Alicia Salgado

Cuenta corriente

Alicia Salgado

15 Ene, 2015

“Explorar o no explorar: he ahí el dilema”

Le adelanto que la sesión programada para el día de hoy jueves del pleno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), que preside Juan Carlos Zepeda Molina, será una de las más importantes en la vida de este órgano regulador, por la simple y sencilla razón de que todo está listo para que apruebe las disposiciones Administrativas de Carácter General en Materia de Autorizaciones para el Reconocimiento y Exploración Superficial de Hidrocarburos.

Mire su relevancia. De acuerdo con la Secretaría de Energía que encabeza Pedro Joaquín Coldwell, se estima que nuestro país cuenta con 54.6 millones de barriles de petróleo crudo de recursos prospectivos convencionales, de los cuales 49% se concentran en aguas profundas del Golfo de México.

Según la prospectiva, están en tirantes de aguas mayores a 500 metros abarcando una superficie aproximada de 575 mil m2; entendiendo de antemano la complejidad que representa para la exploración, descubrimiento y eventual desarrollo de estos campos desde capacidades técnicas hasta fuertes inversiones.

El restante 51% de los recursos prospectivos están localizados en áreas terrestres y en aguas someras, en las que destacan las Cuencas del Sureste, Burgos, Tampico-Misantla y Veracruz.

Mire, con esto de la caída en los precios del crudo y una gran parte de las empresas de todo tamaño, color y sabor en el mundo petrolero están contrayendo su presupuesto de inversión en exploración y desarrollo, la CNH tendrá que ser muy clara para mostrar y probar el potencial de exploración que tendrían los inversionistas y los costos estimados para desarrollarlas.

Mire, a pesar de que se la ha tenido guardadita el director general de Petróleos Exploración y Producción (PEP), se comenta que el año pasado realizó un ajuste de 100 mil millones de pesos en el presupuesto y, ayer corrió como reguero de pólvora con oficios de la Subsecretaría de Egresos de Fernando Galindo, que está en vía otro recorte por otros 50 mil millones de pesos para este 2014.

Hoy, la edición impresa del Financial Times comenta que las inversiones que se han detenido en distintos proyectos en el mundo suman  miles de millones de dólares, se incluyen empresas como Dutch Shell, Statoil, Chevron, Qatar Petroleum, Premier Oil, Canadian Natural Resources, al tiempo que IHS Energy, la principal organización de análisis de actividad de perforación, reveló que la contratación de plataformas de exploración en aguas someras y profundas en las primeras semanas de enero en el Golfo de México del lado estadunidense se cayó a 400 mil dólares diarios desde 100 mil dólares en enero de 2014.

Justo ahí radica la relevancia de lo que hoy podría aprobar esta revitalizada comisión con la Reforma Energética, porque regulación en exceso o costosa, sería imprudente.

La CNH estima que el costo de regular a los agentes privados que participen en el futuro en la actividad a valor presente, se estima en 195 millones de pesos durante un periodo de 30 años, considerando que se incorporarían unas 33 empresas, tres con grandes proyectos en consorcio, 10 medianas y unas 20 pequeñas.

El beneficio, que consiste en la obtención de datos sísmicos por parte de las empresas de geofísica que cuentan con la autorización por el reconocimiento y exploración superficial, en 2D se estima por un valor de 364 mil 038 millones de pesos y el que se obtendría en 3D sería por poco más de cuatro billones de pesos, en el mismo periodo y de igual forma calculado a valor presente.

La propuesta de la CNH para regular las autorizaciones de reconocimiento y exploración superficial fue remitida a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), que encabeza Virgilio Andrade, la que ya emitió el dictamen total final, que incluso retoma por parte de la CNH las observaciones que le hiciera la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que preside Alejandra Palacios.

Así, que lo único que falta es que hoy le dé luz verde la CNH para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y desde luego su puesta en marcha.

De Fondos a Fondo

A ver si ahora que ya no aspira a la gubernatura de Nuevo León, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, voltea a ver el grave deterioro de la balanza comercial del sector de tractocamiones en México, que tiene el potencial y capacidad instalada para ser el primer lugar de exportación en el mundo —si el caso de Colombia se hubiese atendido, no seríamos el segundo lugar—.

Colombia era un mercado estratégico, porque se exportaban 13 mil vehículos pesados al año, cifra que cayó en 90% de 2012 a la fecha, con una pérdida cercana a los mil millones de dólares en la balanza comercial.

Un dato que pasó prácticamente inadvertido en México es que el 27 de diciembre pasado, el Ministerio de Transporte de Colombia (con el que supuestamente había acuerdo cuando se firmó la Alianza Pacífico con sus presidentes) publicó la resolución 7036, a través de la cual se definen las reglas para que los transportistas puedan chatarrizar y renovar sus unidades.

Lejos de representar un cambio favorable, la resolución colombiana mantiene los criterios que afectan las exportaciones mexicanas, porque implican un esquema de chatarrización obligatorio para vehículos de 10.5 toneladas, que casualmente, son los tractocamiones mexicanos. Los colombianos modificaron la antigüedad mínima para la destrucción de vehículos —que pasa de 25 a 20 años’—, pero no removieron el dique a las exportaciones mexicanas.

¿Qué puede hacerse? Urge que la Secretaría de Economía, que comanda Guajardo, pida al gobierno de Juan Manuel Santos eliminar la obligatoriedad de la chatarrización, o generalizarla a todos los vehículos pesados de 20 años de antigüedad, incluyendo a las brasileñas. Es lo más lógico entre dos economías abiertas con relaciones comerciales tan estrechas.

¡Vaya paradoja! Para dinamizar el mercado interno de vehículos pesados, que cayó 1.4% al mayoreo y 9.8% al menudeo en 2014, es apremiante actualizar el estímulo fiscal para la chatarrización en México; y para recuperar el mercado perdido en Colombia, necesitamos que se remuevan las barreras comerciales impuestas por el programa de chatarrización del país cafetalero. Ambos objetivos son alcanzables. Sé que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya trabaja en lo primero, la Secretaría de Economía debe meter el acelerador en lograr lo segundo.

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