Marhnos quedaría pronto inhabilitada

De quitársele dos concesiones quedará fuera de licitar por 5 años
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La constructora de la familia Mariscal tiene varias quejas y denuncias en varios estados. Foto: Especial
La constructora de la familia Mariscal tiene varias quejas y denuncias en varios estados. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO.- Grupo Marhnos, de la familia Mariscal, tendrá un marzo muy ocupado y negro, ya que no sólo las autoridades han previsto la posible revocación de concesiones a esta empresas, sino que además, si suma dos recisiones de contratos, tendría que intervenir la Secretaría de la Función Pública para determinar si hay causales para que la compañía quede inhabilitada de participar en nuevos procesos de licitación, explicaron abogados de la industria de la construcción.

Autoridades de Yucatán han previsto rescindir el contrato que Marhnos tiene para la construcción de un hospital, lo cual está en proceso de “negociación”, de la misma forma que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ya tiene en la mesa la revocación respectiva a la concesión del Puente Reynosa–Anzaldúas–Mission.

Raúl Murrieta Cummings, subsecretario de infraestructura de las SCT, confirmó que en marzo se determinará revocar la concesión a la constructora, como medida de rescate ante las multimillonarias pérdidas económicas que ha tenido la empresa en la operación del Puente Reynosa–Anzaldúas–Mission.

Dijo que lo anterior tendría el objetivo de permitir “una transferencia del activo a otro concesionario”. De acuerdo con expertos de la industria, la transacción, que puede tener un valor de alrededor de mil 400 millones de pesos (conforme se evalúo el activo), indicaron que es un hecho que en la negociación se prevé que pudiera ser “por mucho menos” a lo que ofrecerá por el puente.

A lo anterior, hay que sumar que la autoridad deberá intervenir en negociaciones para que se permita el tránsito de camiones de carga por ese cruce fronterizo, lo cual estaba planeado que ocurriría en enero de 2015.

Murrieta precisó que habrá intervención de la SCT en la revocación y en la transferencia de activos, pero que la transacción “deberá ser entre privados”.

De acuerdo con el marco legal, los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta ley, serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción.

La SFP, además de la sanción a que se refiere el artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación regulados por esta ley, en caso de dos fallos  en menos de tres años, de tres a cinco años.

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