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CIUDAD DE MÉXICO.- El sector privado demandó implementar una agenda de siete prioridades económicas para que, aun con el recorte al presupuesto, el país pueda alcanzar un crecimiento superior al 3.0 por ciento este año.
Los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan Pablo Castañón, coincidieron en que, pese a la disminución de 124 mil millones de pesos al presupuesto que este año ejercerá el gobierno federal, el crecimiento económico puede llegar a 3.5% si se ponen en marcha acciones para fortalecer el Estado de Derecho, la seguridad pública y el combate a la corrupción, ya que que estas acciones permitirían mejorar el entorno de negocios, condición necesaria para detonar la inversión y generación de empleos.
A un mes de que la Secretaría de Hacienda anunciara el recorte al presupuesto, las dependencias federales tienen nuevos planes de inversión y gasto.
Los dirigentes empresariales urgieron a comenzar el ejercicio “eficiente y sin retrasos” del mismo, que impactará de manera directa en el desempeño económico de la nación.
“Demandamos evitar los subejercicios y que los recursos federales sean liberados a los estados y municipios, pero siempre cuidando que se ejerzan con eficiencia”, apuntó Juan Pablo Castañón.
El sector privado demandó a las instituciones mexicanas tener la capacidad de hacer cumplir las leyes emanadas del Congreso de la Unión, para que de esta manera el país alcance tasas de crecimiento sostenidas.
“Es cierto que ahora tenemos nuevas leyes, pero también se debe trabajar en su aplicación y cumplimiento. De lo contrario, el país seguirá imposibilitado para fortalecer su desarrollo y seguir dependiendo de lo que pase en la economía mundial”, refirió Gerardo Gutiérrez Candiani.
Los empresarios consideraron urgente que las autoridades civiles, sus corporaciones policiacas y el aparato judicial se fortalezcan, para cuidar a la población, así como procesar y castigar a los delincuentes.
Acotó que para lograrlo es necesario profesionalizar a las policías e instancias de procuración e impartición de justicia sobre todo a nivel municipal. “La acción a nivel municipal, el eslabón más débil del Estado mexicano. Todo avance será lento o precario en tanto no se resuelva esta asignación”, consideró el titular del CCE.
La institucionalidad es la herramienta más eficaz para combatir la ilegalidad, aseguró Juan Pablo Castañón, por lo que, dijo, es indispensable garantizar el cumplimiento de las leyes.
El representante del sector patronal consideró que no debe negociarse la aplicación de las leyes con ningún grupo, debido a que la certidumbre jurídica es una de las condiciones necesarias para atraer inversiones.
5 Combatir la corrupción y la impunidad
El sector privado demandó a los legisladores aprobar un Sistema Nacional Anticorrupción efectivo, antes de que concluya el último periodo de sesiones de la 62 Legislatura del Congreso de la Unión, el cual se extiende hasta el próximo 30 de abril.
Los líderes advirtieron que sin un combate eficaz a la corrupción se pondrán en riesgo las reformas. “Hacemos un llamado a que no se afecte lo hasta ahora logrado, por no atender oportuna y adecuadamente esta asignatura.”
En gobierno debe crear una estrategia nacional de transparencia, rendición de cuentas y seguimiento al gasto público.
Juan Pablo Castañón, presidente de la Coparmex, indicó que esta estrategia debe atender no únicamente su cumplimiento en tiempo y forma —en el ámbito cuantitativo—, sino también una reingeniería de los programas de gobierno municipales, estatales y federales para la austeridad, así como un seguimiento al Presupuesto de Egresos, orientándolo hacia la inversión productiva.
Otra prioridad económica recae en los ajustes que pueden y deben hacerse en materia fiscal.
La IP señaló que requiere pensar en una reforma hacendaria más profunda, la cual se podrá realizarse más adelante. Por lo pronto solicitaron hacer modificaciones e implementar medidas de coyuntura que, sin perjuicio para las finanzas públicas y sobre todo para la estabilidad macroeconómica, ayuden a ampliar la capacidad de ahorro, inversión y consumo de personas y empresas.
