La CFE sí estaba obligada a contratar Testigo Social en mega adjudicación de contrato

Ayer se publicó en la sección Yo Lector de nuestro periódico una aclaración de la CFE.

La empresa que dirige Enrique Ochoa refuta los argumentos expuestos aquí el martes, a propósito de la adjudicación directa de contratos por más de cuatro mil millones de pesos para renta de vehículos.

Contestamos la carta que firma el vocero Miguel Ángel Carrera. La adjudicación SA-018TOQ003-N195-2014 para el arrendamiento de automóviles y camionetas no está apegada a la normatividad, ya que incurre en las siguientes faltas:

1.- La adjudicación superó la cantidad establecida en el artículo 26 Ter de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), el cual es obligatorio y no discrecional; por lo que la CFE, pese a lo que diga, sí tenía que haber contratado un testigo social.

2.- La CFE respondió a preguntas de los posibles proveedores, cuando no existe la posibilidad de que se realicen juntas de aclaraciones ni formulación de preguntas en las adjudicaciones directas bajo el Contrato Marco, firmado en 2013 ante la Función Pública.

3.- La CFE solicitó a las empresas concursantes llenar formatos adicionales que no están contemplados como anexos de dicho Contrato Marco, al cual se allanaron otras dependencias públicas y cuyo garante ahora es Virgilio Andrade.

4.- El acta de resultado de la adjudicación no señala fundamento legal ni describe el tipo de vehículos que cada participante ofertó. Además, en la descripción de los precios ofertados únicamente publicó los precios globales, no precios diarios o mensuales como indica el Contrato Marco.

5.- Los servidores públicos de la CFE firmantes de la adjudicación no se identificaron ni señalaron con fundamento en qué normatividad se encuentran contenidas sus facultades, en conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 14 y 16) y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (artículos 3, 5 y 6); por lo que estas faltas podrían conllevar a la nulidad o anulabilidad de los dictámenes y adjudicación.

6.- El archivo publicado en CompraNet no indica en qué documento consta el análisis Costo Beneficio que determinó que las empresas Integra Arrenda, Arrendomóvil de México, Ferbel Norte y Casanova Vallejo se hicieran acreedoras al contrato de cuatro mil 424 millones de pesos.

7.- En el mismo documento de CompraNet se señala que es la Dirección General de la CFE la que “requiere” la totalidad de los vehículos. Sin embargo, esta dirección tiene facultades ejecutivas y no operativas. Lo anterior cobra relevancia, toda vez que 85% de los vehículos es de carácter operativo y no ejecutivo.

8.-Para poder adquirir los vehículos a través de esta adjudicación, la CFE tuvo que haber buscado contratos idénticos o similares al interior de la dependencia o buscar en CompraNet procedimientos al amparo del Contrato Marco que otras dependencias o entidades de la Administración Pública Federal le dieran soporte a los costos a que debían arrendar los vehículos, para fijar el techo presupuestario y cumplir con el requisito del artículo 25 de la LAASSP.

9.-Finalmente, en relación con lo que comenta la CFE en la carta, el contrato del 24 de febrero de 2014 sí es comparable, ya que ambos convenios se encuentran al amparo del Contrato Marco, el cual define los tipos de vehículos. En ambos contratos, otorgados en 2014, se ofertaron vehículos de la misma marca, modelo, año, versión y color.

La vigencia del contrato de febrero no es relevante, toda vez que por un esquema económico, la amortización y depreciación de un vehículo debería aplicarse durante ese año. Además, por economías de escala, a mayor número de vehículos requeridos, menor costo unitario diario; sin embrago el costo unitario del contrato de septiembre es mayor al precio unitario del contrato de febrero.

Es más: para el mes de septiembre, las unidades 2014 se pueden adquirir a menor costo que en el mes de febrero, ya que se encuentran en la línea de producción los modelos 2015.

IMSS se aplica

En otra cara de la misma moneda, ayer el IMSS hizo la adjudicación de su propio contrato de arrendamiento de vehículos, también bajo el mismo Contrato Marco firmado en 2013 ante la Función Pública.

Fue para adquirir una primera partida de 300 ambulancias, de un total de mil 500 que se irán incorporando en los próximos cuatro años. La dependencia dirigida por José Antonio González Anaya va a pagar 500 millones de pesos por este primer parque. Fueron modelos RAM Promaster 2500 de Fiat Chrysler, que dirige Bruno Cattori.

El IMSS incorporó como testigo social a Jaime Enrique Espinosa de los Monteros, quien acompañó todas las etapas del proceso. El ganador fue Jet Van Car Rental, que encabeza Cuauhtémoc Velázquez, con un precio de adjudicación de 29 mil 980 pesos más IVA. Participaron ocho de los 16 proveedores de vehículos terrestres inscritos en el Contrato Marco.

En este caso Arrendo Móvil, CA Soluciones Financieras, Integra Arrenda, Lumo Financiera del Centro, Muebles y Mudanzas, Sictel Arrendamiento y Casanova Vallejo, la de Joaquín y Carlos Echenique Casanova, que ha sido beneficiada por 17 dependencias en un solo año, incluida la CFE.

Esta es la primera vez que el IMSS opta por este esquema. Estima ahorros de cuando menos 7%, sobre todo en costo de mantenimiento que incluye mermas derivadas de robos de autopartes y demás quebrantos cuando se envían a talleres.

Van tras LAB

El tobogán en el que se encuentra Genomma Lab (LAB), con una pérdida de capitalización superior a los diez mil millones de pesos en lo que va de la semana, está abriendo la caja de Pandora sobre el manejo de esta firma presidida por Rodrigo Herrera.

Y es que más allá de la caída en el consumo y virtual quiebra de Casa Saba, su principal vehículo de distribución, hay un decidido castigo de parte de sus inversionistas que han manifestado una pérdida de confianza por la opacidad con que se está manejando el negocio.

En la conferencia con analistas e inversionistas para comentar los resultados financieros, se dieron explicaciones que no convencieron y además no se aceptaron preguntas. Entre los fondos inversores ya circula la versión de que la información financiera no es fidedigna y que se inflaron las ventas sobre inventariado a los distribuidores, pero sin cobrar los artículos dados a consignación.

Se critica a Herrera Aspra de haber descuidado a la empresa tras irse a residir a España, imbuido más en el glamour y alejado de la operación cotidiana. No se descartan acciones legales contra los accionistas y el cuerpo directivo. La gran pregunta es, ¿dónde estuvo todo este tiempo su auditor externo, Deloitte, que capitanea Francisco Pérez Cisneros?

Manuel Borja

¿Se acuerda de Manuel Borja? Tras ser exonerado de los fraudes que llevaron a la desaparición de Mexicana de Aviación, el que fuera director de esa mal lograda compañía reapareció en el mundo de los negocios.

Se asoció con Raúl Peláez, exdirector de Gruma, en un fondo denominado KuaMex Foods, dedicado a la compra de marcas y empresas del sector alimentos, como L’Atelier, Nopalia y Salsas Lucero, entre otras.

Paradojas de la vida: a Peláez y Borja los une un mismo hilo conductor: el desaparecido Roberto González Barrera. Al primero como su empleador y al segundo como instrumento de Gastón Azcárraga en el desfalco por más de mil 500 millones de pesos a Banorte, hoy a cargo de su nieto Carlos Hank González.