Alicia Salgado

Cuenta corriente

Alicia Salgado

19 Ene, 2015

ABM: ¡ciclo cerrado!

La semana pasada, en dos ocasiones, se reunió el Comité de Dirección de la Asociación de Bancos de México. Entre otros temas, trataron sobre  la sucesión en el organismo cúpula. La decisión fue platicada entre los grupos bancarios representados en el Comité y después comentada, banco por banco, por el presidente de la ABM, Luis Robles, para manifestarles su interés de continuar en la presidencia, además de que en el grupo de Bancos B (integrado por Santander México, que preside Marcos Martínez, Banorte, que preside Carlos Hank González, Scotiabank, que preside Enrique Zorrilla, Inbursa, que preside, Marco Slim,  además de HSBC México), habían decidido nombrar a Luis Peña como su vicepresidente para el siguiente periodo en lugar de Javier Foncerrada, de Inbursa.

De esta forma, Peña regresará a ocupar una posición activa en el Comité de Dirección de la ABM. Reengancharse como vicepresidente en las tareas gremiales, demuestra que su postura a favor de una transición ordenada e institucional, que fortalezca a la ABM y no vuelva a dividirla, o a ser objeto de pleito mediático como en el pasado, es más importante que buscar de forma forzada la presidencia. Por otra parte, Luis Robles, quien ha sido un factor permanente de unidad de la ABM en distintos momentos, podrá realizar propuestas claras para fortalecer la capacidad de acción del organismo financiero cúpula.

Esto cerrará, en definitiva, el ciclo de conflicto, pues todos ellos son amigos y los grupos financieros tienen una gran interrelación, pero había expectativa de que nuevamente el “pleito” levantara vuelo si Peña buscaba la presidencia con el “me toca” o “tengo una promesa”, cosa que no ocurrió  por su voluntad, y particularmente porque está dispuesto (y es apoyado por su CEO global), a ganar la sucesión dentro de un año, sin conflictos ni forcejeos mediáticos y siendo una opción de unidad.

Por lo pronto, si el consenso de los asociados está de acuerdo, y hasta donde sé los vicepresidentes ya lo han comentado con ellos (Héctor Grisi, presidente de CSFB por el grupo de banca internacional, Daniel Becker por el grupo de bancos A  y, Ernesto Torres Cantú, presidente de Banamex y primer vicepresidente, además del presidente ejecutivo, Alberto Gómez Alcalá, de Banamex), harán la propuesta formal para que la transición se concrete a principios de febrero, y lo cerraría Robles el 19 de marzo, cuando se realiza el cambio de estafeta en la Convención Bancaria (19 y 20 de marzo en Acapulco, si la Ceteg no dispone otra cosa en contra de este grandioso destino turístico). Por ahora, esta es la forma. ¿Habrá cambios de fondo?

De Fondos a Fondo

El que cerró el ciclo también es el Grupo Salinas, que encabeza Ricardo Salinas. Por una parte designó a Alejandro Valenzuela, como director general de Banco Azteca ­—quien le reportará al Consejo de Administración— reforzando con ello el principal brazo financiero del grupo y, por el otro, conserva lo mejor de Luis Niño, que continúa como vicepresidente de Banco Azteca, manteniendo con ello la representación ante autoridades, gremio y pares de la institución financiera.

    Valenzuela, como usted sabe, renunció a Banorte en octubre, por lo que su recontratación casi inmediata por un grupo en proceso de expansión y muy activo, demuestra su capacidad profesional. Lo que sí le comento es que en Banorte algunos ejecutivos han decidido cambiar de trabajo, algo natural cuando se cierran ciclos.

Y en Iusacell, AT&T, de Randall Stephenson, nombró a Thaddeus Arroyo como director general de la filial, y cuyo principal desafío es completar la transición tecnológica para concretar la aspiración de subir a los 9.2 millones de contratos de usuarios (qué fuerte expansión en los últimos tres años), a la base de AT&T. Comunicación sin costuras es el tema. Por lo pronto, el gran Adrián Steckel, apoyará la transición y, el Grupo Salinas, redoblará el esfuerzo de penetración de Total Play, apoyado en las oportunidades que ha abierto la Reforma en Telecomunicaciones.

A propósito de la discusión legislativa para aprobar una nueva ley que disponga de los residuos sólidos urbanos que, dicho sea de paso, impulsan la Semarnat, que encabeza Juan José Guerra, y el PVEM, que en la Cámara de Diputados coordina el diputado Arturo Escobar, ojalá puedan apoyarse en la realidad nacional en la que abundan ejemplos, para apuntar la enorme debilidad institucional con el que se desarrolló el modelo de concesión del servicio público de disposición de derechos. La falta de  seguridad jurídica para las empresas que invierten en el sector, teniendo como fuente de pago al municipio, es hoy el principal problema, pues aún cuando federalmente está autorizado el recurso, se desvía o simplemente se chantajea.

El mejor ejemplo es Naucalpan, uno de los municipios más importantes del país en términos económicos y poblacionales, que —retando al sentido común— aunque tiene uno de los mejores rellenos sanitarios del país, lleva sus residuos a San Mateo, los tira a pie de carretera y, de ahí, los traslada hasta Tepotzotlán.

Esto ha generado, de hecho, una crisis ambiental con una improvisada “estación de transferencia” que no es otra cosa que un alud de basura sin control.  Y mire: no sólo Guerrero enfrenta la realidad de los tiraderos municipales clandestinos. En estos casos uno se pregunta: ¿Y a los munícipes en busca de curul para ser diputados federales del PRI, alguien les dice algo?

Usted podrá cuestionarse: ¿por qué Naucalpan no deposita sus residuos en el propio municipio, teniendo un relleno sanitario con la infraestructura necesaria para hacerlo y que, en su momento, requirió una inversión de 100 mdp para también remediar el tiradero conocido como Rincón Verde?

Fácil: porque David Sánchez Guevara primero regularizó pagos, pero después acumuló un adeudo de más de 92 millones de pesos a la concesionaria, teniendo los recursos presupuestados para solventar el servicio. Al menos eso aparece en recursos federales autorizados en la página de la Subsecretaría de Presupuesto de Fernando Galindo, lo que implica que los recursos del hoy candidato a diputado federal del flamante PRI, que preside César Camacho  Quiroz, no los usó para lo que fueron aprobados. Mañana le cuento quiénes son los dueños de la “concesión paralela”, igual y le interesa al SAT de Aristóteles Núñez, el negocio de la basura transferida en Naucalpan.

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