David Páramo

Análisis superior

David Páramo

23 Ene, 2015

¿Callejón sin salida?

Una vez que el Instituto Federal de Telecomunicaciones determinó que Dish y Teléfonos de México se habían concentrado y les multó por no haberlo notificado a las autoridades, el pleno del organismo presidido por Gabriel Contreras tiene que dar un segundo paso.

Gran parte de la discusión, puesto que así lo plantearon los voceros de Dish, se concentró en los dichos de la empresa en el sentido de que el IFT se había equivocado y mantuvo poco más o menos la versión, a estas alturas increíble, de que se trataba de un convenio de facturación y cobranza.

Por ahí hubo otros que eligieron perder el tiempo diciendo que se trataba de una venganza del gobierno de Enrique Peña Nieto por quién sabe qué afrentas. La versión, inverosímil, arranca con el hecho de que el IFT es tan autónomo como lo desearon los miembros del Pacto por México que presumieron de arrastrar la pluma. En segundo término, ¿venganza contra qué? ¿Infundios? Este gobierno se ha caracterizado por el respeto a la opinión de hasta los irrespetuosos o mentirosos.

Otros más en una discusión francamente ridícula, pero que implicó una precisión por parte del IFT. En la resolución se establece que la concentración no fue en contra de la Ley Federal de Competencia Económica y no causó daños en el mercado.

Sin embargo, el problema de fondo está en el título de concesión de Telmex. Cuando la empresa telefónica fue privatizada se estableció que no podría dar servicios de video. A pesar de diversos intentos por parte de la empresa no se ha dado ninguna modificación.

Así, la discusión no debe ser si se violó la LFCE sino la presunta violación al título de concesión de la telefónica.

Terceros afectados por esta situación establecen que es claro que se violó el título de concesión y que se deberá aplicar la sanción máxima, es decir, la pérdida del mismo. Otros consideran que la empresa es demasiado grande para caer, por lo cual sólo se le aplicaría una multa.

Vamos, que la discusión se concentre en si Televisa y Televisión Azteca deberán seguir dando, conforme a la interpretación que hizo el IFT de la Ley Federal de Telecomunicaciones, gratuitamente su programación a Dish que, en su momento, lo presumió en anuncios como uno de los primeros resultados de la reforma constitucional al sector. 

Aquí el tema se divide en dos posibilidades: Que el IFT decida entrar en una guerra jurídica que podría llevar muchos años o que no aplique una sanción de fondo. Según algunos, esto implicaría una pérdida en la seriedad.

Sea como sea, la realidad es que lo peor que podría pasar es que el asunto siga empantanándose o, peor, que se le dé carpetazo.

Oportunistas

Hay un grupo de legisladores que son tan oportunistas como irresponsables y han tomado el caso de Ficrea como una bandera política por lo que se han puesto a ofrecer supuestas soluciones que pueden generar más problemas.

Han dicho, por ejemplo, que se va cambiar la Ley del Seguro Popular para devolverle todo el dinero a los depositantes de esa sofipo.

Se trata de una barbaridad. ¿De dónde saldría el dinero? Obviamente no de sus dietas o del financiamiento de los partidos. El fondo de protección, que fue fijado por los legisladores, es de 25,000 Udis y se compone en gran parte por aportaciones del resto de los intermediarios de este sector.

¿Plantean pedir cuotas extraordinarias a las demás para pagar el fraude cometido por los administradores de Ficrea? Gran parte del éxito que tuvo la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, presidida por Jaime González Aguadé, fue precisamente el evitar una crisis sistémica. Pedir cuotas adicionales así lo haría.

Más allá, si están hablando de casos futuros habría que considerar el impacto que tendría para las sofipos el tener que aumentar los fondos de protección. Quizá sería mucho menos imprudente pedir que hubiera máximos de inversión en estos intermediarios que están destinados al sector popular y que, por deformidades del sector, llegaron a tener inversionistas por encima de los 131,000 pesos.

El saldo promedio de los depósitos en las instituciones de crédito ronda los 10,000 pesos y el fondo de protección equivale a 2 millones de pesos. Estos altos costos, sumados a otros, como son las reservas preventivas, explican el diferencial entre las tasas activas y pasivas.

Concurso mercantil

Una posición reiterada por parte de los presuntos defraudados por Ficrea y algunos otros (como siempre hablando a toro pasado) dicen que en lugar de decretar la intervención gerencial de esta empresa cuando se tuvo los elementos de fraude se debió haber pedido el concurso mercantil.

Especulan, por ejemplo, que eso le hubiera permitido a la interventoría tomar el control de la caja, mantener la operación y después decretar la intervención gerencial. Visto así suena una gran idea pero tiene algunos problemas.

Primero. El dinero no estaba, puesto que Rafael Olvera y sus administradores establecieron una red para saquear los depósitos.

Segundo. El decretar un concurso mercantil sólo hubiera agravado el problema, puesto que al saber que la CNBV decretaba el concurso mercantil se hubiera generado una corrida en contra del poco dinero que aún estaba en las cuentas, comenzando por los más sofisticados. Esta corrida pudiera haber generado una corrida en contra de otras sociedades financieras populares.

Tercero. La intervención gerencial se dio en cuanto la CNBV tuvo los elementos suficientes. Algunos pretenden que el regulador se hubiera dado cuenta del fraude desde el primer momento cuando, en realidad, debe reconocerse que se hizo mucho antes que en casos similares. La experiencia demuestra que estos asuntos, en el mundo, suelen conocerse cuando el delincuente ya se llevó todo.

Cuarto. Muchos de los que hoy se sienten molestos por la actuación de Ficrea deben revisar, no sólo desde un punto estrictamente formal, el comportamiento de personas que están bajo su cargo. Hasta el momento nadie ha presentado denuncias de corrupción por parte de quienes están a su cargo.

En este mismo renglón están los quejosos que exigen justicia y tratan de culpar a todos de las malas decisiones que tomaron.

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