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CIUDAD DE MÉXICO.- Las finanzas públicas de México se encuentran en una difícil tesitura. En primer lugar, los ingresos petroleros, que representa en torno a 30 por ciento de los ingresos presupuestarios totales, corren el riesgo de sufrir una severa contracción tras el reciente derrumbe del precio del crudo; en segundo lugar, y tras la Reforma Fiscal del año pasado, el gobierno aseguró que no subiría impuestos ni propondría nuevos tributos en lo que resta del sexenio por lo que, en un principio, no cuenta con mecanismos para contrarrestar la merma de los ingresos petroleros; y, en tercer lugar, y tras incurrir en un déficit público de 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) el año pasado con el fin de contribuir a reactivar la economía, el gobierno de México se comprometió a regresar al equilibrio presupuestario en 2017. Para este año, el déficit planeado es de uno por ciento del PIB, y el objetivo es que se vaya cerrando hasta alcanzar el déficit cero en 2017.
¿Cómo resolver el dilema de regresar al equilibrio presupuestario sin incrementar los impuestos en un momento en el que una de sus principales fuentes de ingresos, los petroleros, se encuentra en riesgo? La respuesta la dio la semana pasada el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray: recortar el gasto público. En el marco de la presentación del estudio económico de México de 2015 elaborado por la OCDE, sus palabras fueron tajantes.
Señaló que “no habrá un incremento del déficit público” ni “tampoco habrá un incremento de los impuestos”. En consecuencia, “la decisión del Presidente de la República es que cualquier necesidad de ajuste por una disminución de los ingresos habrá de acomodarse reduciendo el gasto público”.
Esas palabras han puesto a temblar a más de uno. Cualquiera puede ser víctima del tijeretazo en el gasto público. Pero hay unos que desde hace tiempo tienen el entrecejo fruncido: los gobernadores y alcaldes del país. La razón es que son las cuentas de las entidades federativas y de los municipios las que se encuentran más descubiertas y vulnerables ante la caída del precio del petróleo, y esto por dos razones: uno, la cobertura petrolera contratada por el gobierno federal no alcanza para proteger todos los ingresos petroleros; y dos, las coberturas contratadas dejan sin blindar, precisamente, las participaciones federales, esto es, los ingresos petroleros que el gobierno transfiere a los estados y que representan, en promedio, en torno a como se suele decir, que las coberturas petroleras no son participables.
En efecto, la cobertura petrolera no alcanza para cubrir todos los ingresos petroleros. Para este año, el contrato de cobertura consiste en 228 millones de barriles que el gobierno tiene derecho a vender a un precio de 76.4 dólares. Ese precio es inferior a los 79 dólares presupuestados en la Ley de Ingresos (la diferencia será cubierta con siete mil 940 millones de pesos que se destinarán a ese propósito provenientes del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios), pero muy superior a 39.70 dólares a los que cerró el precio de la mezcla de exportación el pasado viernes.
Lo malo es que esos 228 millones de barriles representan en torno a 26 por ciento de la plataforma de producción de petróleo de México, y alrededor de 57 por ciento de su plataforma de exportación. De hecho, en los Criterios Generales de Política Económica 2015, se establece que la plataforma de exportación para este año será de 1.090 millones de barriles al día, lo que implicaría vender al exterior algo así como 398 millones de barriles al año. Eso significa que cerca de 170 millones de barriles de exportación no se venderán al precio de la cobertura de 76.4 dólares, sino a los precios vigentes en el mercado.
El año pasado, el valor de las exportaciones petroleras, ya golpeadas por la caída del precio del crudo y el menor volumen exportado, se situó en torno a 36 mil millones de dólares (mdd), comparado con 42 mil 700 mdd en 2013.
Un sencillo ejercicio nos evidencia la merma que sufrirá México este año al prolongarse el descenso en las cotizaciones de la mezcla y el menor número de barriles exportados: si 398 millones de barriles previstos se vendieran al precio de 76.4 dólares establecidos en la cobertura, el valor de las exportaciones sería de 30 mil 400 mdd. Pero la cobertura sólo blinda los ingresos de 228 millones de barriles: si ese volumen fuera vendido al precio de la cobertura (76.4 dólares) y el resto al actual precio de mercado, que ronda 40 dólares, el valor de las exportaciones petroleras se ubicaría en 24 mil 200 mdd. Es decir, por las exportaciones petroleras, México podría perder este año en torno a 12 mil millones de dólares.
Pues bien, parte de esos ingresos petroleros que se perderán por quedar fuera de la cobertura se verá reflejado en una caída de la Recaudación Federal Participable (RFP), esos recursos que se ingresan en las arcas del gobierno federal y que se transfieren a las entidades federativas y municipios en forma, sobre todo, de participaciones (Ramo 28), que son recursos no etiquetados, y aportaciones (Ramo 33), ingresos destinados a programas de salud, educación, infraestructura social y seguridad publica. De la RFP, 75 por ciento de los recursos son no petroleros y el restante 25 por ciento son petroleros.
Las aportaciones, que son recursos etiquetados y que representan en torno a 39 por ciento del gasto federalizado, no se verían afectadas por la caída de la RFP. Pero sí podrían verse perjudicadas las participaciones, cuyo peso es de 37 por ciento en el gasto federalizado, así como los convenios. El impacto negativo ya se ha dejado sentir en los meses de octubre y noviembre: durante esos dos meses, las participaciones acumularon 91 mil 194 millones de pesos (mdp), lo que representa un agujero de ocho mil 721 mdp respecto al monto programado de 99 mil 915 mdp. Como es natural, las entidades que más recursos reciben por participaciones fueron las más afectadas en términos absolutos por el faltante: Estado de México, DF, Veracruz, Puebla, Jalisco y Guanajuato explican 50 por ciento del faltante.
Sin embargo, eso no quiere decir que sean los más vulnerables, sino que lo serán aquellos que más dependan de los recursos federales. En promedio, las tranferencias federales representan 82 por ciento de los ingresos totales de las entidades federativas, en tanto 11 por ciento corresponde a ingresos propios y seis por ciento de los recursos se obtiene a través de financiamiento.
Con datos de 2012, el estado que más recursos recibía de la Federación respecto a los ingresos totales era Tabasco, con más de 90 por ciento seguido de Baja California Sur, Guerrero, San Luis Potosí, y Oaxaca, cuya dependencia era superior a 85 por ciento.
En 15 de las 32 entidades federativas, los recursos federales representaban más de 80 por ciento de los ingresos totales. Sólo Baja California, Nuevo León y DF se encontraban en una situación más confortable, al poseer ingresos propios que representaban la mitad de los ingresos totales y, por tanto, depender menos de la RFP y de la volatilidad de los precios del petróleo. Pero en general, las entidades federativas y los municipios afrontan una situación delicada en 2015, en el que tendrán que contar con menos recursos por concepto de participaciones y convenios ante la caída de los precios del crudo.
Pero si preocupante es 2015, peor se ve 2016: en ese año, y salvo que las cotizaciones del petróleo suban con virulencia, el recorte del gasto federal será mucho más agresivo que en este 2015. Si este año la cobertura logra de algún modo capear el temporal, en 2016 el Presupuesto tendrá ya que incorporar plenamente un precio del petróleo mucho más bajo.
Y si se mantienen las premisas de equilibrio fiscal y no aumento de impuestos, sólo le quedará al gobierno aplicar un recorte draconiano del gasto, pues no hay que perder de vista que la Federación recauda 90 por ciento de los ingresos totales.
* Director de llamadinero.com
