Ficrea y populistas

Parecería que los políticos no se cansan de inventar ridículos, tomar causas que parecen socialmente correctas para convertirlas en banderas que les generen popularidad.

Un grupo de legisladores en el que están Fernando Belaunzarán, Javier Lozano y Gerardo Flores se reunieron con ahorradores de Ficrea para, según el senador del PRD, porque “estamos buscando una solución justa”.

Uno de los grandes problemas de México es que incluso los legisladores, quienes son los facultados para crear leyes, creen que los ordenamientos son opinables desde un punto de vista subjetivo como la “justicia”.

Estos legisladores, que además presumen en redes sociales que “las buenas causas suman la pluralidad”. ¿Cuál es la buena causa? Seguir a grupos en los que hay violentos que bloquean calles o dañan instalaciones públicas impunemente, porque quieren que se les devuelva todo lo que invirtieron porque les parece justo, aun cuando sea ilegal.

Deberían estar enfocados en que el caso de Ficrea sea atendido con base en estricto derecho.

Hasta el momento, las diversas autoridades que han intervenido en este caso han actuado de acuerdo con las leyes que estos mismos senadores crearon o, por lo menos, votaron por ellas.

Seamos muy puntuales. Las leyes financieras establecen que el seguro de depósito en las sociedades financieras populares (como es el caso de Ficrea) es equivalente a una cifra que ronda 131 mil pesos.

Esos mismos ordenamientos establecen que los ahorradores tienen prioridad sobre lo que se logre recuperar de las empresas fallidas y que los fondos se les entregarán proporcionalmente a su inversión. Para eso es necesario la intervención de la banca de desarrollo y el SAE.

Llama la atención que legisladores hablen de “justicia” en lugar de derecho. Una posición extrema podría decir que es justo que la gente pierda su dinero por confiar en rendimientos excesivos por empresas poco conocidas y reguladas. Que es “justo” que les pase eso, porque no leyeron debidamente los contratos, así como los derechos y obligaciones que tenían.

Los legisladores deben actuar en términos de ley, puesto que la justicia es subjetiva. Y si ya andan buscando buenas causas, pues que pongan una parte de su salario para ayudar a causas justas, puesto que eso de tratar de hacer “justicia” con el dinero de los contribuyentes es simple y sencillamente un acto demagógico.

Será bueno que estos mismos legisladores atiendan la comparecencia que pidieron de los presidentes de las comisiones bancaria y de defensa de usuarios de servicios financieros, así como el director de la Unidad de Inteligencia Financiera (Jaime González Aguadé, Mario Di Costanzo y Alberto Baz Baz respectivamente) para que comprendan o, por lo menos, se queden sin pretextos sobre lo que está ocurriendo en el caso de Ficrea.

El enemigo no es la autoridad sino los delincuentes que engañaron y timaron a personas que buscaban altos rendimientos sin considerar el riesgo en que incurrían. Ya basta del paternalismo de los políticos.

Precisiones

El Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió un comunicado de prensa en el cual busca precisar cuáles fueron las sanciones que impuso a Dish y Teléfonos de México, así como cuál fue el razonamiento con el que elaboraron su determinación.

Establecieron que se trató de una concentración que debió haber sido notificada a la autoridad, que no causó daño en términos de la Ley Federal de Competencia Económica. Así que la sanción fue por no notificar.

Las precisiones del organismo que preside Gabriel Contreras dejan claro lo que ha sido denunciado en este espacio: Telmex y Dish hicieron mucho más que un convenio de facturación y cobranza como han insistido todavía hasta este momento. Se concentraron en una sola empresa.

A pesar de que cometieron una violación a la ley, no tuvieron la capacidad y/o talento para dañar la competencia económica. El tema no debería ser si hubo afectación o no en el mercado de la televisión abierta sino si esta concentración viola o no el título de concesión de ambas empresas de telecomunicaciones.

Segunda vuelta

Hoy se realizará el segundo intento por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para licitar el tren de alta velocidad entre México y Querétaro. Como recordará, luego de que un consorcio encabezado por China Railway ganara la licitación surgieron dos grupos de quejas: una que apuntaba hacia la falta de otros postores y la segunda, a la participación de una empresa privada a la que los fanáticos de las teorías de conspiración le vieron una gran cantidad de imputaciones tan fantásticas como increíbles para una persona medianamente informada.

En el primer caso, es lógico que existan pocos postores puesto que no hay muchas empresas en el mundo que realicen este tipo de obras. La pregunta es si se presenta una sola empresa nuevamente, renacerán estas críticas impulsadas por el partido de Acción Nacional.

De hecho, la empresa china ha señalado que ellos participarían en esta nueva licitación, por lo que no tendrían acceso a ninguna clase de compensación por los gastos en los que incurrieron en su primer intento.

La segunda queja, que levantó mucho más ruido mediático, hasta el momento no ha constituido ningún delito o ni siquiera una denuncia ante los tribunales tiene mucho que ver con el imaginario popular o las ganas de venganza en contra del gobierno por parte de ciertos grupos que han visto afectados sus intereses.

Lo verdaderamente importante, mucho más allá de las especulaciones, es que se logre este tren de alta velocidad que contribuirá al crecimiento de la economía y facilitará la vida de millones de personas.

Es necesario que las acciones anunciadas por el gobierno se conviertan en realidad, que no sean simples discursos o planes tan endebles que especulaciones ridículas las tiren como si fueran castillos de naipes.

Al país le sobran rollos y le faltan aplicación y cumplimiento de las leyes. Esta litigación debe estar apegada a la ley y la transparencia, no ser rehén de aquellos quienes buscan desestabilizar al país por la vía de los rumores.

Es necesario que el gobierno mantenga fuerza en el rumbo que han decidido, puesto que lo peor que podría pasar es que el país siga estancado.