50 kilómetros, ¡longitud de la disputa!

En el tramo final del proceso de mejora regulatoria de la Cofemer, que encabeza Virgilio Andrade, la propuesta de reclasificación de carreteras federales, que elaboró la Subsecretaría del Transporte de la SCT, dirigida por  Yuriria Mascott ,  ha recibido un buen número de peticiones de reclasificación, pero la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), que lleva Alex Theissen y representa a Femsa Logística; la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, que preside Roberto Díaz Ruiz, y la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), que lidera Elias Dip Ramé, fueron las más activas.

En lo que respecta a esta última, a la fecha sólo ha propuesto que sean reclasificados 395 kilómetros (km) en Nuevo León, de niveles “C” y “B” a “A” y “ET”.

En el caso de la Canacar, su propuesta es reclasificar 1,227 km de la categoría “B” a la “A” y 367 km de “B” y “C” a “ET”, y tal vez los tramos más relevantes destaca El Sueco, Chihuahua-Agua Prieta-Santa Ana, Sonora; ya que argumenta que se trata de la ruta más corta para transportar insumos y productos terminados hacia y/o desde Tijuana, Nogales, Agua Prieta, Mexicali, Chihuahua, Torreón, Gómez Palacio, Ramos Arizpe y Monterrey, por la gran cantidad de parques industriales que se ubican en esta zona. Además, del tramo San Luis Potosí-San Felipe-Cerro Gordo-Silao, ya que es entrada y salida de las armadoras asentadas en Silao, Guanajuato.

La ANTP propone sumar 1,134.8 kilómetros (km) a las clasificaciones “ET” y “A”, y 785.8 km a la categoría “B”; de un total de diez tramos carreteros, que representa 3.1 millones de viajes mensuales, principalmente de tractocamión-semirremolque, conocido como T3-S2 y T3-S3 y el tractocamión-semirremolque-remolque clasificados como T3-S2-R4.

Y hago énfasis en ésta, porque los grandes corporativos y movilizadores de carga en camiones doblemente articulados vuelven a la carga para impulsar un cambio en el criterio de conectividad impuesto en la NOM-012 en vigor. Por ejemplo, Femsa Logística solicitó la reclasificación de 79 tramos carreteros, de los que le rechazaron 29.

La empresa está pidiendo una vez más que se consideren estos caminos argumentando que al limitar la conectividad entre ejes o tramos de un mismo eje, por carreteras de clasificación “B”, con un máximo de 50 kilómetros, se ve afectada la industria y el comercio, ya que existen carreteras y caminos que se encuentran en condiciones buenas para la conducción de vehículos doblemente articulados, los que se verán obligados a circular con vehículos sencillos, y bueno, “si sube el costo, finalmente serán los consumidores finales y la sociedad misma los afectados por el alza de precios”.

Además de los 29 tramos, la empresa dice que existen otros 44 que también se solicitaron, de “los cuales no se ha tenido una respuesta por parte de la autoridad competente”, e insisten en que se estudien los tramos y se pueda entregar una respuesta y reclasificación a éstos”.

Es fácil. No pasó en la primera, pero quien quita y en la segunda vuelta se acomoda. La ANTP calcula el recorrido extra que deberán hacer los transportistas por la limitante de conectividad en 40.3 millones de kilómetros a la semana y, bueno, creo que Virgilio Andrade le va a pedir a la secretaría que evalúe este impacto.

Hablamos de los camiones de las empresas afiliadas a la ANTP, entre las que destacan Bimbo, que encabeza Daniel Servitje; Cemex, que dirige Fernando González; Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma que lleva Marc Busain; Cervecería Modelo que encabeza Ricardo Tadeu; Lala, que lleva Eduardo Tricio; PepsiCo, que preside Pedro Padierna, y Deacero, que comanda Raúl Gutiérrez Muguerza, entre otros 133 afiliadas, y las que le aseguro que en las oficinas de la ANTP ya tienen las cuentas del monto que se ahorrarían si la SCT toma en cuenta su solicitud para reclasificar los tramos carreteros que proponen.

Para que tenga usted una mayor idea de su reclamo:  en los tramos Imuris-Agua Prieta y el de Janos-Agua Prieta, en conjunto suman 324.7 km; en los que la ANTP afirma que cada mes se hacen 1.9 millones de viajes y el impacto por no reclasificarlos sería de 18.6 millones de km de distancia adicional a recorrer semanalmente; ya que conectan con el corredor México-Tijuana y el Querétaro-Ciudad Juárez.

Y como ya están bien estudiados, le comento que en el Comité de Normalización del Transporte que preside la subsecretaria Mascott, donde todos se sientan, se llevará a cabo el próximo 2 de febrero para buscar cerrar el capítulo, que en su siguiente fase es todavía más complicado: ¡la Norma de básculas y quién y cómo se pesa!

De Fondos a Fondo

Bueno, al que seguramente le llovió en su milpita fue a Raúl González, director corporativo de Infraestructura del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México que encabeza Manuel Ángel Núñez, pues al decir que habrá cambios en el esquema de financiamiento del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) llovieron los ¡ya se atoraron! y ¡no van a poder!

Mire, este tipo de proyectos se financia con crédito bancario y presupuesto en los primeros dos años y hasta el tercero comienza la emisión de bonos. Tengo entendido que el área de Federico Patiño realizaron un beauty contest, para tomar el crédito privado por alrededor de mil millones de dólares, una sexta parte del total estimado en financiamiento privado que es de seis mil millones de dólares, que representará 42% del total a financiar para la obra, en un periodo de cinco años.

* Hay noticias que pasan de largo y la que dio a conocer Conagua que encabeza David Korenfeld, puede tener repercusiones importantes para la administración de los recursos hídricos, pero más para la organización política del agua en México. Fíjese que ayer en San Luis Potosí se creó el primer organismo regulador de servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en el país, que se propone como organismo ciudadano que vigilará el cumplimiento del programa hídrico del Estado, con todo y disposición de aguas negras y reservas de agua potable.

El organismo se pone por encima de los gobiernos municipales y estatales, y se supone que tendrá la capacidad de normar la prestación de servicios de la entidad, preservando las aguas subterráneas, evitando conflictos y fortalecimiento a la participación social, garantizando que los usuarios reciban servicios eficientes y de calidad. Lo único que no queda claro es cómo se elige a los ciudadanos y quién regula a los organismos ciudadanos, ni en qué ordenamiento jurídico se les otorga la capacidad normativa.