Corrupción impide reformas

El centro de análisis México ¿cómo vamos? sacó una cifra espeluznante sobre la corrupción: En México pudo haber afectado en 84 mil millones de pesos la inversión pública.

En otras palabras, el recorte presupuestal de 124 mil millones de pesos que sufrimos este año podría haber sido mucho menor, de hecho podría haber sido de apenas una tercera parte.

Cae inversión 5% en países corruptos

El hecho: La corrupción afecta la inversión productiva.

México ¿cómo vamos? recuerda que el FMI tiene una metodología en la que la inversión cae 5% en países corruptos.

Según los cálculos del organismo, con la corrupción que se tiene percibida en México, la inversión privada fue dos mil millones de pesos menos (el total de 38 mil millones de pesos de inversión privada pudo haberse incrementado en dos mil millones de pesos).

Por la percepción de corrupción, la Inversión Extranjera Directa también se vio afectada. En lugar de tener 22 mil 500 millones de dólares de inversión, podríamos haber tenido 1.1 mil millones de dólares más.

No hay duda: la corrupción golpea la productividad, el crecimiento y la generación de empleos.

Afectó 84 mil mdp de inversión pública

Es más, según los cálculos de México ¿cómo vamos?, la corrupción afectó 84 mil millones de pesos de inversión pública durante 2014.

Si se hubiera contado con ese monto, el recorte presupuestal recientemente ejercido, apenas tendría que haber sido de una tercera parte.

Recordemos que el recorte presupuestal fue de 124 mil millones de pesos. Pero si hubiéramos contado con esos 84 mil millones de pesos de inversión adicional, la tijera presupuestal hubiera sido menor.

Autonomía y auditoría en tiempo real

Lo importante es tener un sistema nacional anticorrupción que de verdad funcione.

Las propuestas están ahí: Tener un tribunal y una fiscalía autónomos del gobierno.

Contar con una Auditoría Superior de la Federación, dependiente del Congreso, que pueda auditar en tiempo real. Es casi absurdo que la Auditoría tenga que revisar dos años antes el ejercicio del gasto. Apenas acaba de salir lo ejercido en 2013. Se trata de que se impida un mal gasto en el momento que se esté haciendo.

El organismo propone un secretario de la Función Pública no seleccionado por el Ejecutivo, ya que, en el caso de Virgilio Andrade , éste fue propuesto por el presidente Peña y va a ser el encargado de revisar los temas de conflicto de interés.

También se propone reducir la impunidad ante el crimen, lo cual parecería lógico, pero no lo es: si se ejecutan crímenes, pocas veces vemos a las personas que los hicieron pagar por ello.

Y por último, se pide otorgar certeza sobre la tenencia de la tierra. Es sorprendente: casi todos tenemos un conocido que, teniendo un terreno, le han caído paracaidistas profesionales o, simplemente, distintos movimientos sin respetar el Estado de derecho.

Inseguridad: 39% crítica para atraer inversión

El otro gran tema es el de la inseguridad. Otro organismo como es el CIDAC, a cargo de Verónica Baz, determinó con números cómo la inseguridad está afectando la inversión productiva.

Según la encuesta ENVIPE 2014, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, el costo de la inseguridad y el delito en 2013 ya fue del orden del 1.27% del PIB, es decir: 213 mil millones de pesos.

Según el CIDAC, en su encuesta con desarrolladores inmobiliarios y empresas, 39% piensa que la seguridad pública es muy crítica para atraer inversión.

Si nos vamos a los costos, en el norte del país los parques industriales dedican 21% de sus costos operativos a la seguridad.

Resolvamos corrupción e inseguridad para reformas

Como país estamos perdiendo una gran oportunidad para crecer, para ser más productivos, y para atraer más inversión. Todo por la corrupción y la inseguridad.

Somos una economía que, por fin, aprobó reformas estructurales para ser más productivos. Pero las reformas no se darán si continúa campeando la corrupción y la inseguridad. Ahí están las propuestas para crear un verdadero sistema anticorrupción, que no dependa del Ejecutivo, que pueda fiscalizar en tiempo real, que traiga certeza a la tenencia de la tierra. De otra forma las reformas alcanzadas, sobre todo en energía y en telecomunicaciones, no podrán ejercerse a cabalidad.