Rumores contra la realidad

En los últimos tiempos existe una devoción por todo aquello que parece una filtración de un traidor que roba información ya sea para el gobierno o para la empresa para la que trabaja.

Se endiosa a la persona como si fuera un paladín de la transparencia o un hombre comprometido con la sociedad cuando, en el menos malo de los casos, se trata de un desleal con sus empleadores que no debería ser tomado en cuenta.

Muy poderosamente llama la atención que cualquier cosa a la que se le ponga el apellido leaks se convierta, casi automáticamente, para algunos medios, en una verdad indiscutible que corre por las redes sociales con las mismas características que una revelación bíblica.

En la más reciente historia está la filtración (violación de un empleado a leyes internacionales como es el secreto bancario) de personas que tienen cuentas en una institución de crédito en Suiza.

Quizá porque hay mucha cultura cinematográfica se cree que las instituciones financieras de aquel país sólo existen para lavar dinero o ocultar el que se obtiene de alguna clase de delitos, muchos determinaron que los cerca de 100 mil implicados en estas “revelaciones” automáticamente eran delincuentes.

Sin embargo, se está muy lejos de la realidad, puesto que podría suponerse lo mismo de cualquier otro listado de cuentas en cualquier banco del mundo.

A favor de la educación financiera es necesario hacer algunas puntualizaciones.

Primero. No es delito tener cuentas en el extranjero.

Segundo. No es una violación a la ley que una institución de crédito, de cualquier país del mundo, reciba depósitos por parte de extranjeros.

Tercero. Un banco no comete ningún delito por recibir recursos de ahorradores extranjeros, quienes siempre y cuando cumplan con los requisitos legales de cada país.

Lo que sí podría implicar un delito es que no se hubieran pagado los impuestos o que no se registraran las ganancias de capital para estas inversiones. No basta una ridícula lista para hacer este tipo de afirmaciones.

El Servicio de Administración Tributaria, encabezado por Aristóteles Núñez, ha tomado el asunto con la seriedad debida en el caso de los más de dos mil 800 mexicanos que aparecieron en la delictiva filtración.

Por principio de cuentas han comenzado a cruzar datos con sus archivos. Si una persona pagó los impuestos y registró las ganancias que hubiera tenido no existe ningún problema, como tampoco lo tendría si pagó la parte correspondiente de los impuestos en el país (Suiza tiene una menor tasa que México) y los acreditó en su declaración anual correspondiente.

En el caso de que se encuentren inconsistencias o errores en las declaraciones se iniciaría una segunda fase, en la cual el SAT iniciaría un proceso para exigir al contribuyente que pague los impuestos. La autoridad tiene la posibilidad de hacer una revisión hasta por diez años antes del hecho.

Después del procedimiento administrativo, la autoridad podría iniciar un proceso legal en contra de quien hubiera utilizado una cuenta en el extranjero (o en México) para eludir el pago de impuestos.

Se trata de procesos que no se hacen al capricho de personas tan morbosas como desinformadas que en su afán de generar escándalo, incluso llegan a las mentiras. Así que el proceso llevará por lo menos un año y para ese momento la subcultura de la conspiración ya estará ocupada en otros temas.

Precisiones

En esta oleada de versiones que hay sobre la actuación del SAT llama la atención la noticia, según la cual las líneas aéreas le tendrían que dar información sobre los pasajeros que entran y salen del país.

Estas medidas comenzaron después del atentado a las Torres Gemelas en 2001 con la creación del Passenger Name Record (Código Localizador de Registros) y está en operación desde 2004.

No se trata de información de carácter fiscal sino de seguridad nacional y es similar a la que las aerolíneas transmiten al Instituto Nacional de Migración a través del sistema Advance Passenger Information System.

Así que ni se trata de una medida para fiscalizar a quienes entran y salen del país ni tampoco es una decisión nueva y quizá se debería poner atención en el llamado que hace la Canaero, presidida por Fernando Flores, quien pide que el SAT y el INM hagan un solo formato, puesto que la información tiene el mismo fin.

Existe una suerte de paranoia en contra de la fiscalización y las medidas del SAT, la cual únicamente debería preocupar a quienes no están cumpliendo en tiempo y forma con sus obligaciones.

A pesar del cambio de actitud del SAT, concentrado en que se paguen impuestos por la vía incluso de dar facilidades a quienes no están al corriente, existe una suerte de temor irracional.

Comparativos

Carlos Ramírez, presidente de la Comisión Nacional del SAR, ha ido formando sobre una cadena de buenas decisiones a favor de quienes tienen acceso a los fondos de pensiones.

La tradición en la Consar, que se mantiene, es presionar a las afores para que disminuyan sus comisiones y aumenten el rendimiento que ofrecen a los trabajadores. Recientemente fue muy clara la presión que realizaron sobre Banorte-XII, Inbursa y Banamex para forzarlos a disminuir las comisiones que cobran.

Para los usuarios han ido construyendo una red de información que les permita tomar mejores decisiones sobre sus inversiones. Primero fue la creación de un indicador que permite comparar directamente la comisión contra el rendimiento, el cual ya es parte de los estados de cuenta que se entregan a los trabajadores.

Ayer lanzaron un índice de calidad en el servicio que tiene como principal objetivo que los trabajadores sepan qué afore ofrece las mejores condiciones en cuanto al servicio que ofrecen.

Sin embargo, este esfuerzo no será completo si los trabajadores no ponen de su parte. De acuerdo con las cifras de la Consar, más de la mitad de los trabajadores que cambiaron de afore lo hicieron a una de menor rendimiento, lo cual se explica por una mezcla entre incultura financiera y la capacidad que tenían los promotores de afores para hacer traspasos.

De hecho, el organismo encabezado por Ramírez ya modificó el esquema de comisiones para privilegiar que los promotores busquen retener a los clientes y limitar el hacer traspasos que resulten en disminución de los ingresos de los trabajadores.