¡Penalizar la corrupción es: in-dis-pen-sa-ble!

El nombramiento de Virgilio Andrade, al frente de la Función Pública, y la decisión tomada por el Ejecutivo para incluir en las declaraciones de los funcionarios la obligación de dar a conocer posibles conflictos de interés, es un paso en la dirección correcta.

La otra es legislar y tipificar el delito, cuando un servidor público incurra en conflicto de interés y haya omitido el informarlo, aun sabiendo la existencia del potencial conflicto. También se penalizará cuando haya sesgado una decisión en el ejercicio de su cargo y desvíe recursos, en su beneficio o de terceros.

La tarea encomendada a Virgilio, extraordinario académico, funcionario, político, y amigo de muchos, no es solo integrar un sistema de licitaciones del gobierno en el que no haya contacto (o éste esté acotado y supervisado) entre compradores y vendedores, sino el lograr reducir el sospechosísmo sobre la conducta del Presidente, su esposa y su secretario de Hacienda en la compra de tres de sus propiedades a empresas del grupo HIGA.

Es difícil que puedan seguir la pista de los señalamientos que apuntan hacia la “apariencia de algo indebido”, o algo que tal vez no ocurrió. En este caso, no sólo tendrá que investigar, sino también resolver sobre “si hubo o no conflicto de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron la compra–venta de inmuebles con la  esposa del Presidente, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con el mismo jefe del Ejecutivo.

Esto implica investigar los contratos de HIGA, cómo le fueron adjudicados, y si fue un proceso competido o se trató de una asignación.

 Además de eso, se le solicita a Virgilio Andrade “reunir a un panel de expertos, con reconocido prestigio en materia de transparencia, para que conozcan y evalúen los resultados de la investigación que habrá de llevar a cabo”.

Creo que en todos los casos, la tarea encomendada es difícil si lo que se quiere es, efectivamente, recuperar confianza, porque también hoy se requiere toda la capacidad de negociación política para construir un andamiaje efectivo contra la falta de transparencia y la corrupción en todos los órdenes públicos y, en especial, en la relación con los sectores privados y sociales (incluyendo ONGs).

El otro problema, si lo analiza, es que la Ley actual, con la que se fortalece la función pública, hace mucho énfasis en la red de proveedores, de procura, y sólo aplica sanciones administrativas e inhabilitaciones. No obstante, lo que llama la atención es que mucho de lo que hoy se conversa en el Legislativo está siendo cabildeado en contra por el sector privado, con la misma ferocidad con la que se combatió la Ley de Transparencia y la Ley de Competencia o de Telecomunicaciones.

Se entiende. Y es que, por primera vez, más que autocódigos, las corporaciones y empresas enfrentarían sanciones directas por participar en actos de corrupción con funcionarios públicos. En ese sentido, a nadie la agrada pensar en que México pudiese homologar las reglas de la Ley Anti Soborno de Gran Bretaña o la Ley Corrupción Internacional de Estados Unidos, que sancionan a sus empresas cuando usan prácticas de corrupción para ampliar mercados o cerrar negocios en el extranjero. El tema está en el horno.

De Fondos a Fondo

La explosión de la pipa de Gas LP en el Hospital Materno Infantil del gobierno del Distrito Federal, en la delegación Cuajimalpa, es una tragedia y pone a los gaseros de LP en la mira de las autoridades y de la opinión pública.

Y no está mal. Es necesario, y con carácter de urgente, que hagan los cambios necesarios para que los accidentes en la distribución del gas LP sean cosa del pasado.

Contrario a lo que pudiera pensarse, se trata de una industria sumamente fragmentada; existen alrededor de 450 empresas distribuidoras de gas LP en nuestro país, lo que contrasta, por ejemplo, con naciones como Brasil, que tiene 20, y Chile que cuenta solamente con tres empresas. En México anote a la Asociación de Distribuidores de Gas LP del Interior de la República (Adigas), que encabeza Víctor Figueroa, con 60; la Asociación de Distribuidores de Gas (ADG), que preside Luis Landeros, con 130; la Cámara Regional del Gas, que preside Cuauhtémoc Cárdenas Blancarte, con 80 y, finalmente, a la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas) de Octavio Pérez, con 180.

El calendario de la Reforma Energética para este sector fue el primero en estrenar los cambios; ya que desde su aprobación, el año pasado, se permite la participación de extranjeros en la distribución, y para el 1 de enero de 2016 se liberarán las importaciones de gas LP, mientras que en 2017 le dirán adiós al precio controlado.

Uno de los gremios más optimistas ante los cambios es el que se agrupa en la Amexgas. Ellos saben que la competencia será total, en especial con el gas natural, y ya trabajan en cambiar la forma de pensar de sus asociados porque, con la Reforma Energética se acabarán los distribuidores de tal o cual combustible, ya que le abrirán la puerta a las estaciones multimodales (de las que ya le conté en alguna ocasión en este espacio). Lo que se observa en el horizonte inmediato es que sobrevivirán quienes entiendan que se trata de ser distribuidores de energía.

En esa línea, una de las modificaciones sustanciales en las que ya trabaja Octavio Pérez, es en dos estrategias para que sus representados no queden relegados por los cambios; uno de ellos es fortalecer sustancialmente la venta de gas LP para vehículos automotores.

El otro punto es aprovechar la política de precios que, a partir del 1 de enero de 2017, pondrá fin al precio controlado por el gobierno, ajustándose a las fuerzas del mercado. Claro que se considerará la actual baja en los precios del petróleo, porque, como bien se sabe, en ese momento ya estará abierta la llave de las importaciones.

Actualmente el gas LP es el principal combustible de uso doméstico, captando 80% del mercado, seguido por el gas natural, que tiene cinco por ciento, mientras que el restante 15% utiliza leña. El cálculo de la Amexgas es crecer cinco por ciento en los próximos años; todo ello tomando en cuenta que se trata de una industria con un valor, aproximado, de ocho mil millones de dólares, y con un volumen de comercialización anual de 8.6 millones de toneladas.

Así que los distribuidores de gas LP saben que una crisis mayor en su reputación, atrasará al sector.