 pesos por persona.

Es importante que los ahorradores en sofipos y algunas otras formas (lamentablemente algunas sin regulación) consideren el riesgo que están corriendo por obtener una rentabilidad que, según les parece, es mucho mejor que la que otorgan bancos a través de figuras serias.

Hasta cierto punto es comprensible la molestia y frustración de los depositantes de Ficrea, pero es momento de que revisen el camino. La presión tipo anarquista de ninguna manera forzará a nadie a cumplir con su obligación. Sin duda CNBV, Condusef y PGR están haciendo su trabajo sin necesidad de que los afectados dañen a otros como los que tienen que aguantar embotellamientos de gente que tomó una decisión, por lo menos, riesgosa.